Sentencia del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales Audiencia de la Triple Frontera

Durante el desarrollo de este Juicio Ético y Popular contra las Transnacionales, en la audiencia de la Triple Frontera, este tribunal ha oído a las fiscalías populares y a los testigos presentados por organizaciones sociales de poblaciones afectadas, víctimas de la presencia y de las formas de operar de las corporaciones transnacionales en nuestros territorios.

En esta audiencia, desarrollada en Wanda, Misiones, durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre, han sido enjuiciadas las empresas transnacionales Monsanto, Cargill y Alto Paraná. El tribunal ha recibido denuncias debidamente documentadas, y ha constatado que la explotación de los bienes comunes naturales y de los territorios por parte de las empresas transnacionales, provoca en las comunidades en cuyo entorno se desarrollan sus actividades, violaciones flagrantes de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza.

Hay en curso un ecocidio y un genocidio silenciosos. Muerte, enfermedades, represiones, han sido denunciados en testimonios que reúnen al mismo tiempo un dolor inmenso, y una gran capacidad de resistencia de los pueblos. Este tribunal quiere valorar -en primer lugar- el coraje de quienes habiendo sufrido en sus propios cuerpos semejantes crímenes, continúan luchando para que se haga justicia y que esa justicia beneficie a todos y a todas.

A continuación siguen opiniones generales que surgen del análisis de los casos presentados:

– Como parte de la recolonización de nuestro continente se nos ha impuesto un modelo agroalimentario hegemónico, en el que la alimentación transformada en mercancía es un mecanismo de control de nuestras vidas por parte de las grandes corporaciones transnacionales que dominan la producción, comercialización y distribución de alimentos a escala mundial, determinando qué, cómo, cuánto, dónde, para qué y para quién se va a producir, desarrollando una integración vertical de los distintos rubros de sus inversiones.

– A lo largo de este juicio, se ha podido constatar que muchos países que tenían un autoabastecimiento alimentario, e incluso eran exportadores de alimentos, se han transformado en importadores de productos alimenticios, cuyos precios se incrementaron en forma considerable, afectando al conjunto de la población y volviéndose parte de la crisis alimentaria. Las razones del aumento de precios se debe –entre otros factores- a la concentración de la producción de alimentos, al incremento del precio del petróleo, de los fertilizantes y de los transportes relacionados con el sistema agroalimentario y con la producción de agrocombustibles. Promocionados como combustibles “ecológicamente aceptables”, la expansión de los agrocombustibles es percibida por las empresas agrícolas, biotecnológicas, petroleras y automotrices como una importante fuente de ganancias. Tratan de aprovechar la preocupación mundial por el calentamiento global, como pantalla detrás de la cual se consolidan grandes negocios.

El desarrollo de los monocultivos cuyo destino es fundamentalmente la exportación, ha generado que muchas tierras que se destinaban a la producción de alimentos ahora se utilicen con ese propósito, razón por la cual cada vez se producen menos alimentos, encareciendo así sus precios. En un momento en el que en el mundo hay mil millones de hambrientos, se reduce la producción de alimentos y crecen las súper ganancias de las corporaciones transnacionales.

Algunas de las características de este sistema de acumulación capitalista, y del modelo saqueador, extractivista, reprimarizador son:

– la amplia variedad de inversiones que realizan las empresas, que se puede ejemplificar con la transnacional Cargill, que se dedica al procesamiento de oleaginosas y de cebada, y  a su vez ha construido frigoríficos y molinos harineros, además de puertos, caminos, hidrovías (que son parte de la Iniciativa IIRSA) así como una importante red de acopios.

La agricultura industrial implica la presencia de una cadena de corporaciones transnacionales, cuyos roles abarcan desde la provisión de semillas hasta la venta de productos en los hipermercados, incluyendo la construcción de la infraestructura que permite el traslado de las materias primas hacia los países importadores. Informa la fiscalía popular de Monsanto que: “A este creciente control sobre un proceso determinado en la cadena del agronegocio, se agrega el hecho de que las mayores transnacionales participan a la vez en varias de estas etapas, logrando ampliar su control sobre el sistema global y, por ende, acaparando un mayor volumen de negocios, obteniendo más ventas e incrementando exponencialmente sus ganancias”.

Al profundizarse la utilización de los ríos de la zona como medio de transporte de estas producciones, ríos como el Paraná y el Paraguay se convierten en verdaderas “autopistas” para la salida de granos desde Brasil, Paraguay y la Argentina, tal como lo expresó la fiscalía popular de Cargill. Son “las vías del saqueo”.

La IIRSA provee los caminos más cortos para el traslado de los bienes naturales. Con ese fin se agujerea la cordillera, se hacen navegables los ríos para el traslado de grandes cargamentos, dinamitando los meandros de los ríos, provocando daños irreversibles en el ecosistema en función de favorecer el comercio y obtener grandes ganancias.

– la importante concentración del capital, tanto en el plano de la producción y comercialización de las materias primas, como en la comercialización y distribución de alimentos, quedando concentrado a través de un proceso de fusión y absorción, en unas pocas empresas. De esta manera se produce una dictadura alimentaria y una pérdida de la soberanía alimentaria, local y popular en nuestros países. Con este fin, los gobiernos nacionales de estos países (Argentina, Brasil, Paraguay), abren las puertas del país para estas inversiones, o las desembolsan del presupuesto nacional, y utilizan como “políticas de Estado”, las facilidades que viabilizan el saqueo. Los impuestos son fuentes fundamentales para financiarlos.

– la alta concentración de las tierras. Denuncia la fiscalía popular de Alto Paraná que “En Misiones hay 380 mil hectáreas de pinos, la mayor parte se encuentra en la zona Norte. Por lejos, la compañía que concentra la mayor cantidad de tierras es Alto Paraná. Según datos oficiales, Alto Paraná es propietario de 230 mil hectáreas de tierras en Misiones. Pero, a esa cantidad deben sumarse los territorios explotados por medio de testaferros, arrendamientos de tierra y otros tipos de manejo de la tierra, con lo que la firma trasandina supera las 280 mil hectáreas, lo que equivale al 10 por ciento de la superficie total de la provincia de Misiones. Un caso paradigmático se registra en la pequeña localidad de Puerto Libertad: de las 80 mil hectáreas que componen el municipio, 65 mil están en manos de Alto Paraná, es decir el 80 por ciento. En el municipio de Puerto Piray, es dueña del 63 por ciento de la tierra. Casi la totalidad de estas tierras están repletas de pinos”. Como contrapartida, denuncia la misma fiscalía popular: “en Puerto Piray, la organización “Productores Independientes de Piray”, integrada por un grupo de aproximadamente 200 pequeños productores de Piray pidió la intervención del Estado ante la falta de tierras por la monopolización de parcelas por parte de Alto Paraná S.A.”.

– el control de las semillas y de los plaguicidas asociados a ellas. Se ha impuesto un paquete tecnológico que incluye la producción, la venta, el control y la imposición de semillas transgénicas, y plaguicidas asociados a ellas, por parte de unas pocas compañías multinacionales, entre las que merece destacarse la estadounidense Monsanto, que tiene un control del 23% del comercio de semillas a nivel mundial, entre las que se destaca la soja RR (Roundup Ready), resistente al Roundup, que es la que se utiliza mayoritariamente en la producción sojera de Paraguay.

Citando a la fiscalía popular de Monsanto, este tribunal destaca que “La expansión de las semillas transgénicas patentadas por estas corporaciones, está logrando fortalecer la dependencia del productor/a hacia este tipo de semillas, ya que la modificación genética que se realiza permite que los cultivos transgénicos no produzcan semillas que puedan ser utilizadas en la siguiente zafra (esta característica es conocida como tecnología terminator que implica la imposición de cultivos estériles), y así necesariamente se debe volver a comprarlas a las corporaciones, asegurando su venta y el cobro por los derechos que les dan las patentes”.

En este sentido, se destaca particularmente la transnacional Monsanto que patentó variedades de cultivos –soja y algodón transgénicos, maíz BT y colza modificada genéticamente- con el fin de controlar los mercados, generando una mercantilización de la vida desconocida hasta hace unas décadas.

la deforestación del monte nativo. Denuncia la fiscalía popular de Alto Paraná que: “en la mayoría de los casos, la “forestación” implica deforestación previa de monte nativo. En ese sentido, organizaciones sociales, campesinas, y ambientalistas advierten que en Misiones se talan más de 30 hectáreas de monte por día; o sea, que desaparecen 12 mil hectáreas cada año. En esas tierras se plantan pinos después. En Misiones anualmente se reforestan unas 30 mil hectáreas de pino. Para que crezcan más rápidos y mejor, las plantaciones de pino son fumigadas con agrotóxicos. La imposición del monocultivo de pinos a la Madre Tierra origina el ataque de hormigas y otras plagas, que se combaten con agrotóxicos, contaminando el ambiente, aire, agua, suelo, alimentos y todo ser vivo, incluido las personas. Se estima que cada hectárea consume tres litros de agrotóxicos al año. Esto significa que en nuestra provincia se aplican más de 100 mil litros de glifosato en las plantaciones de pino cada año”.

Este tribunal ha podido constatar los siguientes impactos provocados por las formas de operar de las empresas transnacionales dedicadas a los agronegocios y a los monocultivos forestales:

Impactos económicos

* saqueo de los bienes comunes,

* destrucción de los territorios donde operan las empresas,

* mercantilización de los territorios, de los alimentos, y de todas las dimensiones de la vida.

* agotamiento de las tierras,

* profundización de la crisis energética

* deslocalización de la producción, en búsqueda de la mano de obra más barata y la legislación ambiental más favorable,

* concentración de la estructura de la tierra, con el aumento del número de grandes propiedades rurales y la disminución de las pequeñas, en las que se desarrolla la agricultura campesina.

Impactos medioambientales

* agravamiento del cambio climático,

* desertificación y pérdida de fertilidad de los suelos,

* deforestación, que es una de las principales causas del efecto invernadero,

* escasez y degradación de aguas superficiales y subterráneas,

* destrucción de las cuencas hídricas,

* contaminación de tierras y aguas,

* extinción de especies,

* pérdida de bosques nativos, de ecosistemas y de biodiversidad

* impactos sobre los ecosistemas acuáticos que provocan las hidrovías que necesitan las empresas para transportar los granos.

Impactos sociales

* éxodo y expulsión rural, por el desplazamiento de comunidades,

* alteración de las formas de vida de los pueblos, desconocimiento de sus usos y  costumbres y negación de sus identidades.

* migración forzada, que afecta con más fuerza a las mujeres rurales, que buscan  mejores condiciones de vida, quedando expuestas a las redes de trata con fines de explotación laboral y/o sexual,

* negación de nuestra historia,

* criminalización de movimientos sociales y de comunidades

* división de comunidades a través de la corrupción de funcionarios y de planes sociales dirigidos a acallar la protesta o a confundir sobre los objetivos de las transnacionales.

* utilización de los gobiernos y de los organismos estatales como defensores de  las megaempresas y del modelo en su conjunto.

* generación de pobreza, reducción de empleo, precarización y flexibilización laboral en los trabajos realizados en estas empresas, aumento del trabajo temporario, tercerización del empleo y utilización de trabajo esclavo.

* violación de los derechos laborales de los trabajadores.

* destrucción de la agricultura campesina: las comunidades campesinas e indígenas son impedidas de desarrollar sus formas tradicionales de cultivo, ante el avance del modelo de agricultura industrial

* las comunidades desplazadas por los monocultivos, eran en muchos casos comunidades bien constituidas, con escuelas, salas de salud, producción y vida comunitaria.

* destrucción de la salud de las poblaciones debido al uso de agrotóxicos. Se ha documentado: disminución de las defensas / aumento de la mortalidad infantil / enfermedades sociales: desnutrición / modificaciones hormonales, esterilidad / intoxicaciones / enfermendades mentales / cánceres / malformaciones congénitas / alteraciones hormonales / lupus, artitis, asma, alergias / disminución de fertilidad / trastornos de conducta.

* contaminación. Los agrotóxicos y venenos en general, tienen las siguientes propiedades

· BIOACUMULACIÓN: se acumulan en todos los seres vivos, como plantas animales y humanos. Como son sustancias liposolubles los podemos encontrar en el tejido nervioso central (cerebro) y  en otros lugares del cuerpo.

· PERSISTENCIA EN EL TIEMPO: No se degradan fácilmente. El agrotóxico sigue siendo veneno a través del tiempo. Nos estamos envenenando y también a las generaciones futuras.

· El agua, el aire, las partículas y los seres vivos los desplazan y VIAJAN enormes distancias, aunque dentro de los límites de nuestro Planeta Tierra.

· SINERGIA: La combinación de dos o más agrotóxicos potencializa su acción más allá que la suma de cada una.

· RESISTENCIAS: Propiedad natural de los seres vivos ante distintas agresiones. La resistencia de malezas y plagas obliga a aumentar las dosis de agrotóxicos y concentrarlos, con lo que aumenta el grado de contaminación y presagia otros aumentos para el futuro.

Impactos culturales

* corporaciones como Cargill y Monsanto han impuesto un sistema alimentario global que tiene consecuencias catastróficas en la alimentación, ya que los sistemas alimentarios locales y las prácticas culturales y culinarias tradicionales se ven erosionadas,

* las semillas nativas son abandonadas ante la imposición del uso de semillas “mejoradas” por parte de esas empresas, llegándose incluso a criminalizar la tenencia y el uso de semillas ancestrales. Se trata de que lo/as campesino/as se conviertan en “consumidores” de semillas producidas en laboratorio, que los obligan a pagar los derechos de patentes a quienes las han “creado” artificialmente.

*  patentamiento de plantas y saberes asociados a ellas. Las empresas transnacionales son responsables de biopiratería, del robo y la apropiación de los saberes de los pueblos. Señala la fiscalía de Cargill que: “Un caso plenamente actual y vigente para la región es el de la apropiación de la Stevia (Yerba dulce o Caaheé) por parte de la empresa en asociación con la Coca Cola. Además de ser un biopirata de la Stevia, Cargill ha iniciado un proceso muy agresivo de implantación de monocultivos de Stevia en la región noreste argentina y en Paraguay”.

Impactos políticos

Su lugar como corporaciones líderes a nivel internacional y nacional, su rol en el transporte internacional de comodities, su apuesta al “libre comercio”, definen su capacidad para intervenir decidiendo políticas nacionales.

Señala la fiscalía popular de Cargill que “su operación en los rubros más importantes del sistema alimentario a nivel global y su bajo perfil a nivel mediático han convertido a este “gigante invisble” en una de las principales amenazas para la soberanía de los pueblos en todo el mundo y muy especialmente en el Cono Sur de América Latina”.

Violaciones a los Derechos Humanos

La vulneración de los derechos humanos en general y de los derechos ancestrales de los pueblos originarios en particular fue constatada por este tribunal.

Según la fiscalía de Monsanto: “Desalojos compulsivos, abusos policiales, apremios ilegales, asesinatos, entre otras violaciones han sido moneda común desde la aceleración de la expansión agrícola producida desde la irrupción de la soja transgénica y el paquete tecnológico asociado” forman parte de las estrategias de criminalización y represión que sufren las comunidades que se oponen a la desaparición de las formas tradicionales de producción campesina ante el avance de una agricultura sin agricultores.

La fiscalía popular de Alto Paraná, con el testimonio de los trabajadores del Sindicato de Papeleros de Alto Paraná y de la CTA local denunciaron las violaciones a los derechos laborales, y la represión que han sufrido por denunciarlas.

Se ha recordado también que Alto Paraná está controlada por la empresa de capitales chilenas Arauco, presidida por Angelini, responsable de la criminalización y represión del pueblo mapuche.

Se ha denunciado a las empresas transnacionales, como cómplices de los gobiernos nacionales en la respuesta militarizada a la protesta social, y en el control estratégico de las poblaciones. La militarización, es parte de la política desarrollada por los gobiernos en la Triple Frontera. Los controles de población en las fronteras, las leyes antiterroristas, las bases y operativos militares, forman parte de este dispositivo.

Responsabilidades

Este tribunal ha podido constatar que las formas de operar de las empresas transnacionales no podrían ser posibles sin la complicidad y garantía de los gobiernos, de los parlamentos, del sistema de justicia, de los grandes medios de comunicación, y de algunas universidades públicas; por lo tanto, denuncia las siguientes responsabilidades de esas instancias de poder:

– Los gobiernos de los países que han estado presentes: Argentina, Brasil y Paraguay, son responsables de la profundización de este sistema capitalista, que ha favorecido en la etapa actual el “desarrollo” de un modelo extractivista, reprimarizador de la economía, abriendo las puertas y favoreciendo la presencia de las transnacionales en nuestros países, y otorgando a las mismas garantías para el despojo. Hay una política de estado y una voluntad política que construyen este sistema, que lo sostienen y profundizan.

– La connivencia entre los poderes políticos y las empresas transnacionales se puede observar en que las autoridades gubernamentales no realizan serios estudios de impacto ambiental respecto de los emprendimientos productivos y de infraestructura de las transnacionales, aceptando las declaraciones que al respecto hacen las propias corporaciones.

– Otra clara responsabilidad de los poderes políticos defendiendo los intereses de las corporaciones se pudo observar en el mecanismo implementado en la Argentina para autorizar los cultivos transgénicos. Gracias al lobby de las transnacionales, sobre todo de Monsanto, en 1996 el entonces Secretario de Agricultura de la Nación, Felipe Solá, firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato, sin que el estado argentino realizara investigaciones propias en torno al impacto ambiental y sobre poblaciones humanas, y tomando como propios los informes presentados por la empresa Monsanto, que era la parte interesada.

– Las grandes corporaciones influyen cada vez más en la redacción de las leyes referidas a propiedad intelectual, tanto nacionales como en acuerdos y tratados internacionales y en las leyes sobre bioseguridad, demostrando de este modo el gran poder e influencia que tiene en las decisiones políticas de nuestros países en relación a la legislación que defienda su accionar o en ignorancia de leyes que protegen los derechos de las comunidades y atentan contra los intereses empresariales.

– La complicidad de los estados con las grandes corporaciones dedicadas a los agronegocios ha quedado de manifiesto a través de las denuncias presentadas por la fiscalía de Monsanto, que ha expresado que el gobierno nacional no ha puesto en práctica mecanismos que permitan proteger a las familias campesinas e indígenas ante las fumigaciones indiscriminadas, la contaminación de sus fuentes de agua y la afectación de sus cultivos. Por el contrario, el aparato estatal sostiene el avance del modelo sojero con la represión y la criminalización de las organizaciones que intentan resistir la expansión de monocultivos transgénicos, en manos de Monsanto y otros gigantes semilleras.

– Esas comunidades se encuentran cada vez más encerradas por explotaciones que emplean sustancias tóxicas, “sin que exista hasta el momento (expresa esa fiscalía) un diagnóstico oficial respecto del impacto en la salud de las personas que se encuentran expuestas a dichas sustancias, ni estudios responsables estatales sobre el estado de los cursos hídricos de los que se proveen buena parte de estas familias; ni con relación al impacto de esta forma de producción en la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas e indígenas colindantes”.

– La complicidad de algunas universidades públicas con las empresas transnacionales se constata en el comportamiento que desempeñan las primeras, en relación a ocultar, tergiversar o producir conocimiento científico o informes técnicos que favorecen a las empresas, manipulando, en muchas ocasiones, los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental en sentido favorable a los intereses transnacionales. Denuncia la Fiscalía popular de Alto Paraná que “aquí aparece otra pata con relación a las responsabilidades: La Universidad Nacional de Misiones. Una institución que enseña a plantar pinos y a utilizar agrotóxicos. La carrera de Ingeniería Forestal, que se dicta en la Facultad de Ciencias Forestales de la Unam, en una de sus materias, enseña el uso, aplicación y cuidado que hay que tener con el uso del glifosato en las plantaciones de pino. Y es así que la mayoría de los Ingenieros Forestales egresados de esta unidad académica, terminan coordinando, dirigiendo y planificando las plantaciones de pino, con agrotóxicos. Apenas un pequeñísimo sector de los Ingenieros Forestales egresados salen preocupados por la salud de su comunidad y la conservación del medio ambiente. Al igual que investigadores de otras disciplinas”.

– Este tribunal ha constatado que este mecanismo genera un proceso de colonización de la producción de conocimientos científicos por parte de intereses privados, muchas veces transnacionales. Merece destacarse como ejemplo, el premio “Animarse a emprender”, convocado, en 2006, por Monsanto Argentina y el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), que tuvo como objetivo premiar el mejor proyecto tecnológico en el área de cultivos nativos de importancia regional para el país. Otro ejemplo presentado en este juicio se refiere a los convenios que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora tiene con la transnacional Monsanto para realizar investigaciones científicas solicitadas por la empresa en la Facultad de Ciencias Agrarias. El compromiso de la Universidad asumido en la firma del convenio es, según datos aportados por la fiscalía de esta transnacional, “no  copiar, comunicar, distribuir, diseminar, exponer o, de cualquier otro modo, revelar la información confidencial” que resulte de los estudios y proyectos de investigación que realiza para Monsanto. Se obliga, además –según señala expresamente el convenio, a realizar trabajos de asesoría y consultoría, investigación y desarrollo y a mucho más: “colaborar en la ejecución de trabajos de Tesis de Grado o Posgrado por alumnos de la Facultad en temas de interés para ambas partes”. Este convenio demuestra claramente la forma en que los contenidos y objetivos académicos se ponen al servicio de los intereses de las corporaciones.

– Este tribunal ha podido constatar, en estos casos, la complicidad del gobierno provincial de Misiones,  y del Obispado local. Luego del desplazamiento del Obispo Piña, el obispo actual, Marcelo Martorel, se alió a Alto Paraná y al gobernador Cross, quienes financian la Universidad Católica de Iguazú.

– Este tribunal ha podido constatar la complicidad de los medios masivos de comunicación con las empresas, observable en los mensajes trasmitidos en relación a los beneficios que traerán los proyectos empresariales, entre ellos la generación de empleo y el aporte a la producción de alimentos, ocultando los impactos negativos que estos proyectos han traído en otros territorios del país y del mundo y/o en los propios territorios donde ya está en marcha el modelo de agricultura industrial.

En el caso paraguayo, la fiscalía de Monsanto ha denunciado que “los dueños de las grandes cadenas mediáticas del país poseen parte de sus inversiones en explotaciones agrogranaderas y se encuentran estrechamente vinculados a las corporaciones sojeras del país. Sobre todo el Diario ABC Color, el de mayor tirada y el que marca la agenda mediática de las radios y canales televisivos, ha venido desarrollando una campaña directa de promoción del agronegocio y los transgénicos, distorsionado las informaciones al respecto; y ha venido estigmatizando a las organizaciones populares, en especial al movimiento campesino, ridiculizando las denuncias respecto de las intoxicaciones y demás impactos del modelo sojero en el campo paraguayo”.

Estrategias empresariales

Este tribunal ha verificado la ejecución de las siguientes estrategias empresariales implementadas con el objetivo de maximizar sus ganancias y profundizar el modelo neoextractivista imperante:

– La estrategia que se conoce como “puertas giratorias”, que implica que altos funcionarios de la administración del estado pasan a ocupar cargos importantes en las empresas y viceversa, lo que les otorga la posibilidad de conocer y de influir en las decisiones gubernamentales. La fiscalía popular de Monsanto ha manifestado que ex empleados de la empresa ocupan en la actualidad cargos en organismos de gobierno en los Estados Unidos, como la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental y la Corte Suprema de Justicia.

– El pago de sobornos a funcionarios públicos con el fin de ocultar información y/o evitar la realización de serias evaluaciones de impacto ambiental y social de sus emprendimientos y sus métodos de producción y comercialización. Tomamos el ejemplo de la transnacional Monsanto, aportado por la fiscalía popular, que pagó una multa de 1.5 millones de dólares por sobornar a un funcionario indonesio para evitar la evaluación del impacto ambiental del algodón genéticamente modificado en sus laboratorios.

– El ocultamiento de información, como ocurrió con Monsanto en relación a las consecuencias negativas que sobre la salud trae el PCB ((bifenilos policlorados), aceite químico aislante que se utiliza en los transformadores eléctricos, que fue el producto estrella de la empresa por más de cincuenta años, a pesar de haberse demostrado que es causante de hepatitis, cáncer y diabetes. Lo mismo ocurrió en relación al agente naranja, utilizado para arrasar aldeas y cultivos, despejar los bosques y facilitar los bombardeos a la población durante la guerra de Vietnam, cuya utilización trajo como consecuencia la muerte de 400.000 vietnamitas y 500.000 nacimientos de niño/as con malformaciones, además de bajas en el propio ejército norteamericano.

– La publicidad engañosa, como en el caso del glifosato, presentado por Monsanto como un producto biodegradable e inocuo para la salud. Numerosas investigaciones demostraron que no es así, razón por la cual la corporación enfrentó procesos judiciales en Estados Unidos y en Francia.

– La Responsabilidad Social Empresaria (RSE), a través de la cual implementan proyectos y programas comunitarios que les permiten realizar un “lavado verde” de su imagen y desarrollar políticas de cooptación y asistencialismo respecto de las poblaciones afectadas por su modelo productivo. En este sentido este tribunal destaca el accionar de Cargill, que declara que su objetivo es “proveer oportunidades para la nutrición y el desarrollo de la población” y “contribuir a elevar los niveles de vida en todo el mundo, brindando mayor valor a los productores y consumidores”, cuando la realidad concreta demuestra todo lo contrario: su contribución a la mercantilización de la naturaleza y de la vida, generando la pérdida de posibilidades reales de desarrollo de la cultura productiva campesina, que es la que ha alimentado al mundo desde siempre.

– Estas empresas poseen fundaciones que realizan donaciones a instituciones públicas y asociaciones civiles, con el propósito de lograr la “licencia social” necesaria para operar en los territorios. Durante este juicio se ha constatado el accionar de la Fundación Cargill, que publicita una larga lista de “acciones comunitarias” en escuelas, comunidades, instituciones de bien publico, bomberos voluntarios, etc., en muchas de las cuales se ven involucrados los propios empleados de la empresa; y los programas de la transnacional Monsanto “Semillero de futuro” y “Max Solidario” en la Argentina, cuyo objetivos pueden apreciarse en las palabras de quien maneja el Área de Responsabilidad de la Compañía: “devolvemos algo de lo que nos dan las comunidades donde vivimos y trabajamos a través de destinar un millón de pesos para financiar proyectos sociales en las pequeñas comunidades rurales del interior del país que muchas veces quedan relegadas”, “Monsanto selecciona proyectos sociales y productivos en tres ámbitos: salud y nutrición, medio ambiente y educación para financiarlos y contribuir al desarrollo de las comunidades del interior del país”.

La fiscalía popular de Monsanto aportó datos sobre estos proyectos relacionados con la RSE de la empresa en Paraguay. Explicó que la firma “amplió su radio de implementación hacia el Paraguay, bajo el supuesto de crear valor y fortalecer el desarrollo de pequeños emprendimientos en zonas rurales y semirurales, fomentando el financiamiento compartido y desestimando el asistencialismo. Monsanto Paraguay, junto a la Fundación Moisés Bertoni, desarrollan un proyecto de Escuela Agroforestal Autosostenible en el departamento de Canindeyu en el área de la reserva privada del bosque Mbaracayu, (…) que presenta flora y fauna incomparable con otras reservas, contiene bosque primario sin alteración alguna, con aproximadamente 48% de todas las especies de mamíferos y 63% de las especies de aves que habitan en el este del país”. Las inversiones que realiza la empresa en la reserva, destinadas a equipamiento, construcción de escuelas y centros de salud y la compra de tierras se realizan sin la participación de las comunidades indígenas Aché, que se encuentran en una encrucijada ante el avance de la producción agrícola mecanizada y el desalojo de sus ancestrales dominio del Mbaracayu, según datos presentados por la misma fiscalía, violando de esta manera los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

– la criminalización y judicialización de la protesta social, la represión y las amenazas ejercidas sobre las poblaciones que se niegan a la implementación y/o avance de los proyectos empresariales. Es la respuesta empresarial, con el apoyo y la complicidad de los organismos estatales al surgimiento de resistencias populares por parte de asambleas y foros socioambientales, comunidades de pueblos originarios y poblaciones afectadas, que han implementado diversas formas de lucha contra el avance de las corporaciones transnacionales, como bloqueo del ingreso de las empresas a sus territorios, paralización de sus actividades, cortes de ruta, denuncias públicas y judiciales por casos de contaminación probada o probable, entre otras. Ponemos como ejemplo, las campañas de persecución a agricultores por guardar semillas que realiza la semillera Monsanto y el inicio de causas judiciales a agricultore/as por parte de la misma empresa acusándolos de no pagar los derechos de patentes de sus semillas.

Corporaciones como Monsanto implementan mecanismos para obligar a los agricultore/as a utilizar sus semillas, como pueden ser los contratos de tecnología, mencionados por la fiscalía de esa corporación, que forman parte de las obligaciones que tiene el productor al comprar las semillas genéticamente modificadas, como utilizar esas semillas para una sola siembra comercial, sin reservar ninguna parte de la cosecha para volver a sembrar; no facilitar esa tecnología a ninguna persona o entidad; vender toda la cosecha a un comprador autorizado por Monsanto; no usar ni permitir a otros el uso de las semillas que contengan la tecnología patentada por la empresa para crianza de plantas, investigación, generación de datos para el registro de herbicidas o producción de semillas; usar solamente el herbicida Roundup. A través de estos contratos, los productores están autorizados a sembrar la semilla pero la empresa se reserva la propiedad tanto del gen como de la tecnología utilizada para la manipulación del mismo. Además, en caso de que el productor no cumpla el contrato están previstas severas sanciones, a lo que se agrega el derecho de la empresa a investigar hasta el estado de las cuentas de sus clientes, así como a inspeccionar sus campos antes la menor sospecha de incumplimiento. Las formas ilegales que utiliza la empresa para hacer cumplir esos contratos quedaron de manifiesto en este juicio, entre las que se mencionaron la contratación de servicios de agencias de detectives para que controlen a los productores y el fomento de la delación o denuncia entre vecinos.

-Acompañando a estas estrategias, se viene implementando la militarización de los territorios en conflicto. En estas estrategias represivas participan tanto fuerzas de seguridad públicas como privadas, demostrando nuevamente la complicidad de los poderes políticos en la defensa de los intereses empresariales, al poner al servicio de esos intereses las fuerzas de seguridad públicas que deberían proteger los derechos de las poblaciones a una vida digna.

Recomendaciones y propuestas

Con estas denuncias como guía, este tribunal propone

-Trabajar en la creación de una instancia judicial popular, ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, que actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial.

-Demandar a los gobiernos nacionales, y a los gobiernos provinciales, que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados; que aseguren la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los derechos humanos, y que rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos.

-Suspender los megaproyectos de desarrollo de monocultivos, de agronegocios, de grandes represas, de hidrovías, caminos y puertos de la Iniciativa IIRSA, hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.

-Solicitar la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios, que no repetan las normas internacionales que defienden sus derechos, que fueron ratificadas en nuestro país.

– Demandar a los poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema judicial a llevar a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades; que permitan respetar el principio del consentimiento libre, previo e informado de los actores sociales en general y de los pueblos indígenas en particular, así como el principio precautorio, cuando se intenten proyectar inversiones de capitales y políticas de desarrollo que puedan producir efectos negativos sobre el territorio y los derechos de las poblaciones;

A su vez, este tribunal resuelve:

-Denunciar y condenar ante la opinión pública como antiético y violatorio de los derechos humanos, al sistema capitalista, racista, patriarcal, y a este modelo productivo neoextractivista y productivo que impera en nuestra sociedad y que tiene en las empresas transnacionales y  a los gobiernos –nacionales y provinciales- a sus principales protagonistas.

-Denunciar y condenar ante la opinión pública las formas de operar de las empresas transnacionales, ya que las enjuiciadas en esta audiencia se consideran una muestra representativa de la conducta de muchas otras presentes en este y otros territorios.

-Denunciar y condenar ante la opinión pública la complicidad de los poderes políticos en todos sus niveles, de los medios masivos de comunicación y de algunas universidades públicas, con las formas de operar de las corporaciones transnacionales, que generan graves impactos en la calidad de vida de numerosas comunidades y las privan de los recursos básicos necesarios para una vida digna. Las autoridades políticas tienen, a su vez, la responsabilidad por la omisión de medidas a su alcance que podrían modificar la situación actual. Las políticas implementadas desde los estados, como establecer marcos legales e institucionales favorables a las empresas y omitir la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las poblaciones, incrementan el poder de las empresas transnacionales y refuerzan su impunidad, de tal manera que los gobiernos se convierten en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que esas empresas cometen. Además, en muchas ocasiones, esos marcos legales e institucionales hacen jurídicamente imposible para las víctimas prevenir e impedir esas violaciones y obtener una reparación por sus consecuencias.

-Incentivar a las comunidades, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afectadas, a los trabajadores y trabajadoras, a profundizar la organización, a resistir, a movilizar, en defensa de los derechos humanos y ancestrales, por la autodeterminación y la soberanía popular, y en resguardo de sus territorios, su cultura, su identidad y sus formas de vida, contra la mercantilización de la vida que implica el modelo neoextractivista que se profundiza en nuestro país.

Conforme a estos enunciados el Tribunal del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales desarrollada en la Triple Frontera propone que, a partir del crecimiento de la movilización popular, se creen las condiciones para que las corporaciones sean expulsadas de los territorios y sean obligadas a la restitución-remediación del ecosistema tal como lo encontraron al momento de iniciar su explotación.

Al concluir la audiencia de este Juicio Etico a las Transnacionales en la Triple Frontera, las y los participantes, integrantes de movimientos populares, de organizaciones de derechos humanos, investigadores/as, nos declaramos en estado de movilización, de unidad, de encuentro, de solidaridad, para borrar las fronteras entre nuestras resistencias a las políticas de recolonización del continente, para levantar una voz unánime en Nuestramérica en defensa de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar, el respeto a nuestras identidades y formas de organización y de vida, de nuestros derechos como hombres y mujeres, y los derechos de las generaciones venideras, los derechos de la naturaleza, y en definitiva un grito contra las políticas de saqueo, destrucción y muerte, un grito y muchas acciones por la vida, por la libertad, por la plena emancipación. Exigimos una Reforma Agraria Integral, con participación de entidades organizadas de pequeños productores. Afirmamos que las transnacionales no pueden comprar nuestras voluntades, ni nuestra decisión de vivir con dignidad, y no podrán robar nuestra esperanza, ni nuestra capacidad de lucha. Seguiremos creando alternativas propias de producción y de consumo, impulsando la realización de modelos sustentables, y luchando para terminar con el capitalismo, el patriarcado y el racismo, y todas sus opresiones. Seguiremos en solidaridad con quienes luchan por estas mismas causas en toda América Latina y el mundo, unificando fuerzas en la acción común. Manteniendo nuestros sueños y nuestras convicciones, nuestra capacidad de crear en la resistencia, y de creer en los pueblos.

“Sólo en la lucha se espera con ESPERANZA”.

Wanda, 1 de octubre, 2011

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Una respuesta a Sentencia del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales Audiencia de la Triple Frontera

  1. Anam dijo:

    Hay que conseguir que los delitos de la transnacionales, empresas y bancos sean juzgados por crímenes contra la humanidad, por condenar a la muerte a millones de personas por hambre y desnutrición.
    Tienen que ser incluidos como delito en el Estatuto de Roma.
    Por su puesto tiene que ser considerados como imprescriptibles.

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