Las políticas de cooptación. Uno de los mecanismos de las transnacionales para eliminar las resistencias

Las resistencias populares han obligado a las transnacionales a implementar distintas estrategias para eliminar esos “obstáculos que restan ganancias”, entre las que podemos mencionar: la judicialización y criminalización de la protesta social; los dispositivos de represión, militarización y control social; y las políticas de cooptación desplegadas desde distintos puntos de vista pero con los mismos fines.

Las empresas transnacionales que lideran el modelo extractivo y productivo en América Latina se han encontrado con varios tipos de obstáculos para imponer la recolonización en el continente. Uno de las principales piedras en el camino de avance de esta “segunda conquista” es la movilización popular que se viene desarrollando en distintas regiones de nuestro país y de muchos otros del continente. Protagonizada por asambleas de vecinos autoconvocados, organizaciones socioambientales, trabajadores petroleros, movimientos de trabajadores desocupados, comunidades campesinas, comunidades de pueblos originarios, colectivos de educación popular y comunicación popular y otros movimientos sociales, esta movilización popular ha ido creciendo construyendo en la práctica concreta y a través de su tenaz resistencia, las consignas que la identifican: Sí a la vida, No al saqueo y la contaminación, Por la autodeterminación de los pueblos, entre muchas otras, nacidas de la negación a aceptar la entrega y destrucción de los bienes naturales por parte de los grandes capitales, con el sello de garantía de los distintos niveles del poder político nativo.

Estas resistencias populares han obligado a las transnacionales a implementar distintas estrategias para eliminar esos “obstáculos que restan ganancias”, entre las que podemos mencionar: la judicialización y criminalización de la protesta social; los dispositivos de represión, militarización y control social; y las políticas de cooptación desplegadas desde distintos puntos de vista pero con los mismos fines.

Estas políticas de cooptación son pensadas y aplicadas con múltiples objetivos: presionar a los estados para que gobiernen según los intereses transnacionales; comprar voluntades de l@s luchador@s sociales y de esta manera debilitar las rebeldías; ganar consenso en la opinión pública respecto a los beneficios que trae su “presencia activa” en los territorios concretos y respecto a sus aportes al “desarrollo” de nuestros países. Teniendo en cuenta este último objetivo, se despliegan otras subestrategias como estigmatizar a l@s luchadores sociales con el argumento de que se oponen al “progreso” y que actúan fuera de la ley “turbando la tenencia” de los territorios que sostienen como propios, impidiendo así el “normal” desarrollo de sus actividades; y tratar de demostrar, mediante campañas publicitarias y el despliegue de toda la artillería necesaria desde los medios de comunicación cómplices, que cumplen con la Responsabilidad Social Empresaria que implica su compromiso en el cuidado de la vida de los seres humanos y del medioambiente.

Como ocurre con todas las estrategias puestas en juego para acallar las rebeldías, los mecanismos de cooptación de los intereses capitalistas, que cuentan con el apoyo de los estados, necesitan de colaboradores que son los tienen en sus manos la “tercerización” de actividades de promoción social impulsadas por las empresas. Estas colaboraciones están en manos de ong´s, fundaciones y consultoras que tienen el objetivo de “lavar” la imagen de las empresas frente al cuestionamiento cada vez mayor de sus formas de operar en nuestros países.

Entre las políticas de cooptación, mencionamos los mecanismos implementados por las empresas para influir en las políticas públicas de los países periféricos, convirtiendo a los estados en ejecutores de los intereses transnacionales, en detrimento de los derechos y el bienestar de la sociedad en general. Ese ejercicio del poder de las transnacionales sobre los estados, por un lado, convierte a los estados periféricos en garantes de la puesta en práctica de ese poder; y por el otro, genera impactos negativos sobre las sociedades del sur, que permiten explicar la movilización popular que surge como respuesta. En este sentido, David Llistar ha definido la acción contraria de las prácticas empresariales a la autodeterminación de las comunidades y sus formas de vida como “anticooperación”. Con este término se refiere a “como toda aquella actuación realizada en y desde el Norte (incluidas políticas públicas o privadas, aquellas que se desprendan de actitudes sociales, etc.) cuyos efectos sean directa o indirectamente perniciosos para el Sur”[i]. Los principales ámbitos en los cuales se observan los efectos negativos de las formas de operar de las transnacionales son el ejercicio de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos en relación a la gestión de los recursos propios; el derecho de las poblaciones a que no se ejerza la violencia sobre ellas para presionarlas según los intereses transnacionales; y los impactos destructivos que esas formas de operar traen a las culturas locales, al trabajo y la salud de las comunidades, a los sistemas comunitarios de relación con la tierra y al territorio en su conjunto, como espacio geográfico que posee bienes naturales pero también como lugar de construcción del sentido de la vida de las poblaciones.

Entre los mecanismos puestos en práctica para persuadir y presionar a los estados para que actúen en defensa de las inversiones extranjeras, Llistar menciona: la amenaza de que la empresa se deslocalice a otro país si no se gobierna según sus intereses; la conformación de lobbies que operan a favor de las empresas para ganar contratos públicos o influir en las leyes de los países; la política de las “puertas giratorias” a través de la cual personas influyentes que sirven a los intereses de las empresas rotan en distintos cargos de la esfera pública y del ámbito privado para favorecerlas; la corrupción generada a través de sobornos o comisiones ilegales a funcionarios públicos, de la cual suele conocerse sólo una cara, la del “funcionario corrupto” y no la de la “empresa corruptora”; y el financiamiento de gobiernos, partidos y campañas electorales que retribuirán estos favores beneficiando a las empresas con licitaciones, leyes y/o contratos públicos[ii].

En esta oportunidad abordaremos las políticas de cooptación de empresas petroleras que han elegido el oro negro de nuestro país como uno de los “recursos” para incrementar sus fabulosas ganancias, centrándonos en la Patagonia y el Norte argentino, regiones donde se desarrolla la explotación petrolera a gran escala y un fuerte protagonismo de empresas transnacionales que lideran el modelo extractivo y productivo.

En estas regiones operan, desde hace décadas, varias de las empresas petroleras más importantes del mundo, entre las que podemos mencionar Repsol-YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Apache Corporation, Chevron, entre otras.

Para observar cuáles son algunas de las políticas de cooptación puestas en práctica por estas corporaciones tomaremos en primer lugar las formas de operar en este sentido de la empresa Repsol-YPF, presente en las dos regiones que nos interesa abordar.

La compañía española llegó a la Argentina respondiendo al llamado a la privatización de las empresas de servicios estatales por parte del gobierno nacional. Además de sus negocios petroleros, la empresa se preocupó desde un inicio por responder a la Responsabilidad Social Corporativa o Empresaria (RSC o RSE), a la cual un Foro de Expertos en esa temática definió como “La responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones”[iii].

En este sentido, la corporación española se ha preocupado por lanzar programas sociales que intentan demostrar, según su propia página de Internet, “un plan de compromiso con la comunidad”, en el cual “se integran elementos como: la gestión de los riesgos sociales, la articulación de un marco común y de elementos comunes de gestión de nuestras relaciones comunitarias y se orientan nuestras actividades en este ámbito para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”[iv].

La propia empresa aclara que en nuestro país, para llevar a cabos estos programas,  realiza alianzas estratégicas con ong´s o instituciones que permiten a la compañía establecer objetivos, planificar acciones y comprobar el resultado obtenido, además de generar donaciones en caso de catástrofes naturales o sociales que merezcan una atención especial, aunque estén fuera de las actividades planificadas de la empresa. Es decir, que las prácticas de RSC no siempre son realizadas por la propia empresa sino que son tercerizadas hacia organizaciones no gubernamentales que son quienes las ejecutan.

Las áreas que abarcan estos programas sociales son múltiples e incluyen “la educación, la salud, el medio ambiente, la integración social, la cultura, la formación profesional, el empleo, la discapacidad y las relaciones con las comunidades indígenas de los países en los que desarrolla su actividad empresarial”[v]. Los aliados de estos programas y sus objetivos también están claramente explicitados: “La compañía colabora activamente con las autoridades y las comunidades locales para mejorar y realizar actividades muy diversas en beneficio de los colectivos más cercanos. Los mismos empleados son parte activa de este empeño, mediante su aporte, tanto personal como económico[vi].

En el ámbito educativo, la corporación española ha implementado el Programa Jóvenes Negociadores, organizado junto con el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut y la Fundación Poder Ciudadano, durante los años 2007-2008, y aplicado en cuarenta escuelas de Comodoro Rivadavia. Tomado de una propuesta de la Universidad de Harvard, el programa es un curso de negociación que busca prevenir la violencia y  apunta a la resolución pacífica de conflictos escolares.

En la región patagónica Repsol implementa un programa denominado Desarrollo de Comunidades Rurales Patagónicas, en alianza con la Fundación Cruzada Patagónica (FCP) de la provincia de Neuquén. A través de este programa se otorgan becas de estudios a alumnos del Centro de Educación Integral San Ignacio y se llevan a cabo planes de desarrollo de las comunidades rurales de la zona. Es interesante destacar que la FCP llegó a la provincia de Neuquén al cumplirse 100 años del inicio de la llamada “Conquista del Desierto”, es decir en 1979, desarrollando una intensa labor de promoción social, entre las cuales se encuentra el trabajo “de fortalecimiento interno” de comunidades mapuche, que se fue extendiendo desde Neuquén hacia el oeste de Río Negro y el noroeste chubutense. Esta “intensa labor” es posible gracias a la contribución de grandes empresas petroleras que operan en la zona: Chevron Argentina, YPF, TGS, Capsa Capex, Pan American Energy (PAE), ESSO Petrolera Argentina y Total[vii], para la cuales el objetivo central de este “maquillaje de contribución social” es frenar los obstáculos que representan las comunidades para el desenvolvimiento de la explotación del petróleo patagónico que llevan adelante.

También en educación, Repsol-YPF desarrolla la Campaña Digamos Presente, junto con el Grupo Clarín y otras empresas, que se propone abordar el problema de la deserción escolar a través de la entrega de becas de estudio y el desarrollo de microemprendimientos; la Escuela y los Medios, un certamen para estudiantes secundarios sobre “Historias de adolescentes” que busca impulsar la producción, expresión y las competencias comunicacionales de los estudiantes; Maestrías en comunicación, junto con los diarios Clarín, La Nación y las Universidades San Andrés y Torcuato Di Tella; y el Convenio con el INET (Instituto Nacional de Educación Técnica), a través del cual la empresa financia la adquisición de equipos y el dictado de cursos de capacitación a escuelas técnicas de todo el país.

En el ámbito del desarrollo comunitario, Repsol-YPF, junto con Cáritas Argentina, implementa la donación de combustible para los camiones que trasladan donaciones a las zonas de emergencia del país y para las lanchas que recorren las zonas carenciadas del Delta. También trabaja con la Red Solidaria en los programas “Granja para todos” –desarrollo de granjas de cría de aves de corral- y “Nutrir” –capacitación para madres sobre salud materna, prevención de enfermedades, alimentación infantil y seguimiento pediátrico de bebés y niños-, y contribuye al sostenimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario que trabaja en la concientización y difusión de la supuesta lucha contra el hambre y la pobreza. A su vez, distribuye alimentos a comedores de La Plata, Berisso y Ensenada, con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina, -colaborando también con los dos últimos municipios en el mantenimiento de espacios públicos- y dona leche y productos frescos para el comedor del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Villa Soldati.

En cuanto a integración social, la empresa ha creado la Colonia Valdocco, ubicada a pocos kilómetros de Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz, en la que conviven niños y adolescentes en situación de riesgo que han pasado situaciones de abandono, maltrato, abuso, desnutrición, etc., con el fin de “proporcionándoles una formación en valores éticos, sociales y cristianos, una capacitación para su desenvolvimiento laboral en la vida cotidiana, y un apoyo con todos los medios posibles para mejorar el desarrollo de la actividad educacional en los tres niveles”[viii]. También desarrolla varios propuestas relacionados con la inserción de personas con discapacidades, con el mismo objetivo de lograr la integración social.

Respecto al medio ambiente, la empresa se propone proyectos que supuestamente defienden el medio natural, como una forma de paliar la destrucción y contaminación que provocan sus actividades extractivas. Entre ellos merece mencionarse el Proyecto Forestal en Neuquén, cuyo objetivo, según la empresa, es “contribuir a la acumulación de superficie suficiente para la constitución de un polo forestal neuquino con escala sustentable, movilizando las economías regionales y la transformación industrial de la provincia. Como un proyecto concebido desde la visión de la responsabilidad social empresaria, el programa forestal se asienta sobre el gran pilar de la sostenibilidad social, económica y ambiental, produciendo una innovadora sinergia con el cuerpo social, y trascendiendo así las convencionales características de un simple proyecto forestal”. Este proyecto se desarrolla a partir de un convenio firmado con el gobierno neuquino y los beneficios que ha traído, siempre según la empresa, son: disminución de los procesos erosivos del suelo, fijación de carbono, generación de empleo sustentable y contribución a la recuperación de especies nativas y pastizales degradados. Lo que la empresa no dice es cuáles son las especies que se están forestando y cuáles son las consecuencias que traen al medio ambiente y a las comunidades que habitan en esa región. En la zona de la cordillera neuquina, territorio ancestral mapuche, la forestación se realiza con pinos ponderosa y oregón, especies exóticas, que han traído consecuencias tales como la eliminación de plantaciones de araucaria o pehuen (árbol que tiene un lugar destacada para la cultura ancestral mapuche), la pérdida de fertilidad de los suelos y la disminución del caudal de nacientes de agua (debido al alto consumo de estas especies) que tradicionalmente permitieron el desarrollo de la ganadería y de la vida humana de las poblaciones y comunidades mapuche.

La empresa también inauguró en  el año 2007 el Centro de Rescate en la Reserva Ecológica de la refinería de Luján de Cuyo, luego de firmar un acuerdo con la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la provincia de Mendoza. El objetivo es el rescate, la rehabilitación y la conservación de aves silvestres víctimas de la caza furtiva. Nadie niega la importancia de salvar la vida las aves; lo que nos preguntamos es porqué no es importante salvar la vida de las poblaciones y los territorios que están siendo contaminados por la explotación petrolera desarrollada por las multinacionales del sector. La misma pregunta nos hacemos en relación a otros proyectos de defensa de la vida de especies animales que desarrolla la empresa tales como la foto-identificación y divulgación de la ballena franca austral, el censo de elefantes marinos –ambos desarrollados por la Fundación Ecocentro con apoyo de Repsol-YPF- y la colaboración con la administración de Parques Nacionales a través de la entrega de combustible para los medios de transporte que se utilizan en los parques y áreas protegidas.

También la cultura es un ámbito donde Repsol-YPF tiene una presencia activa, a través programas como Escuelas a Museos, la Semana del Arte en Buenos Aires y el Programa Argentina Pinta Bien, todos con el propósito de mostrar que la empresa se preocupa por la difusión del arte argentino.

La corporación española ha creado en 1996 la Fundación YPF para que contribuya a su filantropía empresaria. Sus objetivos son, según su página de internet “promover, participar, estimular e intervenir en iniciativas de carácter educacional, cultural, y en especial, la promoción de la investigación científica y la preparación profesional y técnica de las jóvenes generaciones” . Los proyectos implementados por la fundación son la Red de Radios Escolares, emprendimientos para personas con capacidades especiales, programa de becas de grado para estudiantes de escasos recursos de universidades nacionales que participan del programa como la Universidad el Comahue y becas de posgrado, de doctorado y postdoctorado para graduados que aspiren a incorporarse a empresas del sector energético, a desarrollarse en institutos extranjeros o en universidades nacionales.

A estas actividades encuadras en la RSE, se agrega la donación de vehículos a instituciones relacionadas con la cultura, a fundaciones y organismos del estado, tales como la Fundación Conservación Patagónica y el Corfone (Corporación Forestal de Neuquén) y la organización de jornadas sobre educación, producción y trabajo, sobre responsabilidad social empresaria y sobre calidad en mantenimiento e inspección para empresas.

En la región del Golfo de San Jorge, en la Patagonia, también la petrolera estadounidense Pan American Energy, junto con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ofrece becas para el Curso de Ingreso Anual y una carrera de grado de alguna de las siguientes ramas de la ingeniería: electrónica, industrial, en informática, química,  mecánica y en petróleo.

Más allá de los programas de RSC, a través de los cuales las petroleras pretenden demostrar los “beneficios” que traen a la comunidad, la realidad de las comunidades que conviven con ellas es muy distinta. Martín Maliqueo, integrante de la comunidad Lonko Purán de la provincia de Neuquén y werken (vocero) de la Confederación Mapuche de Neuquén, describe así las condiciones de vida de las comunidades mapuche de la zona: “Vivimos una realidad donde la gente se calefacciona con leña, se alumbra con lámparas a kerosén teniendo pozos a 150 mts. de las casas, donde se está quemando el gas. Tenemos tendidos eléctricos que pasan a 200 o 300 mt. de las casas y la gente no tiene luz; no tiene los servicios básicos para la vida, por ejemplo no hay agua en la comunidad. Esto último fue producto de las exploraciones sísmicas que las compañías petroleras hicieron antes de comenzar a operar en el yacimiento, esto hizo que se secaran las napas de agua, se secaran vertientes, se dividieran napas de agua y otras se contaminaran con otros tipos de agua. Entonces hoy no tenemos los elementos básicos para vivir, para desarrollarnos, la gente no puede tener una huerta en su casa porque no tiene agua. Esto ha cambiado de gran manera la forma de vida y desarrollo de la gente de nuestra comunidad, lamentablemente tenemos esta realidad”.

El lonko también hace referencia a la alianza entre las petroleras y el estado provincial: “Lo que podemos ver en Neuquén es que las empresas petroleras son inventoras de las políticas que está desarrollando el gobierno provincial de Neuquén. Sabemos que el gobierno ha sido garante de todas las concesiones a las empresas petroleras; ha sido garante de someter a nuestro pueblo a una explotación masiva; de reprimir los levantamientos, las organizaciones, las comunidades; de desplazarnos y quitarnos nuestros territorios; de concesionarles, por un lado, yacimientos petroleros; de concesionarles, por otro, miles de hectáreas para forestación a las mismas empresas petroleras. Al servirles de garante, las empresas petroleras no van a pagar servidumbre, no van a pagar mediación por 10 años. Esto fue en el 2002 y hasta el 2012 las empresas no van a pagar servidumbre dentro de la provincia, porque ésta es la garantía que el gobierno provincial les dio para que puedan operar dentro de la provincia”.

La persecución e intento de soborno a las autoridades de las comunidades es una de las estrategias que ponen en juego las petroleras para acallar las protestas que reflejan las resistencias ante las formas de operar sobre sus territorios: “En los últimos meses ha habido una campaña del gobierno provincial y de las empresas petroleras en contra de mi persona, ya que me tienen identificado como una de las personas más conflictivas, más confrontadora. Hoy soy una de las personas más identificadas, más opositoras, que confronta con el gobierno y con las petroleras, porque más de una vez cayeron a verme, a querer sobornarme, diciéndome: “Martín ¿por qué no pensás en vos?, olvidate de la gente y pensá en tu familia, te reservamos un buen puesto de trabajo en la compañía”, etc. Tener 26 años, ser Mapuche y sostener una política en contra de las petroleras no es fácil, me he capacitado, me he formado en lo que a medio ambiente se refiere. Creo que son armas que uno fue tomando para poder discutir con las empresas y con el gobierno. Ellos saben que tienen dos opciones: denunciarte o aguantarte; por otro lado, sobornarte y ponerte del lado de ellos; pero nada de eso han conseguido conmigo. Desde el año 2004 vengo sosteniendo una lucha, una presión muy fuerte hacia mi persona, he tenido persecuciones, he tenido amenazas. Las causas judiciales son parte del proceso, hay cosas peores que me toca bancar”.

Y los intentos de cooptación se ejercen sobre todas las comunidades: “Esta campaña la han hecho contra mis hermanos, contra mi propia gente que, quizás, no miden las consecuencias, ante la necesidad se dejan comprar por dos chapas; por bolsas de alimentos; por un viaje de agua, que es algo vital que nosotros necesitamos para vivir. La gente, a cambio de esto, se presta para tirar abajo un proceso y esto es lo más jodido, lo peor, porque es nuestra gente”. Los intentos por desprestigiar a las comunidades es otra de las estrategias: “la empresa se esmera en poder hacernos pedazos, en desequilibrar nuestra lucha, en crear desconfianza, confusión en la gente de la sociedad que ni siquiera es parte de la comunidad, por ejemplo ven que se construyó el salón comunitario o el criadero de Choike y la empresa dice: “eso lo pagó la empresa por eso se construyó”, cuando en realidad son recursos que conseguimos a través de organizaciones hermanas que nos vienen apoyando para fortalecer la lucha de la comunidad”.

Teniendo en cuenta estas estrategias, podemos concluir que así como es necesaria la “colaboración” de las fuerzas de seguridad del estado y de la justicia para llevar a cabo la judicialización, criminalización y represión a los movimientos sociales de resistencia, también lo es contar con organizaciones que construyan “el lado bueno” de las corporaciones transnacionales, con el propósito de frenar el cuestionamiento social a su accionar y su visualización como responsables del aniquilamiento de nuestros territorios y nuestras vidas.

Agosto, Patricia; Korol, Claudia y Longo, Roxana
Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos – CIFMSL
centrodeinvestigacionformacionms@yahoo.com.ar

Notas:

1- David Llistar (2008): CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS HABITUALES DE LAS TRANSNACIONALES EN LA PERIFERIA. En: Revista Viento Sur, Nº 97/Mayo.
2- Idem
3- Foro de Expertos en RSE. I, II y III sesión de trabajo del Foro de Expertos en RSE. Definición y ámbito de la RSE. Dirección General de Economía Social, Trabajo Autónomo y Fondo Social Europeo. Madrid, Julio de 2005. Citado en: Marc Gavaldá y Jesús Carrión (2007): REPSOL-YPF, UN DISCURSO SOCIALMENTE IRRESPONSABLE. Un estudio sobre la Responsabilidad Social Corporativa de la multinacional española.  Ágora Nord Sud- ODG.
4- Ver aquí
5- Idem
6- Idem
7- Marc Gavaldá y Hernán Scandizzo (2008): RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA, VÍA BLANDA AL CONSENSO. Dos casos maquillaje petrolero en Patagonia. Versión actualizada y ampliada del artículo publicado en el cuadernillo “Patagonia Petrolera, el desierto permanente”.
8- Ver aquí
9- Ver aquí
10- Entrevista a Martín Maliqueo realizada por Martín Vidal (2006). En: Patricia Agosto (recopiladora) (2008): PATAGONIA. RESISTENCIAS POPULARES A LA RECOLONIZACIÓN DEL CONTINENTE. Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos. Editorial América Libre, Rosario.