Sentencia del Juicio ético y popular a las transnacionales en Patagonia

Durante el desarrollo de este juicio ético y popular contra las transnacionales, regional Patagonia, este tribunal ha oído en esta audiencia pública a las fiscalías populares y a los casos testigos constituidos por miembros de organizaciones sociales, integrantes de pueblos originarios y poblaciones afectadas, todos ellos víctimas de la presencia y las formas de operar de las corporaciones transnacionales en nuestros territorios. A su vez, ha analizado las denuncias y los testimonios y ha constatado que la explotación económica de los bienes comunes naturales y de los territorios por parte de las empresas transnacionales provoca, en las comunidades en cuyo entorno se desarrollan sus actividades, perjuicios directos como la privación del acceso a los recursos básicos, la destrucción de los territorios y las limitaciones a sus derechos humanos, incluido el derecho a la vida.

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En esta audiencia, en la que han sido enjuiciadas las empresas transnacionales Río Tinto – Vale S.A. y PRC.SA (Potasio Río Colorado.SA), Pan American Silver, Repsol y Pan American Energy, este tribunal ha podido constatar los siguientes impactos provocados por las formas de operar de las empresas transnacionales o las proyecciones de esas consecuencias en los casos en que se trata de proyectos:

-Este modelo neoextractivista genera, por un lado, el saqueo de los bienes comunes, la destrucción de los territorios donde operan las empresas y serios impactos negativos en el medio ambiente, incidiendo en la profundización del cambio climático y generando desertificación, deforestación, escasez y degradación de aguas superficiales y subterráneas, contaminación, extinción de especies, desmontes y pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Por otro lado, provoca fuertes impactos sociales a partir de desplazar comunidades, criminalizarlas, mercantilizar territorios, alterar formas de vida tradicionales y desconocer costumbres e identidades. En su afán de obtener nuestros bienes comunes, destruye parte de nuestra historia, divide comunidades, corrompe funcionarios y requiere y logra que los organismos estatales se conviertan en defensores de megaempresas y del modelo en su conjunto.

A su vez, sólo pueden desarrollar sus actividades extractivas a partir de la utilización de imponentes volúmenes de energía y agua que son los insumos imprescindibles de las actividades minera y petrolera para efectuar dicho saqueo. Alimentan esta destrucción territorial los laxos controles estatales, el contubernio con los gobiernos y las malas prácticas de las empresas. En la explotación petrolera podemos mencionar: derrames de hidrocarburos, aguas de formación y de producción,  además de otras substancias tóxicas que han contaminado aguas superficiales y subterráneas e importantes cuencas como las de los río Colorado y Neuquén, todo ello por falta de mantenimiento en las instalaciones, violación de normas de seguridad y/o incorrecta disposición de desechos de producción. Además no se ha eliminado la práctica del venteo de gases.

En el caso de la Empresa PAS hay importantes antecedentes de contaminación en países de países de América Latina en los cuales opera, como es el caso de Quiruvilca, mina de zinc, plomo y cobre, ubicada en el norte de Perú. Allí, el río Moche se destaca por su color amarillo-naranja como consecuencia de la contaminación generada por los relaves mineros producidos por la mina propiedad de PAS. En la mina Morococha ubicada dentro del poblado homónimo en el centro de Perú, la tierra altamente contaminada se ha diseminado por todo el valle y por el propio pueblo. Los depósitos de desechos tóxicos y las colas de minería yacen expuestas al aire libre con total impunidad. En Morococha no tienen agua corriente, sistema de cloacas, inodoro ni ducha.  Las enfermedades respiratorias, gastrointestinales, la desnutrición y la pobreza son moneda corriente. En más de una ocasión, se ha demostrado que muchos chicos tienen altos niveles de plomo en sangre y constantes sangrados de nariz. Allí se puede confirmar claramente que la falacia del supuesto desarrollo que prometen a las poblaciones empobrecidas de la meseta de Chubut nunca se cumplirá.

Con respecto a las acusaciones que se presentaron contra la empresa Vale, una de las más importantes a nivel mundial de origen brasileño, responsable del emprendimiento Proyecto Potasio Río Colorado, que se definió como integral, interjurisdiccional y monopólico, se identificaron varios impactos:

a) Flora, fauna y caudal del río Colorado: este emprendimiento alertó a todas las comunidades que se encuentran involucradas en la cuenca del Río Colorado (provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires) ante la posibilidad de que provoque un impacto en las aguas de dicho río y afecte en forma negativa tanto a la fauna y flora como al agua tan necesaria para las actividad productivas de la zona.

b) Generación de pasivo ambiental: durante la explotación y extracción del potasio se generará un pasivo ambiental sobredimensionado de sodio, es decir, que al cabo de unos años la empresa dejará un acumulado de sodio de unas 200 hectáreas por unos 50 metros de altura. Junto a ello, existe un alto riesgo de salinización del río Colorado por su proximidad a dicho proyecto. Hay que tener en cuenta que este río abastece de agua potable al 75% de la población de la provincia de La Pampa, mediante acueducto, y que está en etapa de licitación el acueducto desde este río hasta la ciudad de Bahía Blanca (de más de 300.000 habitantes) para el abastecimiento de agua potable. También forman parte del pasivo ambiental la degradación y contaminación del territorio de las cuencas de los Ríos Colorado, Neuquén, Limay y Negro por la extracción del gas (convencional y no convencional) y energía hidroeléctrica, con afectación sobre más de un millón de personas y las áreas de regadío del Alto Valle, del Valle Medio e Inferior del Río Negro.

c) Consumo de gas: se calcula que el emprendimiento utilizará la misma cantidad de gas que utiliza la provincia de Mendoza en la red domiciliaria (un millón de metros cúbicos diarios) y la misma cantidad que consume el total de la provincia de Neuquén. Además, se ha denunciado en este juicio que con ese consumo de gas se podría dar trabajo a cerca de 35.599 trabajadores, contra los 386 que emplearía potasio.

Este consumo de gas está calculado para la explotación del yacimiento en la provincia de Mendoza (25%), de acuerdo a la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en esa provincia. La provisión de gas convencional y no convencional provendrá, en el marco de Gas Plus, de los yacimientos de Loma de La Lata, El Portón y Sierra Barrosa (provincia de Neuquén) y de los acuerdos firmados entre empresas (Repsol-Vale.SA.). La provisión de un millón de metros cúbicos diarios, desde la provincia de Neuquén, hacen prever graves implicancias ecológicas, sociales y económicas para la sustentabilidad socioambiental de esa provincia y de todo el país. Es posible considerar que al momento en que comience la explotación del 75% del yacimiento de cloruro de potasio en la provincia de Neuquén, donde Vale SA y sus subsidiarias tienen pertenencias mineras (en etapa de prefactibilidad), estos consumos deberán multiplicarse por tres. Además en tiempos de crisis energética, las previsiones del incremento de estos consumos sirven hoy al gobierno nacional para justificar la  importación de gas licuado de Quatar (contrato directo por 20 años) y Trinidad Tobago, por el puerto de Bahía Blanca y de Escobar.

-Afectaciones de las condiciones socioeconómicas de la población y de las comunidades originarias ante la pérdida de espacio territorial y la falta de acceso a los recursos vitales en las llamadas “zonas de sacrificio”, frente al avance y la dominación territorial de las empresas transnacionales. Esta ruptura de las formas de vida tradicionales ha generado el surgimiento de refugiados ambientales, que han perdido sus territorios y en muchos casos, han ido a engrosar los barrios marginales de las ciudades en condiciones de pobreza, miseria y exclusión. En este sentido, este tribunal denuncia el plan de relocalización de comunidades campesinas (crianceros) propuesta por la empresa PRC S.A. en los departamentos de Pehuenches (Neuquén) y Malargüe (Mendoza).

-Profundización de la precarización y flexibilización laboral, con el aumento del trabajo temporario, la tercerización del empleo y la baja calificación laboral. En algunos casos, esta precarización es generada como consecuencia del desarraigo y abandono de las poblaciones de sus lugares de origen en busca de empleo.

En el caso de las empresas mineras, predomina en el discurso que, al aumento del empleo que generan los proyectos mineros, se suma un aumento de la masa salarial, de la renta familiar y de la recaudación impositiva en las comunidades. Este discurso oculta intencionadamente que, con el actual patrón tecnológico, se requiere escasa mano de obra y además que la misma es altamente calificada, razón por la cual muchos de los empleados provienen de fuera de las localidades en donde se encuentran las minas e incluso, muchas veces, proceden de los países de origen de los capitales empresariales. Si bien en la etapa de construcción de la infraestructura de los yacimientos la demanda de mano de obra puede ser importante, estos trabajadores no suelen ser recontratados para la fase de explotación de los mismos.

-Vulneración y violación de los derechos ancestrales de los pueblos originarios, al desconocer los convenios y pactos internacionales que los protegen, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las constituciones provinciales y nacional. El incumplimiento del convenio de la OIT y de la declaración de la ONU implica una clara violación del derecho al territorio y de la necesidad de realizar una consulta para lograr el consentimiento libre, previo e informado respecto de los proyectos extractivos que se quieran desarrollar en territorios indígenas. A su vez, el incumplimiento de los artículos de las constituciones de las provincias y de la Nación, implica una violación del derecho de los pueblos indígenas a participar en la gestión de los recursos (en realidad, bienes) de sus territorios.

En el caso de empresas petroleras, se realizan concesiones de áreas hidrocarburíferas en territorios indígenas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, sin garantizar esos procesos de consulta previa. Además, en la provincia de Neuquén, el proceso de judicialización de las comunidades mapuche en conflicto con empresas petroleras, contó con el apoyo del estado provincial. Por ejemplo, el Fiscal de Estado apeló el fallo que en primera instancia favoreció a la comunidad Huenctru Trawel Leufú en la causa que le iniciara Petrolera Piedra del Águila. En la provincia de Chubut, el Proyecto Navidad de la empresa Pan American Silver está emplazado en territorio del pueblo mapuche y ya en las fases previas a la explotación, ha generado consecuencias negativas en los territorios de las comunidades mapuche de la meseta chubutense.

-Afectaciones en la salud de las poblaciones. En el caso de explotaciones hidrocarburíferas, ya se han probado las afectaciones en la salud de integrantes de comunidades mapuche ubicadas en Loma de la Lata por la presencia de metales pesados en el organismo; además se sospecha el incremento de enfermedades oncológicas y otras afecciones en comarcas petroleras como Cutral Co y Plaza Huincul, a consecuencia de esta industria; sin embargo, el Estado provincial se niega a realizar estudios para verificar o desestimar esa sospecha. En el caso de explotaciones de megaminería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas, ya son comprobables las afecciones en la salud de las poblaciones, razón por la cual no se pueden negar las consecuencias que en ese sentido traerán los proyectos que todavía no han entrado en la fase de explotación. En las explotaciones del mineral plomo se recuerda el caso de Abrapampa, Jujuy, por la comprobada presencia de plomo en sangre en los niño/as de esa localidad del Noroeste Argentino, investigación realizada por facultativos y especialistas en laboratorios de la universidad jujeña.

-Entre los impactos socioculturales que generan las empresas transnacionales, uno de los más importantes es la afectación del territorio de las comunidades indígenas, base de su cosmovisión e identidad cultural y social. En el caso concreto del Proyecto Navidad, la demostración más clara de que el emprendimiento está emplazado en territorio ancestral fue la necesidad de trasladar un cementerio mapuche de la zona, en la época en que el proyecto estaba en manos de la empresa IMA (Inversiones Mineras Argentinas). La empresa, en connivencia con el estado, manipuló a una de las comunidades afectadas y obtuvo su consentimiento, el que fue utilizado para legitimar el despojo e invisibilizar la manifiesta oposición del resto de las comunidades. Pretendieron con ello suplantar el correspondiente proceso de información y consulta que obligatoriamente debe llevar a cabo el estado.

Otros de los impactos socioculturales que quedaron de manifiesto en este juicio son las condiciones laborales de estas industrias, caracterizadas por la concentración de hombres solos en zonas de explotación o localidades cercanas, que han generado escenarios propicios para el incremento del consumo de drogas, el juego y la constitución de redes de trata de mujeres para la prostitución.

-Todos estos impactos generan explícitas violaciones a la soberanía política, energética y cultural de nuestro país, ya que son los intereses de las empresas transnacionales los que prevalecen a la hora de definir las políticas a implementar, la energía a consumir y las diversidades culturales a defender.

Este tribunal ha podido constatar que las formas de operar de las empresas transnacionales no podrían ser posibles sin la complicidad y garantía de los gobiernos, los medios masivos de comunicación y algunas universidades estatales; por lo tanto, denuncia las siguientes responsabilidades de esas instancias de poder:

-La complicidad entre estados y empresas puede observarse en la ausencia de consultas populares y en el ocultamiento de información respecto de los proyectos empresariales y sus impactos sociales y ambientales. El derecho a acceder a la información pública ambiental es un requisito esencial para una adecuada participación ciudadana en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que requieren los emprendimientos de las empresas y este derecho se niega en los proyectos Potasio Río Colorado de Vale (fundamentalmente en la ferrovía en la provincia de Neuquén) y Navidad de la PAS. En este último caso, los mecanismos de consulta popular implementados por el gobierno provincial en relación al último informe de impacto ambiental del Proyecto Navidad en su etapa de exploración no han permitido una verdadera participación ciudadana, debido a los requisitos de la consulta popular, que no contemplaron las características y las condiciones de vida de la población que debía opinar. Tener acceso a Internet o viajar a Gastre o a Gan Gan, leer un informe de 300 páginas con compleja información técnica y presentar la observación al informe en 15 días, no son condiciones posibles de cumplir por la mayor parte de los habitantes de la provincia.

A esta situación, se agrega, en este último caso, que la derogación de la Ley 5001 que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en la provincia de Chubut -que actualmente se impulsa desde las autoridades- sería una muestra más de la actuación de los poderes políticos en beneficio de las empresas transnacionales, permitiendo el inicio de la fase de explotación del Proyecto Navidad. De igual modo, la anunciada reapertura -e inconsulta- de pliegos para la explotación uranífera de Cerro Solo, en plena meseta -centro norte de la provincia de Chubut- no cuenta con el aval de los pobladores, en tanto sostenidas movilizaciones y denuncias desde 1986 exigen la remediación de los viejos yacimientos de Los Adobes y Cerro Cóndor, abandonados por décadas en colas y escombreras que impactan radiológicamente  en la cadena trófica del ecosistema y directamente en la salud de la población.

Un ejemplo claro de connivencia entre Estados y corporaciones lo vienen padeciendo las poblaciones de la Patagonia austral (y Noreste de Chubut en especial), desde los años setenta en Puerto Madryn , a través de la fábrica ALUAR, planta de aluminio primario, productora de residuos particulados, sólidos y gaseosos, emisora de tóxicos fluorados orgánicos e inorgánicos, letales para toda forma de vida. Industrias semejantes, con volúmenes aún menores de emisiones de flúor, fueron prohibidas en los países del norte.

En el caso del Proyecto Potasio Río Colorado, se destaca la firma de un contrato leonino entre la empresa y el gobierno de la provincia de Mendoza, refrendado por la legislatura provincial, en el cual la provincia se transforma en responsable de la explotación de potasio a partir de tener que garantizar la paz social y el suministro de energía necesario. Por otra parte, el contrato aclara que la empresa abonará un 1% de lo que realmente sea vendido a un fondo socio-ambiental y el mismo se verificará por declaración jurada de la empresa. La misma sostiene que el fondo será para el desarrollo local, cuando en realidad se utilizará para inversiones destinadas a concretar la infraestructura de dicho proyecto.

Desde la provincia de Neuquén también se denunciaron los “permisos” previos a la Evaluación de Impacto Ambiental y a las Audiencias Públicas por la construcción del Tren de Potasio, desde Rincón de los Sauces a Cervantes-Chinchinales (conexión con Ferrosur), ignorando las denuncias presentadas por el Juez de Faltas de Rincón de los Sauces, ante la falta de estudios sobre las vibraciones y el estado cuali-cuantitativo de los ductos -gasoductos y oleoductos- y pozos de hidrocarburos abandonados.  A su vez, se denunció el traspaso a la empresa Vale S.A. de la concesión de las vías férreas del ex Ferrocarril Roca o Ferrosur, desde Zapala hasta Bahía Blanca.

También se hizo una explícita denuncia contra el CODEMA (Consejo de Medio Ambiente) de la provincia de Río Negro, por la suspensión infundada de la Audiencia Pública por el Tren de Potasio, convocada para el 20 de diciembre de 2010 en Chinchinales, y por no responder al pedido de acceso a la información sobre el expediente correspondiente, solicitado por Ecosur y Foperma. Se ha constatado, además, que en el Resumen Ejecutivo por el Tren de Potasio, entregado para la Audiencia Pública convocada por el CODEMA, son evidentes los errores en la caracterización del territorio recorrido por las vías férreas y la manipulación de datos, incumpliendo de esta forma las normas básicas de presentación de la información de Evaluación de Impacto Ambiental.

-La complicidad que podemos definir como estructural entre estado y empresas se visualiza, además, en los discursos de las autoridades políticas que presentan a las empresas petroleras y mineras como portadoras de beneficios y desarrollo para las comunidades, cuando en realidad lo único que se “desarrolla” realmente son las ganancias de las empresas, que entablan alianzas estratégicas con los estados provinciales que se convierten en garantes de la impunidad con la que operan para mercantilizar la vida y los territorios.

-También se ha evidenciado la inacción de los poderes políticos locales frente al comportamiento de las empresas transnacionales, tal como se desprende del informe presentado por la fiscalía del caso PAS al relatar que fue una jueza canadiense la que dispuso el cambio de titularidad de un dominio originario de la provincia de Chubut, sin ninguna intervención de autoridades provinciales. Citamos: ¿Con qué autoridad se pasa por encima de la soberanía argentina? Ni la dirección de Minas y Geología de Chubut, ni funcionario alguno, han emitido el menor comentario sobre el particular. ¿Quién debe velar, acaso, por la integridad de nuestro patrimonio?”.

-En relación a la industria petrolera, las leyes y decretos oficiales elaborados por los poderes políticos han beneficiado a las empresas, permitiendo libre disponibilidad, exportación e importación de petróleo crudo, eximiéndolo del pago de cualquier tipo de arancel o retención; libertad de comercialización de petróleo crudo y derivados; desregulación de los precios intermedios y finales del mercado; libre instalación de refinerías y bocas de expendio; libre convertibilidad en divisas de los ingresos; licitación de áreas centrales y marginales de YPF, convirtiendo los contratos de exploración y explotación en concesiones o asociaciones; creación de un sistema mediante el cual las propias empresas debían declarar el nivel de reservas sin ningún control por parte del Poder Ejecutivo; venta de parte de los activos de YPF (refinerías, buques, ductos) y prórroga anticipada de áreas de explotación de hidrocarburos.

-La connivencia entre las políticas de estado y los intereses de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los funcionarios locales, también se puede observar en los proyectos relacionados con la Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), como la construcción del Tren de Potasio y la ampliación y concesión de la terminal portuaria, infraestructura necesaria para trasladar la producción de la empresa Vale SA. desde el área de explotación al puerto de exportación hacia Brasil. Estos proyectos de infraestructura facilitan el saqueo de las empresas transnacionales y en el caso de Vale, esta empresa se ve favorecida por los grandes tendidos eléctricos (caso de la Línea Comahue-Cuyo) hasta las bocas de las explotaciones; la construcción de la represa Chihuidos I, con garantías del Anses y del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Brasil; la ampliación de la Ruta Nacional 22, en el área de conexión con el ferrocarril de Potasio, los accesos ferroviarios al puerto y rotondas; el asfalto de la Ruta Nacional 40 en el tramo límite de la provincia de Neuquén hasta Malargüe; la remodelación de accesos a la ciudad de Bahía Blanca; y la ampliación del puerto de Ingeniero White. A estas obras de infraestructura se agregan otras que favorecen a las corporaciones en general como la creación de rutas bioceánicas y la generación de energía mediante mega emprendimientos hidroeléctricos, plantas nucleoeléctricas y el uso de energías de carácter contaminante como el gas no convencional. Se trata de megaobras costeadas por los gobiernos, a través del financiamiento de organismos internacionales, como el BID, Bandes, Fonplata, CAF (Corporación Andina de Fomento), entre otros.

-La complicidad de los medios masivos de comunicación con las empresas es observable en los mensajes trasmitidos en relación a los beneficios que traerán los proyectos empresariales, entre ellos la generación de empleo y la recuperación de las golpeadas economías provinciales, ocultando los impactos negativos que estos proyectos han traído en otros territorios del país y del mundo y/o en los propios territorios donde ya comenzó la explotación extractivista.

-La complicidad de algunas universidades públicas con las empresas transnacionales se constata en el comportamiento que desempeñan las primeras, en relación a ocultar, tergiversar o producir conocimiento científico o informes técnicos que favorecen a las empresas y/o aceptando fondos provenientes de empresas mineras que contaminan nuestros territorios. De esta forma, se produce una colonización de la producción científica por parte de intereses privados, manipulando, en muchas ocasiones, los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental en sentido favorable a los intereses transnacionales.

A su vez, este tribunal ha verificado la ejecución de las siguientes estrategias empresariales implementadas con el objetivo de maximizar sus ganancias y profundizar el modelo neoextractivista imperante:

-La articulación entre diferentes explotaciones extractivas que permiten consolidar el modelo económico imperante, como el acuerdo Vale-Repsol, para la provisión del gas necesario para explotar el Proyecto Potasio Río Colorado. A lo largo de este juicio se ha podido constatar que dicho emprendimiento tiene como objetivo abastecer a las producciones de soja, caña de azúcar y palma aceitera en Brasil, ya que las tierras de ese país carecen de potasio, que es utilizado como fertilizante, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de los agronegocios y en especial de la producción de agrocombustibles. Así, este proyecto colabora con el desmonte de la zona amazónica y el Matto Grosso, y junto con ello, con la desertificación de uno de los pulmones del mundo.

-Las empresas transnacionales implementan la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), con proyectos y programas comunitarios que les permiten realizar un lavado verde de su imagen y desarrollar políticas de cooptación y asistencialismo respecto de las poblaciones afectadas por sus explotaciones. Un ejemplo es el rol que cumple la Fundación Cruzada Patagónica que posee dos establecimientos educativos y cuenta con el aporte económico de varias petroleras, entre ellas YPF y PAE. Paradójicamente, varios de los niño/as que concurren a esos establecimientos educativos provienen de las comunidades que son afectadas por la explotación de hidrocarburos.

En el caso de PAS, la compra de voluntades de los integrantes de las comunidades mapuche quedó de manifiesto en la última actualización del Informe de Impacto Ambiental, en la cual se proponen como lineamientos de acción establecer canales de comunicación con los grupos opuestos a la actividad minera, realizar convenios sobre la base del reconocimiento de la identidad étnica, continuar con el programa de mejoramientos de las comunidades y el de información, participación y consulta. Estas políticas, que buscan la licencia social para las empresas, se desarrollan a partir del conocimiento de que esas comunidades han participado de todas las asambleas y marchas que se realizan desde 2009 en contra del proyecto.

La empresa transnacional Vale también tiene iniciativas de intervención social sobre las poblaciones indígenas y campesinas afectadas en sus territorios por las explotaciones mineras; entre esas iniciativas se encuentran programas de salud y asistencia social aplicados en comunidades indígenas de distintos estados brasileños donde opera la empresa.

-Otro aspecto a destacar de la RSE son los proyectos de forestación con especies exóticas de coníferas en zonas cordilleranas, desarrollados por empresas petroleras como YPF y Chevron, que incrementan los monocultivos forestales en campos de veranada de las comunidades mapuche y crianceros criollos. De esta manera, se  generan conflictos territoriales por la afectación de las rutas de trashumancia y la reducción de los espacios de pastoreo, además de impactar sobre el bosque nativo expuesto al avance colonizador de estas especies exóticas.

A su vez, la empresa Vale Florestar SA promueve también la reforestación con especies nativas y exóticas en áreas degradadas. Esta empresa subsidiaria de la Vale actúa en áreas de la región amazónica donde la expansión de actividades “productivas” acarrea el desmonte de la vegetación.

-Las empresas transnacionales poseen fundaciones que realizan donaciones a instituciones públicas y asociaciones civiles, con el propósito de lograr la licencia social necesaria para operar en los territorios. En el caso de YPF, esta empresa ha financiado  encuentros de conservacionismo y proyectos de protección de áreas protegidas, además de intervenir en el área de la cultura a través del YPF Destino Rock (concurso de rock para bandas en ascenso).

A su vez, la Fundación Vale sirve a la empresa para desarrollar y financiar programas que promueven la “sustentabilidad” de la minería en los territorios en los que actúa, así como políticas destinadas al desarrollo integral de la juventud con programas educativos para adolescentes.

-Entre las estrategias implementadas por las empresas se destaca la criminalización y judicialización de la protesta social, la represión y las amenazas ejercidas sobre las poblaciones que se niegan a la implementación y/o avance de los proyectos empresariales. Es la respuesta empresarial, con el apoyo y la complicidad de los organismos estatales, al surgimiento de resistencias populares por parte de asambleas y foros socioambientales, comunidades de pueblos originarios y poblaciones afectadas, que han implementado diversas formas de lucha contra el avance de las corporaciones transnacionales, como bloqueo del ingreso de las empresas a sus territorios, paralización de sus actividades, cortes de ruta, denuncias públicas y judiciales por casos de contaminación probada o probable, entre otras. A su vez, esas resistencias y los cuestionamientos a las empresas han generado el surgimiento de espacios de articulación de organizaciones y movimientos populares de distintas regiones del mundo, como es el caso de Afectados por la Vale.

En el caso de la industria petrolera, los conflictos desencadenados entre empresas del sector y las comunidades mapuche, por concesiones, exploración o explotación en territorios ancestrales han tenido como respuesta la represión y judicialización de integrantes de las comunidades, como en el caso de la comunidad Lonko Purán en la zona centro de Neuquén. En algunos casos, la justicia ordinaria ha fallado a favor de las comunidades como en el conflicto entre la Petrolera Piedra del Águila y la comunidad Wenctru Trawel Leufú, de Picún Leufú, en el cual el amparo presentado por la empresa para poder entrar en la comunidad fue rechazado por la justicia invocando el derecho a la consulta, contenido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

-Acompañando a estas estrategias, también se viene implementando la militarización de los territorios en conflicto. En estas estrategias represivas participan tanto fuerzas de seguridad públicas como privadas, demostrando nuevamente la complicidad de los poderes políticos en la defensa de los intereses empresariales, al poner al servicio de esos intereses las fuerzas de seguridad públicas que deberían proteger los derechos de las poblaciones a una vida digna.

En el caso de las empresas petroleras, se viene dando un despliegue de las fuerzas de seguridad para reprimir las demandas de las comunidades indígenas, organizaciones sociales y trabajadores petroleros, que afectan la producción de los yacimientos o instalaciones de procesamiento o transporte de hidrocarburos. A su vez, en la provincia de Neuquén se han movilizado patotas vinculadas al sindicato petrolero y al Movimiento Popular Neuquino para reprimir demandas sociales en general y demandas del pueblo mapuche en particular.

Con estas denuncias como guía, este tribunal propone para aquellas corporaciones que vienen actuando en las etapas de prospección, exploración y explotación de yacimientos:

-Trabajar en la creación de una instancia judicial ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, además de la obligada remediación de las labores extractivas.

-Demandar al estado argentino y los gobiernos provinciales para que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados; que aseguren un acceso rápido y eficiente a la justicia y la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente; que impulsen que el sistema judicial lleve a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades; que apliquen medidas que permitan respetar el principio del consentimiento libre, previo e informado de los actores sociales en general y de los pueblos indígenas en particular, así como el principio precautorio, cuando se intenten proyectar inversiones de capitales y políticas de desarrollo que puedan producir efectos negativos sobre el territorio y los derechos de las poblaciones; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los derechos humanos y que rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos.

-Solicitar la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios, que no hayan sido sometidos al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, con el objetivo de respetar las normas internacionales que defienden sus derechos y que fueron ratificadas en nuestro país.

-Suspender los megaproyectos referidos a megaminería, explotación de hidrocarburos y desarrollo de monocultivos, hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.

A su vez, este tribunal resuelve:

 

-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, como antiético y violatorio de los derechos humanos, al modelo neoextractivista y productivo que impera en nuestra sociedad y que tiene en las empresas transnacionales uno de sus principales protagonistas. La promiscuidad del modelo extractivo minero impacta ferozmente en ecosistemas y comunidades durante las tres etapas de prospección, exploración y explotación, con el sistema “a cielo abierto” y brebajes  químicos,  reactivos tóxicos de lixiviación, que destruyen economías regionales, exprimen suelos, humedales y cuencas hidrográficas no renovables.

 

-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, las formas de operar de las empresas transnacionales, ya que las enjuiciadas en esta audiencia se consideran una muestra representativa de la conducta de muchas otras presentes en este y otros territorios. Este tribunal ha podido constatar sus prácticas de violaciones de derechos fundamentales de las poblaciones y de la naturaleza, así como la violación de normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones, así como los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

 

-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, la complicidad y garantía de los poderes políticos en todos sus niveles, de los medios masivos de comunicación y de algunas universidades públicas, con las formas de operar de las corporaciones transnacionales, que generan graves impactos en la calidad de vida de numerosas comunidades y las privan de los recursos básicos necesarios para una vida digna. Las autoridades políticas tienen, a su vez, la responsabilidad por la omisión de medidas a su alcance que podrían modificar la situación actual. Las políticas implementadas desde los estados, como establecer marcos legales e institucionales favorables a las empresas y omitir la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las poblaciones, incrementan el poder de las empresas transnacionales y refuerzan su impunidad, de tal manera que los gobiernos se convierten en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que esas empresas cometen. Además, en muchas ocasiones, esos marcos legales e institucionales hacen jurídicamente imposible para las víctimas prevenir e impedir esas violaciones y obtener una reparación por sus consecuencias.

 

-Incentivar a las comunidades, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afectadas, a lo/as trabajadore/as y a todas las víctimas del “modelo de desarrollo” que imponen las empresas transnacionales a profundizar su organización, a resistirse y a movilizarse en defensa de los derechos humanos y ancestrales, por la autodeterminación y la soberanía popular, y en resguardo de sus territorios, su cultura, su identidad y sus formas de vida, contra la mercantilización de la vida que implica el modelo neoextractivista que se profundiza en nuestro país.
Conforme a estos enunciados, el Tribunal del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales que se llevó a cabo en la Patagonia exigió, de manera imperativa, que las corporaciones sean expulsadas de los territorios y obligadas a la restitución-remediación del ecosistema tal como lo encontraron al momento de iniciar su explotación, decisión unánime de las comunidades afectadas.

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3 respuestas a Sentencia del Juicio ético y popular a las transnacionales en Patagonia

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