Desde 1998 hasta mediados de 2010, el hombre se desempeñó como peón tercerizado de Alto Paraná S.A, corporación forestal asentada en la zona Norte de Misiones. “Todo el tiempo trabajaba con los herbicidas, para un contratista de la empresa. Hacíamos trabajo manual en reforestación en las plantaciones de pino, también hacíamos plantaciones y preparábamos el terreno”, había expresado Celso a fines de septiembre, en una entrevista con revista superficie y la productora comunitaria La Rastrojera TV, realizada para un film documental que se encuentra en proceso de edición.

Abandono y silencio cómplice

Repentinamente, en julio de este año el hombre comenzó a padecer un fuerte dolor en el lado izquierdo de la garganta, que apareció acompañado de una parálisis local y un tumor, que fue creciendo con el correr de los días.

En las consultas médicas, los médicos negaban la relación del mal con la exposición a los agrotóxicos. Al respecto, Celso había manifestado que “tengo mis dudas, porque no me dicen exactamente qué es lo que tengo, no me dan un medicamento, quieren seguir haciendo estudios, estamos mal para conseguir turnos, no tengo con qué ir, capaz que tenga que ir a un sanatorio privado nomás”.

Colonos de Puerto Piray atribuyeron el tumor letal a los agrotóxicos y denunciaron el silencio cómplice de Salud Pública: “El Samic está manejado por el gobierno y por Alto Paraná, tapan todo”, expresó una mujer.

Asimismo, evidenciaron que el hecho es uno más de los muchos casos de intoxicaciones, enfermedades y muertes derivadas del uso indiscriminado e inadecuado de agrotóxicos en las plantaciones de pino, materia prima para la pasta celulósica de Alto Paraná S.A.

El propio Celso lo había advertido: “en la zona Norte está lleno (de casos de enfermedades por agrotóxicos), por eso la empresa está eliminando el trabajo manual y está metiendo máquina”.

Click aquí para ver el video de la entrevista a Celso Aníbal Fernández.

Fuente: Revista Superficie

Consideraciones generales 

El Juicio Ético Popular a las Transnacionales es un proceso político pedagógico de comunidades en lucha promovido por el proyecto “Resistencias Populares a la Recolonización del Continente” que comprende, junto al Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL) y al Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, diversos colectivos y organizaciones populares, organismos de derechos humanos e intelectuales de Nuestra América.

El Juicio Ético Popular enjuicia a las corporaciones transnacionales, por ser operadoras centrales del extractivismo, del despojo de los bienes de la naturaleza y de los derechos de las poblaciones, y al sistema capitalista patriarcal, neocolonial, del que son eslabones claves.

El proceso de investigación-acción en el que se constituyeron los fundamentos de este Juicio Ético Popular, se articuló en las audiencias previas de:

- Trelew – 16 y 17 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en Patagonia

- San Miguel de Tucumán – 23 al 25 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en el Noroeste Argentino (NOA).

- Wanda – 30 de septiembre y 1 de octubre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en la Triple Frontera

Ledesma S.A.A.I., corporación de capitales de origen argentinos, fue incluida en este Juicio por sus vínculos y sociedades con las corporaciones transnacionales, porque reproduce sus métodos productivos y estilo empresarial, y porque es un caso emblemático -como grupo de poder económico civil-, en su complicidad con la desaparición, tortura y asesinatos de luchadores sociales cometidos por la dictadura cívico militar de 1976-1983, así como con la represión y criminalización de los movimientos populares en la actualidad.

En la última audiencia, la fiscalía pidió que se agregue la condena a corporaciones transnacionales productoras de agrotóxicos, sumando a Monsanto, a las empresas Novartis, Syngenta, Bayer, y a las empresas farmacéuticas como Big Pharma, por la realización de investigaciones clínicas de sus nuevos productos con la sangre, el dolor y la vida de más de 50.000 argentinos y argentinas.

Por qué un Juicio Ético Popular

En el sistema jurídico actual, las leyes y códigos están puestos al servicio de la defensa de la propiedad privada, de la ganancia capitalista, del orden patriarcal y racista, antes que del cuidado de las personas, de las poblaciones, de las generaciones futuras y de los territorios que sufren las consecuencias de dicho orden.

Esa “justicia” criminaliza sistemáticamente a los y las pobres, a quienes protestan ante las injusticias, a quienes se organizan y se rebelan. Cuestionarla desde la ética es señalar los límites de su accionar y los intereses a los que sirve.

Es desde esa perspectiva, basada no en los marcos actuales de legalidad sino en el concepto profundo de legitimidad, de reivindicación histórica de los derechos del pueblo y de la naturaleza, que se ha constituido este Tribunal Ético Popular.

El Juicio Ético Popular tiene un sentido preciso y profundamente humano: la salvaguarda de la vida y su reproducción actual y futura en todas sus dimensiones e implicancias.

El criterio de discernimiento de lo más ético o lo menos ético radica en la vida: antiético es lo que aniquila o tiende en el mediano y largo plazo a aniquilar la vida. Partimos de una interpretación de la vida deudora de la relación que los pueblos originarios mantienen con la naturaleza, la idea de “buen vivir”.

El peligro mayor para la supervivencia humana está hoy en la globalización fundamentalista de los mercados preparada por las sangrientas dictaduras militares, que continuó en democracia con los mismos argumentos de “favorecer el desarrollo y el progreso”.

A más de 500 años de colonización y recolonización del continente, este Tribunal sostiene que no es lo mismo vivir “de” la naturaleza que vivir “con” y “en” la Naturaleza. Sin embargo, en defensa de los cometidos insaciables de las empresas transnacionales, y en un marco de profundización de la lógica capitalista y de expansión de las fronteras de explotación, se destruye el medio ambiente y se tiende a acabar a pueblos enteros, a comunidades indígenas y criollas campesinas que hoy parecen ser consideradas “poblaciones sobrantes” de la sociedad.

Si la enajenación de la Justicia forma parte de la expropiación estructural del orden neocolonial capitalista, un Juicio Ético Popular contra sus principales operadores -en el contexto de los Bicentenarios independentistas de Nuestra América-, tiene por finalidad apoyar las luchas contra-coloniales, y abrir nuevas brechas de emancipación.

Este Juicio afirma su carácter popular por los intereses que defiende, por las luchas de las que nace, y porque está hecho por y para los movimientos que reivindican la capacidad del pueblo y de sus organizaciones para ejercitar sus propias maneras de valorar lo justo y lo injusto.

Afirmado como propuesta de justicia de los oprimidos y oprimidas, este Tribunal Ético Popular hará llegar los informes sobre los casos juzgados y las sentencias a las comunidades en lucha, para compartir los aprendizajes, los conocimientos creados colectivamente, y utilizarlos en respaldo a las demandas. Los hará llegar también a los poderes políticos y judiciales, a los medios de comunicación y a la sociedad, para fortalecer las resistencias de los movimientos populares que sufren de modo especial las consecuencias de estas políticas.

Algunas consideraciones sobre el modo de acumulación capitalista actual

En Nuestra América, el actual modelo de desarrollo responde a una nueva fase de acumulación del capital, producto de la división del trabajo territorial y global, a partir del cual nuestros países han sido designados como proveedores de materias primas y bienes de consumo a los países del Norte y a las potencias emergentes (China, India, y el propio Brasil). Como en otras épocas históricas, América Latina aparece como continente exportador de bienes de la naturaleza, lo cual reconfigura negativamente nuestros territorios, destruye formas de vida, y genera nuevos modelos de dominación a una escala nunca antes pensada.

A medida que se fueron ampliando la cantidad de proyectos extractivos y las superficies territoriales intervenidas, los conflictos provocados por los mismos no han cesado de crecer. Cada proyecto desencadena un conflicto que no termina, ni aún cuando sea momentáneamente paralizado, o cuando se hubiere agotado el ciclo de vida de la explotación. La conflictividad tiene, como los pasivos ambientales, una sobrevida que excede largamente la del período de explotación.

Algunas de las características de este modo de acumulación capitalista, basado en un modelo de desposesión, extractivista, reprimarizador son:

- La importante concentración del capital -tanto en el plano de la producción y comercialización de las materias primas, como en el de la comercialización y distribución de sus productos- a través de un proceso de fusión y absorción en unas pocas grandes empresas.

- Los gobiernos abren las puertas de los países a las inversiones del gran capital extranjero, y hasta las subsidian con el presupuesto nacional, colocando el aparato del Estado al servicio de éstas. Las facilidades que viabilizan el saqueo, se han convertido en “políticas de Estado”. La normativa jurídica y la política fiscal (fundamentalmente la exención de impuestos), son fuentes que favorecieron su expansión y consolidación.

- La Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA)  provee gran parte de la infraestructura necesaria para interconectar las periferias con los puertos exportadores, proveyendo los caminos más cortos para el traslado de los bienes comunes naturales. Con ese fin se destruye la cordillera, se hacen navegables los ríos para el traslado de grandes cargamentos, provocando daños irreversibles en el ecosistema y en su biodiversidad irrepetible, en función de favorecer el comercio y obtener grandes ganancias. Se construyen faraónicas usinas de energía para uso extractivista de las corporaciones, que endeudan aún más a los países del Sur e impactan de manera degradante en el medio y en las poblaciones, generando gigantescas diásporas sociales. Son las nuevas venas abiertas que delinean “las vías del saqueo”.

- La alta concentración de las tierras. A través de grandes inversiones agrícolas, forestales, mineras, el capital se apropia de grandes extensiones de tierra y fuentes de agua, muchas veces a costa de la expulsión de poblaciones del interior, pueblos originarios y comunidades campesinas. Como ejemplo denuncia la fiscalía popular de Alto Paraná que: “La compañía que concentra la mayor cantidad de tierras es Alto Paraná, propietaria de 230 mil hectáreas de tierras en Misiones. A esa cantidad deben sumarse los territorios explotados por medio de testaferros, arrendamientos de tierra y otros tipos de manejo de la tierra, con lo que la firma trasandina supera las 280 mil hectáreas, lo que equivale al 10 por ciento de la superficie total de la provincia de Misiones”.

- La consolidación del agronegocio implica la presencia de una cadena de corporaciones transnacionales, cuyos roles abarcan desde la provisión de semillas hasta la venta de productos en los hipermercados, incluyendo la construcción de la infraestructura necesaria que permite el traslado de las materias primas hacia los países importadores. La amplia variedad de inversiones que realizan las empresas se puede ejemplificar con la transnacional Cargill, que se dedica al procesamiento y comercialización de oleaginosas y de cebada, y  que a su vez ha construido frigoríficos y molinos harineros, además de puertos, caminos, hidrovías (parte de la Iniciativa IIRSA) así como una extensa red de acopios. Informa la fiscalía popular de Monsanto que: “A este creciente control sobre un proceso determinado en la cadena del agronegocio, se agrega el hecho de que las mayores transnacionales participan a la vez en varias de estas etapas, logrando ampliar su control sobre el sistema global y, por ende, acaparando un mayor volumen de negocios, obteniendo más ventas e incrementando exponencialmente sus ganancias”.

-  El control de las semillas y de los plaguicidas asociados a ellas ha impuesto un paquete tecnológico que incluye la producción, la venta, el control y la imposición de semillas transgénicas por parte de unas pocas compañías transnacionales, entre las que merecen destacarse además de la estadounidense Monsanto que tiene un control del 23% del comercio de semillas a nivel mundial, las empresas Novertis, Syngenta y Bayer.

Monsanto patentó variedades de cultivos -soja y algodón transgénicos, maíz BT y colza modificada genéticamente- con el fin de controlar los mercados, generando un alarmante proceso de mercantilización de la vida y de destrucción de la biodiversidad, desconocido hasta hace unas décadas.

- El desarrollo de los monocultivos cuyo destino es fundamentalmente la exportación, no sólo somete a los pueblos a la dependencia del monopolio de semillas, sino que además atenta contra la soberanía alimentaria, al provocar que muchas tierras que se destinaban a la producción de alimentos, ahora se utilicen para cultivos de exportación. En un momento en el que en el mundo hay mil millones de seres humanos padeciendo hambre, se reduce la producción de alimentos, se destinan tierras al cultivo de agrocombustibles, se encarece el precio de los alimentos y crecen las ganancias extraordinarias de las corporaciones transnacionales.

- La deforestación del monte nativo. La abrupta expansión de las fronteras del capital verificada en las últimas décadas se ha realizado a costa de sacrificar el monte nativo. La expansión de la superficie sojera, minera y forestal ha implicado una gravosa pérdida de bosques nativos y la consecuente pérdida de biodiversidad y desplazamiento de poblaciones cuyas estrategias de vida están íntimamente ligadas al monte. Un caso particularmente engañoso es la promoción de programas de forestación que terminan implantando grandes extensiones de monocultivos forestales. En la mayoría de los casos la “forestación” implica deforestación previa de monte nativo. Informa la fiscalía de Alto Paraná: “En Misiones se talan más de 30 hectáreas de monte por día y desaparecen 12 mil hectáreas cada año”.

- La destrucción de la agricultura campesina y familiar. El modelo de agronegocios presenta un carácter excluyente, pues su avance vertiginoso, su expansión descontrolada, desborda cualquier frontera e impide que las comunidades campesinas e indígenas desarrollen sus formas tradicionales de cultivo.

- A través de un proceso de integración vertical de los distintos rubros de inversiones, se ha impuesto un modelo agroalimentario hegemónico, en el que la alimentación transformada en mercancía es un mecanismo de control de nuestras vidas por parte de las grandes corporaciones transnacionales, que dominan la producción, comercialización y distribución de alimentos a escala mundial, determinando qué, cómo, cuánto, dónde, para qué y para quién se va a producir.

- La articulación entre diferentes explotaciones extractivas permite consolidar el modelo económico imperante. Un ejemplo es el acuerdo Vale-Repsol para la provisión del gas necesario para explotar el Proyecto Potasio Río Colorado. A lo largo de este juicio se ha podido constatar que dicho emprendimiento tiene como objetivo abastecer a las producciones de soja, caña de azúcar y palma aceitera en Brasil, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de los agronegocios y la tendencia al monocultivo, en especial de la producción de agrocombustibles. Así, este proyecto contribuye activamente al desmonte de la región amazónica y el Matto Grosso y, junto con ello, a la desertificación de uno de los pulmones del planeta.

- La expansión de la frontera de la explotación hidrocarburífera y minera configura un escenario que favorece a las operadoras privadas, acentúa las asimetrías ya existentes, aumentando su capacidad de negociación y chantaje frente a las poblaciones. Desde el año 1993 hasta la fecha asistimos, en Argentina, a la cristalización de un modelo altamente favorable al capital extranjero, gracias a la consolidación de un marco legal que transfirió nuevas prerrogativas a las provincias, política prácticamente inédita y a contramano de la tendencia a nivel mundial. De esta manera, se agigantó la capacidad de negociación de las operadoras privadas.

Profundizando las políticas extractivistas del sector, en los últimos años han comenzado las explotaciones no convencionales, entre las cuales se destaca el shale gas o gas de pizarra que se obtiene a partir de la explotación del esquisto, una roca sedimentaria formada a partir de depósitos de lodo, cieno, arcilla y materia orgánica. Este tipo de explotaciones han cobrado relevancia a partir de un contexto económico favorable, producto del aumento del precio de los hidrocarburos, la irreversible declinación de las reservas tradicionales, y los avances tecnológicos que hacen posible la utilización de técnicas más sofisticadas. Las explotaciones no convencionales implican un mayor despliegue territorial y la utilización de compuestos químicos que son fuente de contaminación.

- La expansión de la megaminería a cielo abierto es otra característica del actual modelo de acumulación. La existencia cada vez más limitada de minerales de superficie y de alta ley, ha generado la utilización de un método de extracción que permite obtener el mineral diseminado, mediante la llamada “minería a cielo abierto”, que implica la realización de enormes perforaciones (“open pif”) a través de voladuras con explosivos, grandes maquinarias para la extracción y trituración de las rocas, el transporte del mineral y la utilización de sustancias tóxicas que permiten separar (lixiviar) y obtener el mineral. Es un método altamente destructivo que utiliza ingentes volúmenes de agua y de energía, en detrimento de regiones que padecen sequías y éxodo poblacional. Se trata de minería a gran escala, de megaemprendimientos, una actividad que consume enormes cantidades de agua y energía, y por ende compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo). En cuanto al consumo de energía, por ejemplo, informa la fiscalía de Minera Alumbrera que ésta “utiliza casi el doble de la energía (175%) que el total de la energía consumida por todo concepto por la provincia en su conjunto. Las familias catamarqueñas utilizan sólo el 21 % de la energía consumida por Minera Alumbrera. Esta situación se viene traduciendo en cortes de energía sistemáticos, sumados a problemas de tensión y a restricciones en el consumo en las épocas de mayor demanda energética, generalmente en los días de temperaturas extremas en los inviernos, y en especial en los rigurosos veranos de la zona”. Dada la envergadura de los emprendimientos, éstos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones desplazando economías regionales pre-existentes. Por ende, es una actividad económica claramente asociada con el saqueo, la contaminación y la destrucción de los territorios, que viene expandiéndose en nuestro país y en otros muchos de nuestro continente.

El control de la palabra y de la comunicación

La dominación de los capitales transnacionales y la creación de hegemonía política del bloque de poder que sustenta al modelo se constituyen a través del control de la palabra, de los mecanismos de “construcción de verdad”, de la comunicación y difusión de mensajes que promueven el consumismo, la exaltación del mercado, la violencia, en medios de uniformar las maneras de ver el mundo. Es alarmante la difusión de imágenes degradantes de las mujeres, la reproducción de estereotipos sexistas, la proliferación de la pornografía a través de las nuevas tecnologías informáticas, que aumentan la capacidad de maniobra de las redes de trata y de prostitución.

Este Tribunal considera necesario llamar la atención sobre el papel de las corporaciones de la comunicación y de la informática, alertando que:

- A pesar de sus inmensas ganancias, el derecho a la comunicación no está garantizado para los sectores populares excluidos de la sociedad.

- Algunas de las grandes corporaciones de la comunicación y la informática actúan en el mundo como aliadas del poder global militarizado, de sus servicios de inteligencia y de información, e incluso están constituidas por empresas creadas desde estos centros. Gran parte de la tecnología que utilizan, por ejemplo el sistema de mapeo, de reconocimiento facial, el desarrollo de un software de prospección de redes sociales, fueron desarrolladas por empresas que recibieron financiamiento de la CIA. Muchas de las informaciones, comunicaciones e imágenes que estas corporaciones circulan, fueron puestas al servicio de los procesos de criminalización de los movimientos sociales y de control de las protestas.

- En el espacio virtual, todos los sistemas de redes sociales utilizan mecanismos para la detección de lo que llaman tendencias y sentimientos. Estamos asistiendo a un proceso de profundas transformaciones en nuestras relaciones de comunicación y en la cultura. Desde hace mucho tiempo el espacio público ha sido el espacio central de la construcción política. Ahora asistimos a una privatización del espacio público. El control en el espacio inmaterial, en el ciberespacio, está fundado en la posibilidad de detectar y anticipar lo que va a suceder, donde coinciden los intereses de control de los estados con los de las corporaciones.

- Las corporaciones de la comunicación tienen las actitudes características de toda empresa monopólica: crear estándares propios, garantizar obsolescencia programada, profundizando los marcos del actual modelo de consumo. Tienen mecanismos para  garantizar que su clientela quede cautiva.

- La dirección en que va apuntada la demanda y el consumo sobre estos bienes inmateriales, se relaciona con la dilapidación de recursos materiales. Esto impacta en el mundo material y en la vida de la gente. El óxido de tantalio que está en cada celular cuesta vidas humanas. Las guerras de baja intensidad en el África Occidental se producen por conseguir este tipo de recursos. Las corporaciones de lo inmaterial tienen sus raíces puestas en el mundo material, y profundizan nuestra dependencia hacia modelos de consumo insostenibles.

Militarización, intervencionismo, golpes de estado

Las corporaciones transnacionales promueven la militarización de los territorios en los que están actuando, el intervencionismo y las invasiones armadas, la desestabilización de los gobiernos, los golpes de estado, los conflictos entre países, las acciones de inteligencia y contrainteligencia, las guerras de baja, media y alta intensidad, anulando la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Ha sido evidente la posición de las corporaciones petroleras, farmacéuticas, hidroeléctricas, del agronegocio, compañías fruteras, mineras, de la telefonía celular, junto con los monocultivos de la palma africana, la conspiración de las maquilas, en el golpe de estado de Honduras. La dictadura cívico militar que emergió del mismo, recibió y continúa recibiendo el respaldo de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el BID, y las instancias financieras de la Unión Europea.

El golpe de estado se propuso restaurar los privilegios de las corporaciones, sacando a Honduras del proceso de integración en el ALBA e incluyéndola en las iniciativas de integración subordinadas al poder norteamericano y europeo como los Tratados de Libre Comercio y el Plan Mérida. Desde entonces, sigue creciendo la militarización, el paramilitarismo, las agencias de seguridad, el narcotráfico, el sicariato, la intervención de militares colombianos y salvadoreños en operativos represivos, la presencia militar norteamericana a través del incremento de las bases militares y de la participación directa en operativos de represión. Todos los días se producen asesinatos, torturas y otras formas de agresión, especialmente contra las comunidades campesinas, indígenas, garífunas, negras. En los años posteriores al golpe de estado, han crecido brutalmente los femicidios, la violencia contra las mujeres, los y las jóvenes, el asesinato de integrantes de la comunidad lgttbi. Hay una especial agresión contra la libertad de expresión, que se manifiesta en los asesinatos de periodistas y los ataques a las radios comunitarias.

Estos hechos siguen en total impunidad y se agrava la represión que sufre el pueblo hondureño. Tienen responsabilidad, en esta situación, los gobiernos que han votado por el reingreso de Honduras a la OEA, a las instancias de integración centroamericana, dando una imagen de retorno a la “normalidad”, que no se condice con la grave situación que vive este pueblo.

En Colombia, el avance del militarismo, la instalación de nuevas bases y operativos militares y paramilitares se dan en paralelo al crecimiento de la inversión extranjera, de la implementación de un modelo económico a favor de las empresas transnacionales, que se han instalado a sangre y fuego en contra de los derechos de los pueblos a la soberanía y al territorio. Esto se materializa con la incursión de Colombia en las grandes corrientes comerciales mundiales a partir de los Tratados de Libre Comercio, como el firmado recientemente con EE.UU.

Algunos de los impactos generados por las corporaciones transnacionales en Colombia son: privatización de los servicios públicos, precarización del trabajo (se denunció que hay 30.000 trabajadores precarizados en la industria petrolera), concentración de la tierra (64,7% de la tierra está en manos del 0,4% de los terratenientes), destrucción del medio ambiente y la biodiversidad. Es alarmante la denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos: 4 millones de desplazados (10% de la población), 50.000 desaparecidos en los últimos cinco años, 7.500 detenidos y detenidas políticas.

Este Tribunal Ético Popular ha analizado las denuncias y los testimonios presentados, ha considerado las sentencias regionales, ha recogido los aportes del proceso de investigación–acción realizado en los años previos desde el proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente y, valorando los saberes populares así como los aportes académicos, dicta la sentencia que a continuación reproducimos.

Sentencia

1. Fundamentos

Este Tribunal Ético Popular ha escuchado las denuncias realizadas en las audiencias de la Patagonia, del NOA, de la Triple Frontera, a las que se han sumado, en la audiencia de Buenos Aires, los testimonios de movimientos sociales de Colombia, Honduras, Brasil, Paraguay, México, sobre los crímenes de las corporaciones transnacionales. Saqueo, destrucción, contaminación de los bienes comunes naturales, desplazamientos forzados de poblaciones, vaciamientos de territorios, golpes de estado, intervenciones militares, femicidios, mercantilización de todas las dimensiones de la vida, negación de culturas e identidades se encuentran en sus extensos prontuarios. La violencia ha sido y es central en los dispositivos coloniales y neocoloniales. Es el medio principal de producción de sentidos que naturaliza las relaciones sociales de explotación, opresión y dominación. En esta dinámica, los Estados actúan como disciplinadores de las poblaciones y los territorios y como legitimadores de los megaproyectos.

Este Tribunal Ético Popular ha constatado que los crímenes realizados por las transnacionales en América Latina, invisibilizados por el discurso del poder y por los grandes medios de comunicación, tienen los alcances de un auténtico ecocidio y genocidio, y pueden ser considerados –dadas las dimensiones de destrucción, afectación masiva de la salud y muerte que promueven- como delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza.

Asumiendo el paradigma de los derechos humanos y el de los derechos de la naturaleza, este Tribunal Ético Popular apuesta a ampliar su comprensión, que se ha visto reducida por una mirada de los derechos humanos que tiende a subestimar e invisibilizar los crímenes que no se relacionan directamente con la represión política e institucional, minimizando o directamente no considerando a aquellos que se relacionan con la criminalización de la pobreza, la falta de respeto y valoración a las culturas oprimidas en Nuestra América, la exclusión, las mujeres desaparecidas en democracia por las redes de prostitución y trata, la muerte o la mala vida de una infancia que no tiene lugar en las políticas de Estado.

El Tribunal Ético Popular considera necesario también problematizar esta falsa dicotomía entre “naturaleza” y “humanidad”, compartiendo los saberes de los pueblos originarios desde los cuales no hay una frontera entre ambas, ya que como humanidad somos naturaleza, y todas sus destrucciones lo son, en unidad, destrucciones de nuestras vidas.

Este Tribunal Ético Popular considera que no es posible enjuiciar a las transnacionales sin hacerlo, simultáneamente, al llamado “modelo de desarrollo” y al sistema capitalista, patriarcal y racista que lo ha generado, lo reproduce y lo extiende en torno a un sujeto central que es el hombre blanco, burgués, propietario, heterosexual, occidental y cristiano.

Este Tribunal Ético Popular ha comprobado que este modelo, cuyos actores principales son las corporaciones y los Estados, es responsable de violaciones a diferentes derechos, tanto individuales como colectivos incluyendo, dentro de estos últimos, a los derechos de los pueblos originarios, con la consecuente agudización del sufrimiento social.

Respecto de las violaciones de derechos sociales y económicos

La violación de derechos sociales y económicos se expresa en un conjunto significativo de situaciones, impactos y violencias, tanto sobre sujetos, como familias y comunidades, entre ellos:

* Éxodo, expulsión rural, por el desplazamiento de comunidades y surgimiento de “refugiados ambientales”.

* Migración forzada, que afecta con más fuerza a las mujeres rurales que buscan mejores condiciones de vida, quedando expuestas -dada su vulnerabilidad- a las redes de trata con fines de explotación laboral y/o sexual.

* Destrucción de las formas de vida. Con ello nos referimos a la destrucción de su riqueza cultural y sus prácticas sociales, aumentando los índices de drogadicción, alcoholismo, prostitución y violencia intrafamiliar.

* División de comunidades y compra de voluntades a través de la corrupción de funcionarios y de la distribución de planes sociales, en nombre de una muy dudosa responsabilidad social empresarial, destinada no sólo a acallar la protesta o a confundir sobre los objetivos de las transnacionales, sino a controlar la producción y la reproducción del conjunto de la vida social.

* Profundización de la precarización y flexibilización laboral, con el aumento del trabajo temporario, la tercerización del empleo, la violación de los derechos laborales, la baja calificación laboral e, incluso, el trabajo esclavo. En algunos casos, esta precarización es generada como consecuencia del desarraigo y abandono de las poblaciones de sus lugares de origen, en busca de empleo.

* Destrucción de las economías regionales existentes, debido a la imposición de un modelo económico construido de acuerdo con las necesidades de las corporaciones, y no de las poblaciones locales.

Respecto de las violaciones a los derechos a la salud y a un ambiente sano

La violación de estos derechos se evidencia en una multiplicidad de efectos dañosos que se han documentado en este Tribunal.

* Afectación irreversible de la salud de las poblaciones debido al uso de agrotóxicos: disminución de las defensas, aumento de la mortalidad infantil, esterilidad, intoxicaciones, enfermedades mentales, cánceres, malformaciones congénitas, alteraciones hormonales, lupus, artritis, asma, alergias, disminución de fertilidad, trastornos de conducta, etc..

* Afectación de la salud de las poblaciones como consecuencia de la contaminación del agua, el aire y la tierra, por ejemplo en el caso de explotaciones de megaminería a cielo abierto -con uso de sustancias tóxicas-. En las explotaciones del mineral plomo, se recuerda el caso de Abrapampa, Jujuy, por la comprobada presencia de plomo en sangre en los niño/as de esa localidad del Noroeste Argentino. Las mujeres embarazadas tienen infecciones urinarias más frecuentes. Se ha comprobado una estrecha relación entre las minas uraníferas abandonadas y niños que nacen en sus proximidades, con paladar partido y labio leporino. Se han comprobado las afectaciones en la salud de integrantes de comunidades mapuche ubicadas en Loma de la Lata por la presencia de metales pesados en el organismo.

* No se ha realizado remediación o restitución de suelos por la explotación minera.

* Violencia producida por el desempleo, que se traduce en cuadros severos de angustia, malestar y/o sufrimiento psíquico, adicciones, violencias, etc., lo que impacta no sólo en la persona afectada, sino también en sus vínculos familiares y sociales.

* Multiplicación de enfermedades agudas. En el caso de las regiones de explotación petrolera, las enfermedades más comunes que se presentan son: infecciones respiratorias agudas (bronco neumonía y gripe), diarreas, hepatitis, parasitosis y desnutrición. El paludismo y las diarreas infantiles son las enfermedades de mayor incidencia en las zonas rurales, presentándose ambas en época de verano. La desnutrición se da en menores de dos a cinco años. La mayoría de casos ocurren en la población indígena. Los lugareños sostienen padecer diversos síntomas (micosis de piel, cansancio, irritación de la nariz, de los ojos), indicadores de la contaminación de la zona.

* Fue denunciado en este tribunal que las grandes empresas transnacionales farmacéuticas utilizan para el desarrollo de nuevos productos, a personas de países periféricos, aprovechando la falta de regulaciones que permiten abusar de su salud, prácticamente sin costos. Muchos médicos en Argentina, “reclutan” pacientes para protocolos de investigaciones generadas por las empresas en sus países de origen, y cobran entre 200 y 15.000 US$ por cada uno de ellos. Empresas transnacionales (como Big Pharma) y médicos reclutadores, prueban antihipertensivos, vacunas experimentales, antiepilépticos, antidepresivos, etc., haciendo un gran negocio en el que los pacientes ponen su cuerpo ingenuamente.

El Ministerio de Salud y demás organismos estatales permiten esta aberrante práctica de investigación privada. Más de 50.000 argentinos pasan o pasaron por estos ensayos clínicos comerciales, y el número de protocolos sigue aumentando, habiendo en curso cerca de 1.000 en el corriente año.

Respecto de la violación de derechos de la Naturaleza que impactan sobre la vida

Históricamente, la naturaleza ha sido considerada como un “capital” o una “canasta de recursos inagotables”. Esta visión antropocéntrica propia de la Modernidad, centrada en la idea de una naturaleza inagotable e infinita, ha encontrado una nueva inflexión en la actual dinámica de acumulación del capital, basada en la apropiación y sobre-explotación de la vida. Desde los minerales, el agua, la biodiversidad, hasta las semillas, los saberes medicinales ancestrales y la fotosíntesis hoy son concebidas como “mercancías” que forman parte del mercado global.

Contra este modelo civilizatorio, emerge un nuevo Constitucionalismo Latinoamericano que proclama una convivencia con todos los seres vivientes de la tierra, denunciando el fundamentalismo de mercado desde una perspectiva más amplia y universal. El telón de fondo sobre el que nacen los que hoy se denominan Derechos de la Naturaleza, principalmente desde las sabidurías y luchas de los pueblos originarios es, en gran medida, la emergencia planetaria como resultado de la destrucción de ecosistemas enteros.

En este sentido, este Tribunal valora la perspectiva jurídico-filosófica, -que aparece por primera vez en la nueva Constitución Ecuatoriana (2.009)-, que subraya el desplazamiento desde una visión antropocéntrica de la Naturaleza hacia otra “socio-biocéntrica”. Así, la Naturaleza aparece como sujeto de derechos, a los cuales se define como “el derecho a que se respete integralmente su existencia, y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (artículo 71). La Naturaleza posee valores intrínsecos (también llamados valores propios), que están en los seres vivos y en el ambiente, y que no dependen de la utilidad o consideración humana.

Dicha postura estableció que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad tiene la facultad de exigir el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza (Art. 71 y ss). Tal como sostienen algunos juristas “lo que es más importante es que al reconocerle a la Naturaleza el carácter de sujeto de derechos, adquiere ésta la condición de tercero agredido cuando se la ataque ilegítimamente y habilita así el ejercicio de la legítima defensa en su favor (legítima defensa de terceros)”.

Desde estas posiciones, consideramos que el actual “modelo de maldesarrollo”, traducido por la mercantilización de la naturaleza, es un modelo profundamente “tanático” o destructivo, que incorpora la vida a la muerte, en lugar de incorporar la muerte a la vida. Es un modelo que incurre en la sistemática violación de los Derechos de la Naturaleza (y de los Derechos Humanos), y amenaza en ello con su destrucción masiva.

Entre otras implicancias, este Tribunal ha constatado:

* Destrucción de bienes naturales que agravan y aceleran el cambio climático.

* Multiplicación de megaproyectos extractivos que producen deforestación, una de las principales causas del efecto invernadero. Varios de los casos presentados ante este tribunal evidencian, como consecuencia de la deforestación que, en época de lluvias, se producen aludes de barro que arrasan con las casas y han producido la muerte de familias enteras. Las grandes lluvias también afectan la flora y la fauna de la zona impactando sobre la biodiversidad.

* Desaparición de bosques nativos, deterioro de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, como consecuencia de las actividades llevadas a cabo por diferentes industrias extractivas juzgadas por este Tribunal, en manos de agentes transnacionales.

* Destrucción de los ecosistemas y comunidades durante las tres etapas de prospección, exploración y explotación de la megaminería “a cielo abierto”, como consecuencia de la utilización de sustancias químicas, reactivos tóxicos de lixiviación y sistemas de flotación que destruyen economías regionales, exprimen suelos, humedales y cuencas hidrográficas no renovables. Entre otros efectos, éstas producen:

-pérdida de vegetación por la emisión de cargas contaminantes al aire y al agua y procesos de erosión acelerados;

- efectos erosivos sobre el suelo y ruptura de las cadenas alimentarias de la que dependen la fauna; provocados por la pérdida de vegetación de pradera;

- Amenaza de extinción de especies animales y vegetales;

- Afectación de los cursos de agua por la generación de aguas ácidas, o por la presencia de sólidos en suspensión que, al aumentar la turbiedad, disminuyen los rangos de luminosidad, afectando los procesos biológicos de fauna y flora que habita en los medios acuáticos.

* Afectación del suelo:

- remoción incontrolada de la capa vegetal y deforestación;

- procesos erosivos incontrolados;

- cambios en el paisaje;

- alteraciones en el drenaje;

- absorción de contaminantes transportados por vía aérea;

- desertificación y pérdida de fertilidad de los suelos.

* Afectación del agua:

- agotamiento de las fuentes de agua;

- captación y acumulación monopólica de los derechos de agua;

- cambios en la hidromorfología;

- contaminación de acuíferos;

- alteración de la mecánica de las corrientes de agua;

- contaminación de cuencas hídricas con metales pesados, o compuestos de cianuro;

- drenajes ácidos de minas (DAM) y drenajes ácidos de roca (DAR).

Este Tribunal subraya la gravedad de estas violaciones y recuerda la importante decisión de Naciones Unidas, por la cual el 28 de julio de 2.010 declaró el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento. Esa declaración manifiesta además su “profunda preocupación” porque “aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento básico”. Agrega su “alarma” porque “cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de cinco años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”.

* Afectación del aire:

- contaminación por dispersión de sólidos en suspensión (plomo, mercurio, uranio y arsénico, entre muchos otros metales y metaloides).

- generación y transporte de nubes de lluvias ácidas por emisión de minerales sulfatados.

Un caso testigo corresponde a las actividades petroleras que contaminan los acuíferos, los ríos y esteros por los desechos generados y porque interrumpen su flujo. La contaminación petrolera no se limita al área inmediata de su operación; fluye con el agua. El agua, además, es el vehículo comunicacional hacia la biósfera y el de toda la cadena trófica.

Al respecto, este Tribunal ha constatado que ninguna de las empresas representativas de los modelos extractivos aquí analizados incorpora operativamente o respeta los principios preventivo y precautorio contenidos en la Ley General del Ambiente (Ley Nro. 25.675, sancionada el 6 de noviembre de 2.002), que son la base de todo el derecho ambiental.

Éstos son:

Principio de prevención: a través del cual se establece que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Principio precautorio: a través del cual se establece que, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

Principio de equidad intergeneracional: a través del cual se establece que los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

Respecto de las violaciones de Derechos Culturales

La violación de Derechos Culturales se manifiesta en una diversidad de situaciones, en una compleja trama que incluye desde la mercantilización de la vida a la invisibilización de las culturas consideradas subalternas y la desapropiación de saberes ancestrales. Entre otras violaciones, este Tribunal ha constatado:

* Imposición de un sistema alimentario global que tiene consecuencias catastróficas en la alimentación, ya que los sistemas alimentarios locales y las prácticas culturales y culinarias tradicionales se ven erosionadas, lo cual conduce tendencialmente a su extinción.

* Desapropiación de plantas y saberes asociados a ellas. Las empresas transnacionales son responsables de biopiratería, del robo y la apropiación de los saberes de los pueblos.

* Negación, invisibilización y borramiento de la historia y la cultura de los pueblos y sustitución por un pensamiento uniforme referido a un orden global hegemónico.

* Afectación del territorio de las comunidades indígenas, que constituye la base de su cosmovisión e identidad cultural y social. Un caso testigo presentado ante este Tribunal es el del Proyecto Navidad, referido al traslado de un cementerio mapuche de la zona (en la época en que el proyecto estaba en manos de la empresa IMA – Inversiones Mineras Argentinas), palmaria demostración de que el emprendimiento está emplazado en territorio ancestral. Esta ruptura de las formas de vida tradicionales ha generado el surgimiento de refugiados ambientales que han perdido sus territorios y en muchos casos han ido a engrosar los barrios marginales de las ciudades en condiciones de pobreza, miseria y exclusión.

* Generación de escenarios propicios para el incremento del consumo de drogas, el juego y la constitución de redes de trata de mujeres para la prostitución, debido a las condiciones laborales de estas industrias, caracterizadas por la concentración de hombres solos en zonas de explotación petrolera o localidades cercanas.

* Alteración de las formas de vida de los pueblos, desconocimiento de sus usos y costumbres, y negación de sus identidades.

* Destrucción y afectación del patrimonio arqueológico de la región.

* Las políticas de legitimación, como la mal llamada “compensación ambiental”, por ejemplo, a través de los bonos verdes, significa de hecho la compra de un permiso para contaminar, y las “disculpas” por contaminar.

Respecto de las violaciones de Derechos Civiles y Políticos

El Tribunal considera que este modelo de maldesarrollo pone en jaque a la democracia y los derechos fundamentales de los pueblos, porque avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, de divisiones en la sociedad, y una espiral de la criminalización de las resistencias que, sin dudas, abre un nuevo y peligroso capítulo de violación de los Derechos Humanos, y habilita la consumación de nuevos genocidios.

En consecuencia, este Tribunal considera que no se trata solamente de una discusión económica, técnica o ambiental, sino también de una discusión política sobre los alcances mismos de la democracia.

Entre las violaciones y atentados a los derechos civiles y políticos se han constatado:

*Desterritorialización del Estado y desestatización del territorio. La omnipresencia de los intereses de las corporaciones transnacionales ha implicado una significativa pérdida de la capacidad de regulación y control de los territorios, esto es una pérdida de soberanía nacional y popular. Uno de los casos emblemáticos es el de la compañía Barrick Gold, que gracias a la firma de un tratado binacional controla porciones del territorio argentino y chileno.

* Corrosión institucional y corrupción política: en tanto grupos de presión con fuerte capacidad de lobby, las empresas transnacionales intervienen activamente en la formulación de políticas nacionales, imposición o remoción de funcionarios, derogación y/o sanción de diferentes normativas en sus diferentes niveles, cooptación de medios de comunicación en función de sus objetivos económicos y en detrimento de derechos constitucionales fundamentales.

* Pago de sobornos a funcionarios públicos con el fin de ocultar información y/o evitar la realización de serias evaluaciones de impacto ambiental y social de sus emprendimientos además de sus métodos de producción y comercialización. Asimismo, la estrategia que se conoce como “puertas giratorias” implica que altos funcionarios de la administración del estado pasan a ocupar cargos importantes en las empresas y viceversa, lo que les otorga la posibilidad de conocer y de influir en las decisiones gubernamentales.

* Control social y estigmatización de perspectivas críticas, visiones diferentes y organizaciones y sujetos que las expresan. Este Tribunal ha podido constatar la construcción de una narrativa descalificadora y estigmatizante, a través de la difusión e imposición de un discurso hegemónico en nombre del “desarrollo” y la “defensa del empleo” (a través de medios de comunicación, universidades, fundaciones, publicaciones del sector, entre otros). Entre los dispositivos de control social, las empresas transnacionales implementan la llamada Responsabilidad Social Empresaria (RSE), con proyectos “comunitarios” que les permiten realizar un “lavado verde de su imagen” y desarrollar políticas de cooptación y asistencialismo de las poblaciones afectadas por sus explotaciones, a fin de lograr la licencia social para las empresas. Un ejemplo de ello son los proyectos de forestación con especies exóticas de coníferas en zonas cordilleranas por empresas petroleras como YPF y Chevron, que incrementan los monocultivos forestales en campos de veranada de las comunidades mapuche y crianceros criollos. Estos generan conflictos territoriales por la afectación de las rutas de trashumancia y la reducción de los espacios de pastoreo, además de impactar sobre el bosque nativo expuesto al avance  colonizador de estas especies exóticas.

* Prohibición y/o no realización de Consultas Públicas a las poblaciones sobre temas relevantes, tal como lo prevé la reforma de la Constitución Nacional de 1.994, en relación a la implementación de proyectos extractivos que afectan severamente las condiciones de vida de la población. Los casos emblemáticos analizados por este Tribunal corresponden a la industria minera. A excepción de la consulta realizada en la localidad chubutense de Esquel (2.003), todas las otras consultas solicitadas por la población y/o los municipios han sido prohibidas (Calingasta, Tinogasta, Andalgalá., Iglesias, Loncopué).

*Denegación del acceso a y ocultamiento de la información pública, acerca de los diferentes proyectos extractivos, sobre todo en lo que respecta al estadio de desarrollo e informes de impacto ambiental. Se testimonió el ocultamiento de información, como ocurrió con Monsanto en relación a las consecuencias negativas sobre la salud que trae el PCB (bifenilos policlorados), aceite químico refrigerante que se utiliza en los transformadores eléctricos, que fue el producto estrella de la empresa por más de cincuenta años, aún después de haberse demostrado que es causante de hepatitis, cáncer y diabetes. Lo mismo ocurrió en relación al agente naranja, utilizado para arrasar aldeas y cultivos, despejar los bosques y facilitar los bombardeos a la población durante la guerra de Vietnam. Su utilización trajo como consecuencia la muerte de 400.000 vietnamitas y 500.000 nacimientos de niño/as con malformaciones, además de bajas en el propio ejército norteamericano.

*Cierre de los canales de expresión pública, debido al control de los medios de comunicación por parte de sectores interesados en promover dichos proyectos extractivos, y  publicidad engañosa como en el caso del glifosato, presentado por Monsanto como un producto biodegradable e inocuo para la salud.

-Agravamiento de la criminalización y judicialización de la protesta social, represión y amenazas sobre las poblaciones que se niegan a la implementación y/o avance de los proyectos empresariales. Este dispositivo global encuentra una potenciación en el marco de la expansión de las industrias extractivas.

Entre los casos presentados ante este tribunal están los siguientes:

-En el sector de agronegocios denuncia la fiscalía de Monsanto: “Desalojos compulsivos, abusos policiales, apremios ilegales, asesinatos, entre otras violaciones han sido moneda común desde la aceleración de la expansión agrícola producida por la irrupción de la soja transgénica y el paquete tecnológico asociado forman parte de las estrategias de criminalización y represión que sufren las comunidades que se oponen a la desaparición de las formas tradicionales de producción campesina ante el avance de una agricultura sin agricultores”. Estos hechos son realizados con el concurso de la represión institucional, responsabilidad de los Estados.

-En el caso de la industria petrolera, los conflictos desencadenados entre empresas del sector y las comunidades mapuche por concesiones, exploración o explotación en territorios ancestrales han tenido como respuesta la represión y judicialización de integrantes de las comunidades, como en el caso de la comunidad Lonko Purán en la zona centro de Neuquén.

- En provincias como Salta, Neuquén y Jujuy, la campaña de deslegitimación contra las organizaciones de trabajadores desocupados, llevada a cabo desde los sectores de poder y por el propio gobierno nacional, con fuerte presencia mediática, favoreció un contexto de rechazo a la protesta social, reforzando una política de represión policial que viene desarrollándose desde mediados de los ´90 en las provincias con mayores niveles de conflicto social.

- Militarización de los territorios en conflicto. En estas estrategias represivas participan tanto las fuerzas de seguridad públicas como privadas, provinciales como nacionales, e incluso las patotas vinculadas a la burocracia sindical han intervenido violentamente en diferentes conflictos.

En el caso de las empresas petroleras, se viene registrando un despliegue de las fuerzas de seguridad, en aras de reprimir las demandas de las comunidades indígenas, organizaciones sociales y trabajadores petroleros, que afectan la producción de los yacimientos o instalaciones de procesamiento o transporte de hidrocarburos. Los controles de población en las fronteras, la creación de fuerzas policiales especiales en las diferentes provincias, las bases y operativos militares, y leyes antiterroristas nacionales forman parte de este denso dispositivo multiescalar de militarización.

En las áreas de explotación minera, la represión apunta a tildar como fundamentalistas ecológicos a activistas defensores del medio ambiente o de los derechos de la Madre Tierra. Desde la instalación del modelo minero como ‘política de estado’, se ha judicializado a más de un centenar de pobladores que, en la defensa de sus fuentes de agua y de sus tierras, han recurrido a bloqueos informativos de los transportes de insumos tóxicos de las mineras como último recurso.

Este Tribunal quiere llamar la atención acerca de la nueva ley antiterrorista presentada por el Poder Ejecutivo nacional al Senado de la Nación (14/10/2011, presentadas por el Ministro de Justicia J.Alak y el Jefe de Gabinete A.Fernández). Dicha ley deroga las figuras actuales (ya de por sí objetables), para establecer una agravante genérica para cualquier delito. Pretende, ingenua o maliciosamente, que “quedan fuera de toda interpretación criminalizante los hechos de protesta social”, siempre que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, cuando en realidad el proyecto de ley evidencia una clara potencialidad represora. Por otra parte, la figura de financiamiento al terrorismo es muy amplia, y apunta a hostigar a las ONGs que apoyan a las organizaciones y movimientos sociales, y a cortar las posibilidades de sostenimiento de estos movimientos.

-Este Tribunal ha podido constatar la alarmante continuidad en las actuales empresas transnacionales, de agentes de la represión que intervinieron bajo el terrorismo de Estado. Dos de los casos más resonantes corresponden a megamineras transnacionales: Barrick Gold y Minera La Alumbrera YMAD UTE

- Respecto de las violaciones de los derechos ancestrales de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Este Tribunal quiere destacar la histórica situación de opresión de los pueblos originarios y afrodescendientes, hoy agravada por la expansión de las industrias extractivas. Ésta encuentra en la Argentina una exacerbación particular o extrema a raíz de la persistente negación de lo indígena, al cual se niega o no se reconoce otro lugar que el de la exclusión y la marginalidad. El esquema de “progreso” estimulado por las políticas de Estado, no incluye a los indígenas (históricamente los ha excluido), pero lo que une los actuales modelos de desarrollo con aquellos del pasado, es que ambos conllevan la expulsión y desplazamiento de poblaciones.

En última instancia, el gobierno busca incluir a los pueblos originarios como “pobres” (en el sentido sociológico), a través de políticas sociales compensatorias, pero no como “sujeto político”, a partir de las demandas de posesión integral de sus tierras y territorios (derecho a la libre determinación). Así, la batalla por el reconocimiento de los derechos colectivos debe atravesar el camino arduo, y a veces interminable, de la judicialización, tal como ha podido constatar este Tribunal que sucede en muchas provincias.

En la actualidad, la dinámica de desposesión viene acompañada por políticas que, lejos de resolver los problemas ligados a las desigualdades estructurales, apuntan a la manipulación simbólica. Por ello, este Tribunal considera que el problema fundamental es la persistencia de dichas estructuras de desigualdad y las políticas etnocidas, las cuales no sólo no han retrocedido, sino que se han agravado en el actual contexto de acaparamiento de tierras y de expansión de las industrias extractivas y los agronegocios.

Entre los derechos conculcados, se ha comprobado la violación de derechos sociales, económicos, culturales, territoriales y políticos:

Un ejemplo ilustrativo es la violación del derecho al territorio. Se ha constatado el incumplimiento de los convenios y pactos internacionales que protegen a los pueblos y naciones originarias, tales como el Convenio 169 de la OIT (1.989), la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2.007), incorporadas con rango supraconstitucional en las constituciones provinciales, y nacional. En los últimos tiempos, se han constatado maniobras fraudulentas conjuntas entre corporaciones y gobiernos para violentar y malversar ética y políticamente el derecho al consentimiento libre, previo e informado que exige el Convenio 169 de la OIT, a través de estrategias de cooptación, clientelismo, divisionismo e intervencionismo manipulador sobre las comunidades.

Asimismo, se evidencia el incumplimiento de los artículos de las constituciones de las provincias y de la Nación, sobre el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones sobre la utilización de los bienes de sus territorios.

Por otro lado, tal como sostiene el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política, y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. El artículo 10 de la misma declaración establece: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible, la opción del regreso”.

2. Responsabilidades

Este Tribunal ha constatado que las formas de operar de las empresas transnacionales no serían posibles sin la complicidad y garantía de los gobiernos, de los parlamentos, del sistema de justicia, de los grandes medios de comunicación, de algunas universidades públicas; por lo tanto, denuncia las siguientes responsabilidades de esas instancias de poder:

- El peso de la normativa jurídica: las leyes y decretos oficiales elaborados por los poderes políticos han beneficiado a las empresas petroleras, permitiendo libre disponibilidad, exportación e importación de petróleo crudo, eximiéndolas del pago de cualquier tipo de arancel o retención; libertad de comercialización de petróleo crudo y derivados; desregulación de los precios intermedios y finales del mercado; libre instalación de refinerías y bocas de expendio; libre convertibilidad en divisas de los ingresos; licitación de áreas centrales y marginales de YPF, convirtiendo los contratos de exploración y explotación en concesiones o asociaciones; creación de un sistema mediante el cual las propias empresas debían declarar el nivel de reservas sin ningún control por parte del Poder Ejecutivo; venta de parte de los activos de YPF (refinerías, buques, ductos) y prórroga anticipada de áreas de explotación de hidrocarburos.

- El gobierno nacional y los gobiernos provinciales son responsables de la profundización de políticas de Estado que implementan el modelo extractivista, reprimarizador de la economía, que favorece la presencia de las transnacionales, otorgando a las mismas garantías para el despojo.

Esta alianza, que podemos definir como estructural entre estado, gobierno y empresas, se visualiza en los discursos de las autoridades políticas que presentan a las corporaciones transnacionales como portadoras de beneficios y desarrollo para las comunidades. El estado nacional y los estados provinciales se convierten en garantes de la impunidad con la que operan las empresas para mercantilizar la vida y los territorios.

- Esta connivencia también se puede observar en los proyectos relacionados con la Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana). Las obras de infraestructura que favorecen a las corporaciones en general son, por ejemplo, la creación de rutas bioceánicas y la generación de energía mediante mega emprendimientos hidroeléctricos, plantas nucleoeléctricas y el uso de energías de carácter contaminante como el gas no convencional. Se trata de proyectos de gran envergadura, costeados por los gobiernos a través del financiamiento de organismos internacionales, como el BID, Bandes, Fonplata, CAF (Corporación Andina de Fomento), entre otros.

- Asimismo, esta complicidad se viene expresando a través de la acción de ciertos legisladores y legisladoras nacionales y provinciales, que han operado como “lobbystas” de las empresas transnacionales, así como de algunas instancias de la justicia (nacional y provincial), que han sido funcionales a las grandes corporaciones, las cuales influyen cada vez más en la redacción de las leyes referidas a la propiedad intelectual -tanto nacionales como en acuerdos y tratados internacionales y en las leyes sobre bioseguridad-.

- Esta responsabilidad se expresa en el hecho de que las autoridades de los distintos niveles de gobierno no exigen ni realizan evaluaciones estratégicas de impacto ambiental de los emprendimientos productivos y de infraestructura de las transnacionales, aceptando los estudios y las declaraciones que al respecto hacen las propias corporaciones.

-La complicidad entre estados y empresas puede observarse en la ya citada ausencia de consultas públicas y en el ocultamiento de información respecto de los proyectos empresariales y sus impactos sociales y ambientales. El derecho a acceder a la información pública ambiental es un requisito esencial para una adecuada participación ciudadana en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que requieren los emprendimientos de las empresas.

- La complicidad del Estado se manifiesta en los laxos controles estatales y las malas prácticas de las empresas, entre las cuales podemos mencionar, en la explotación petrolera, la avería de poliductos y oleoductos por falta de mantenimiento y/o violación de normas de seguridad, vertidos de aguas de producción, incorrecta disposición de desechos de producción que han contaminado ríos, espejos de agua, glaciares, etc.

- La complicidad del Estado con las grandes corporaciones dedicadas a los agronegocios ha quedado de manifiesto a través de las denuncias presentadas por la fiscalía de Monsanto, que ha expresado que el gobierno nacional no ha puesto en práctica mecanismos que permitan proteger a las familias campesinas e indígenas ante las fumigaciones indiscriminadas, la contaminación de sus fuentes de agua y la afectación de sus cultivos.

- La complicidad del estado en la política extractivista se manifiesta claramente en el paquete de leyes que permiten la entrega del patrimonio nacional, y mediante el Tratado Binacional Argentino Chileno de implementación minera conjunta, que cede la Cordillera de los Andes a las corporaciones transnacionales. En el caso de las mineras, la Ley de Inversiones Mineras, y las leyes, decretos y acuerdos fiscales posteriores, generaron las responsabilidades para convertir a la actividad en un saqueo económico sin precedentes.

- La complicidad del Estado con las corporaciones se manifiesta de manera especial en la criminalización de los movimientos sociales y de las comunidades que enfrentan a las transnacionales.

- La complicidad de algunas universidades públicas con las empresas transnacionales se constata en el comportamiento que desempeñan las primeras, en relación a ocultar, tergiversar o producir conocimiento científico o informes técnicos que favorecen a las empresas, manipulando, en muchas ocasiones, los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental en sentido favorable al proceso de colonización de la producción de conocimientos científicos por parte de intereses privados, muchas veces transnacionales.

- Este Tribunal ha constatado la complicidad de una gran parte de los medios masivos de comunicación con las empresas, observable en los mensajes trasmitidos en relación a los beneficios que traerán los proyectos empresariales, entre ellos la generación de empleo y el aporte a la producción de alimentos, ocultando los impactos negativos que estos proyectos han traído en otros territorios del país y del mundo y/o en los propios territorios donde ya está en marcha el modelo de agricultura industrial.

- Este Tribunal denuncia la grave responsabilidad ética que recae sobre las jerarquías de las iglesias, por la innegable conexión de lo espiritual con las responsabilidades éticas humanas. Son especialmente responsables aquellas que pueden ejercer más influencia en los pueblos, en las personas y hasta en los poderes públicos, salvo honrosas excepciones ligadas, sin duda, a la lucha por la defensa de los derechos humanos y, en algunos casos, a la defensa de los derechos socioambientales, como es el caso de algunos obispos y pastores. En nuestro país, no sólo desde las jerarquías de las diferentes iglesias se refuerza el modelo, sino que se estigmatiza a quienes puedan cuestionarlo.

3. Condena

De acuerdo con los fundamentos y las denuncias recibidas, este Tribunal Ético Popular resuelve:

- Denunciar y condenar ante la opinión pública como antiético y violatorio de los derechos humanos al sistema capitalista, racista, patriarcal, y a este modelo productivo neoextractivista que impera en nuestra sociedad y que tiene en las empresas transnacionales y en los gobiernos –nacionales y provinciales- a sus principales protagonistas.

- Denunciar y condenar ante la opinión pública a las Empresas Transnacionales aquí enjuiciadas, al Estado Nacional y a los gobiernos que hicieron posible la implementación del perverso sistema neocolonial de saqueo, destrucción y contaminación de los territorios de nuestros pueblos, por violación sistemática de toda ética, de los Derechos Humanos inalienables y de los Derechos de la Naturaleza, violación a la soberanía territorial de los pueblos, violación de la Constitución Nacional, leyes y tratados internacionales.

- Denunciar y condenar a las empresas farmacéuticas y a los agentes médicos responsables de la experimentación de medicamentos en seres humanos, exigiendo que el Estado defienda la integridad y dignidad de los argentinos y argentinas, para que no sean manipulados por médicos inescrupulosos que entregan sus pacientes a la voracidad y codicia de las empresas de la Big Pharma: Bayer, Novartis, Pfeizer, Bistec, Merck, Lilly.

- Denunciar y condenar ante la opinión pública las formas de operar de las empresas transnacionales, ya que las enjuiciadas en estas audiencias se consideran una muestra representativa de la conducta de muchas otras presentes en este y otros territorios.

- Denunciar y responsabilizar por estos crímenes a aquellos funcionarios de los tres poderes del Estado que durante la dictadura y posteriormente, a partir del restablecimiento de la democracia, construyeron las condiciones históricas de posibilidad del actual modelo neocolonial.

- Denunciar y condenar a las empresas transnacionales  por los crímenes cometidos contra otros pueblos de Nuestra América, como el golpe de estado en Honduras, la militarización, el terrorismo estatal y paraestatal en Colombia, México, Paraguay, Perú, Honduras, Haití.

- Denunciar y condenar al gobierno argentino y a otros gobiernos latinoamericanos por la participación en la intervención militar en Haití, a través de la MINUSTAH, y por la legitimación del régimen golpista en Honduras, votando a favor del reingreso de este gobierno en la OEA.

Este Tribunal DECLARA:

El reconocimiento del derecho al territorio y a la libre determinación como derecho fundamental de los Pueblos. Somos territorio, pertenecemos al territorio y ésta es la base de nuestra existencia y del derecho a la Vida.

La nulidad de todas las leyes, tratados, convenios, decretos y demás actos normativos y administrativos que posibilitaron la implementación y vigencia del actual modelo de maldesarrollo.

La necesidad urgente de detener la usurpación y emprender la restitución de las tierras y fuentes de agua usurpadas y expropiadas a sus pobladores legítimos, pueblos originarios, comunidades campesinas y pobladores de nuestros campos y localidades.

La inviabilidad e insostenibilidad del actual patrón energético, la minería a gran escala, y del modelo de mega-agricultura industrial ligada a los transgénicos y los agronegocios de exportación.

La falsedad manifiesta de la biotecnología como ‘respuesta’ a las necesidades alimentarias de los pueblos.

El rechazo al Plan Nuclear Nacional, al Plan Estratégico Alimentario y al IIRSA, como componentes inherentes a este modelo.

La legitimidad y el deber moral y social de las poblaciones que resisten los actos de violación de los derechos territoriales y humanos básicos.

La falacia del discurso del ‘desarrollo’ fundado en el modelo extractivista, como arma ideológica que produce y legitima el avasallamiento de los derechos territoriales de nuestros pueblos. El rechazo al discurso que sostiene la necesidad de entregar nuestros bienes comunes al capital concentrado, nacional o extranjero, para lograr adecuadas y dignas condiciones de vida.

El derecho fundamental de los pueblos al Buen Vivir. Como pueblos tenemos el derecho, la responsabilidad y las capacidades para decidir con autonomía sobre nuestras formas de vida y de organización, cuidado y utilización de los bienes comunes de nuestros territorios.

El cese inmediato y la expulsión de estas empresas de nuestros territorios.

El cese inmediato de la represión y la criminalización de la legítima protesta social, el esclarecimiento y justicia para los crímenes cometidos aún impunes.

Este Tribunal Ético Popular condena la vigencia, continuidad y profundización del colonialismo histórico, ahora bajo las armas y los modos de la globalización neoliberal hegemónica en curso.

4. Recomendaciones y propuestas

Las corporaciones transnacionales actúan a nivel global y, por lo tanto, requieren una respuesta global. La respuesta a nivel de cada Estado es indispensable, pero no suficiente. Es necesario garantizar la soberanía y la dignidad de los pueblos, impidiendo la privatización de los bienes fundamentales para la vida como el agua, el aire, las semillas, el patrimonio genético, y asegurando el acceso universal a los servicios públicos.

Por estas razones, este Tribunal Ético Popular recomienda y propone:

-Trabajar en la creación de una instancia judicial popular ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, que actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial.

-Demandar a los gobiernos que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos, antes que los intereses económicos de los sectores privados; que aseguren la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza, y que rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos.

-Exigir la suspensión de los megaproyectos de desarrollo de monocultivos, de agronegocios, de grandes represas, de hidrovías, caminos y puertos de la Iniciativa IIRSA, hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.

-Exigir la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios que no respetan las normas internacionales que defienden sus derechos, y que fueron ratificadas en nuestro país.

- Exigir a los poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema judicial a llevar a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades.

- Prohibir la explotación en los territorios indígenas, en las zonas productoras de agua, en las zonas forestales protegidas.

-Reconocer el derecho para recurrir directamente ante los tribunales de justicia y demandar las responsabilidades por las eventuales violaciones de derechos causados por las corporaciones transnacionales.

-Este Tribunal hace un llamamiento a la sociedad entera para que frente a las prácticas de las corporaciones transnacionales, opte por una posición ética y de rechazo al hambre, a la falta de vivienda, educación, salud, empleo, de seguridad alimentaria y, en general, de las situaciones de pobreza y de carencias absolutas que impiden el desarrollo de las personas y de los pueblos en condiciones de dignidad.

5. Compromiso del Tribunal Ético Popular

Al concluir la audiencia de este Juicio Ético Popular a las Transnacionales, las y los participantes, integrantes de movimientos populares, de organizaciones de derechos humanos, investigadores/as, nos declaramos en estado de movilización, de unidad, de encuentro, de solidaridad, para borrar las fronteras entre nuestras resistencias a las políticas de recolonización del continente, para levantar una voz unánime en Nuestra América en defensa de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar, el respeto a nuestras identidades y formas de organización y de vida, de nuestros derechos como hombres y mujeres, los derechos de las generaciones venideras, los derechos de la naturaleza.

Desde Buenos Aires, Argentina, nos reunimos en un grito contra las políticas de saqueo, destrucción y muerte. Es un grito y serán muchas las acciones por la vida, por la libertad, por la plena emancipación.

Afirmamos que las transnacionales no pueden comprar nuestras voluntades, ni nuestra decisión de vivir con dignidad, y no podrán robar nuestra esperanza, ni nuestra capacidad de lucha.

Afirmamos que las políticas de cooptación y manipulación de los gobiernos –nacionales y provinciales- pueden retrasar las luchas, pero no las detendrán, porque la vida de los pueblos en la naturaleza, no se negocia.

Seguiremos creando alternativas propias de producción y de consumo, impulsando la realización de modelos sostenibles, y luchando para terminar con el capitalismo, el patriarcado y el racismo.

Seguiremos en solidaridad con quienes luchan por estas mismas causas en toda América Latina y el mundo, unificando fuerzas en la acción común, manteniendo nuestros sueños y nuestras convicciones, nuestra capacidad de crear en la resistencia, y de creer en los pueblos.

Buenos Aires, 29 de octubre, 2.011
Juicio Ético Popular a las Transnacionales

Tribunal Ético Popular:

Adolfo Pérez Esquivel – SERPAJ – Premio Nobel de la Paz

Nora Cortiñas – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Mirta Baravalle – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Alcira Daroqui – Profesora de la Carrera de sociología Facultad de Ciencias Sociales UBA

Alejandra Ciriza – Investigadora del CONICET, integrante de la colectiva feminista las juanas y las otras (Mendoza), que forma parte de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Andrés Carrasco – Investigador Principal CONICET – Profesor Regular Universidad de Buenos Aires – Voces de Alerta

Carlos María Pagano Fernández – Prof. Dr. phil. Carlos María Pagano de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Católica de Salta

Celina Rodríguez – Frente Popular Darío Santillán

Gonzalo Basile – Médicos del Mundo-Argentina – Cono Sur

Ignacio Kostzer – Presidente FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires)

Javier Rodríguez Pardo – (MACH – RENACE – UAC)

José Seoane - profesor-investigador UBA e integrante del GEAL (Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe)

Liliana Daunes – Comunicadora feminista

Luz Díaz –  Médicos del Mundo – Argentina – Cono Sur

Maristella Svampa – Voces de Alerta

Medardo Avila Vazquez – Coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (Fiscalía Popular de Monsanto y Cargill)

Mirta Antonelli – Profesora Facultad de Filosofía y Humanidades – Docente Investigadora de Universidad Nacional de Córdoba – Voces de Alerta

Norma Giarracca – Voces de Alerta

Vicente Zito Lema – Poeta, periodista, docente. Director de la Universidad de los Trabajadores

Bernardino Camilo Da Silva - Movimiento Sin Tierra (MST) – Brasil

Berta Cáceres – Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. (COPINH)

Cristina Castro – Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer)

Edgar Mujica - Unión Sindical Obrera (USO) – Colombia
Oscar Gonzalez – Irene Ragazzini - Acción Comunitaria-Global por la Justicia y la Dignidad: Es el tiempo de Nosotros los Pueblos – México

Robson Formica – Movimiento de Afectados por las Represas – (MAB) – Brasil

Tomás Palau – Sociólogo y profesor universitario – Investigador Base Is – Paraguay

Paraguay

Ada Gonzalez – Serpaj Paraguay

Guillermo Ortega – Base Is Paraguay

Participaron de la Fiscalía Popular:

Carlos A. Vicente – GRAIN y Acción por la Biodiversidad (Fiscalía Popular de Cargill)
Fernando Frank – Movimiento Nacional Campesino e Indígena – MNCI – Argentina (Fiscalía Popular de Monsanto)

Juan Camilo Herrera – Movimiento Nacional Campesino e Indígena – MNCI – Argentina (Fiscalía Popular de Monsanto)

Ximena López – Base Is – Paraguay (Fiscalía Popular de Monsanto)

Juan Carlos Fernández – Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi (Fiscalía Popular de Repsol)

Hernán Scandizzo – Observatorio Petrolero Sur (Fiscalía Popular de Repsol y Pan American Energy)

Diego Pérez Roig – Observatorio Petrolero Sur (Fiscalía Popular de Repsol y Pan American Energy)

Horacio Machado Aráoz – Be.Pe. – Colectivo Sumaj Kawsay – Asanoa – UAC – investigador de la Universidad Nacional de Catamarca (Fiscalía Popular de Minera La Alumbrera)

Marcos Pastrana – Comunidad Diaguita Calchaquí – Tafí del Valle – Tucumán (Fiscalía Popular de Minera La Alumbrera)

Sergio Onofrio – Asamblea Popular por el Agua de Mendoza (Fiscalía Popular de Rio Tinto / Vale)

Silvia Leanza – Foperma y Fundación Ecosur (Fiscalía Popular de Rio Tinto / Vale)

Myrian Genisans - Pro Eco grupo ecologista – ASANOA – Asamblea Socio Ambiental del Noroeste Argentino – (Fiscalía Popular de Minera La Alumbrera)

Oscar Delgado – CAPOMA – Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez – Salta – (Fiscalía Popular de Ledesma)

Martina Montoya – CAPOMA – Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez – Libertador General San Martín – Departamento de Ledesma – Jujuy (Fiscalía Popular de Ledesma)

Eduardo Martínez – Coordinadora de Ex Trabajadores del Ingenio Ledesma (Fiscalía Popular de Ledesma)

Coordinadora de Ex Presos Políticos de Ledesma (Fiscalía Popular de Ledesma)

Patricia Alvarez – Mujeres del Silencio –  Autoconvocados de Andalgalá – Catamarca (Fiscalía Popular de Agua Rica)

Asamblea del Algarrobo (Fiscalía Popular de Agua Rica)

Asambleas Ciudadanas Riojanas (Fiscalía Popular de Barrick Gold)

Sebastián Korol – Periodista. Co-director de Revista Superficie (Fiscalía Popular de Alto Paraná)

Colectivo FM La Tribu (Fiscalía Popular de Transnacionales de la Comunicación)

Patricia Agosto – Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos – CIFMSL – Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía

Roxana Longo – Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos – CIFMSL – Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía

Organizaciones convocantes del Juicio Ético Popular a las Transnacionales

Acción por la Biodiversidad

Agrupación Estudiantil La Darío Santillán – Tucumán

Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA – Capítulo Argentina (Central de trabajadores de la Argentina (CTA) – Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI). Vía Campesina – Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Juventud Rebelde 20 de Diciembre. Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS). MPR-Quebracho. Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Grupo de estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL). RedHer Argentina)

Asambleas Riojanas

Asociación Docentes Universitarios – UNPSJB

Asamblea El Algarrobo- Andalgalá – Catamarca

Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel

Asamblea Popular por el Agua (del Gran Mendoza- Provincia de Mendoza)

Asociación Civil PRO-ECO Grupo Ecologista – Tucumán

Asociación de Amigos del Río Chubut

Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut – Atech

Autoconvocados de Andalgalá – Catamarca

BePe – Catamarca

Caja Roja, comunicación popular – Neuquén

CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez)

Cátedra Abierta de Pueblos Originarios – Universidad Nacional de la Patagonia, SJB, Trelew

Centro Cultural La Estrella, Neuquén

Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL)

Colectivo Cultural El Arbolito

Colectivo de Comunicación Comunitaria “Palabra Abierta”, Trelew

Colectivo Sumaj Kawsay

Comunidad Diaguita Calchaquí Tafí del Valle – Tucumán

Consejo Social de la UNPSJB

Consejo Zonal Centro de la Confederación Mapuce de Neuquén

Cooperativa Cabure-í. Misiones

Coordinadora de ex presos políticos de Ledesma – Jujuy

Coordinadora de ex trabajadores del Ingenio Ledesma – Jujuy

Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas. Frente Popular Darío Santillán FPDS (COBA). Tucumán

Coordinadora de Organizaciones Barriales – COB La Brecha

CTD Anibal Veron

Coordinadora de Trabajadores Rurales de Misiones – COTRuM

Equipo de Pastoral Aborigen- Dioc. de Comodoro Rivadavia

Espacio Docente – Trelew

Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA)

Feministas Inconvenientes

Foro Ambiental y Social de la Patagonia

Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén -FOPERMA

Foro Social Mundial – Tucumán

FM Alas de El Bolsón

FM La Tribu

Foro Patriótico y Popular- Tucumán

Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

Frente Territorial 26 de Junio

Fundación Ecosur – Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur – Sede Patagonia Norte

GRAIN

Grupo de Estudios sobre América Latina (GEAL)

Instituto de Investigaciones sobre Cultura Popular, Facultad de Artes, UNT Proyecto CIUNT 414

Juventud Rebelde (Corriente Universitaria Julio Antonio Mella- Frente cultural y territorial La Trifulca- Organización estudiantil Lobo Suelto- Corriente Sindical Agustín Tosco).

Marcha Mundial de Mujeres – Argentina

Médicos del Mundo

Movida Ambiental – Santiago del Estero

Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH)

Movimiento de Izquierda Revolucionario

Movimiento Estudiantil Liberación

Observatorio de Conflictos Mineros

Observatorio Itinerante de los pueblos y las mujeres indígenas (CONAMI)

Observatorio Petrolero Sur

OR.MA.CHE (Organización Mapuche Warriache)

Productores Independientes de Piray – Misiones (PIP)

Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE)

Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)

Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi – Salta

Universidad Nacional de la Patagonia SJB – Sede Trelew

Vecinos Autoconvocados de Andalgalá – Catamarca

Adhieren a esta sentencia:

Martha Linares – Presidenta CECSo (Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales – UBA)
Damian Finucci – Presidente CEFyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras – UBA)
Julian Liparelli – Presidente CECEN (Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales – UBA)
Igal Kejsefman – Consejero Superior UBA
Leandro Altman – Consejero Superior UBA
Jazmín Rodriguez – Consejera Directiva Facultad de Ciencias Sociales UBA
Ramiro Sorondo – Consejero Directivo Facultad de Ciencias Sociales UBA
Ariel Fuxman – Consejero Directivo Facultad de Filosofia y Letras UBA
Pablo Vensentini – Consejero Directivo Facultad de Filosofia y Letras UBA
Laura Fraile – Consejera Directivo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA
Nicolas Nieto Moreno – Consejero Directiva Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA
Marcelo Luda – Consejero Directivo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA

(quienes quieran sumarse, escribir a centroinvestigacionformacionms@yahoo.com.ar)

A continuación vea el Video

Lectura de la sentencia Juicio Etico a las Transnacionales

A continuación vea el Video

Juicio Etico Popular a las Transnacionales- Audiencia Buenos Aires

«Esta iniciativa ciudadana pretende concientizar sobre el daño y el saqueo que multinacionales de diversa índole causan a la población. A través de denuncias expuestas por fiscales ante un tribunal de expertos se busca fortalecer el proceso de lucha contra las empresas recolonizadoras.»

Participarán de la apertura Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Berta Cáceres, coordinadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), Bernardino Camilo Da Silva (Movimiento Sin Tierra de Brasil), Cristina Castro (Red Hermandad – Colombia), Tomás Palau (BASE-IS Paraguay), Alcira Daroqui (Directora de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires).

Dirección: Santiago del Estero 1029

Esta sesión del Juicio Etico a las Transnacionales será la síntesis de un conjunto de audiencias en las que fueron enjuiciadas por jurados compuestos por Movimientos Sociales diversos, las siguientes transnacionales:

* Barrick Gold / * Minera La Alumbrera / * Agua Rica / * Ledesma / * REPSOL / * Pan American Energy / * Monsanto / * Proyecto Navidad (Pan American Silver) / * Proyecto Potasio Rio Colorado / (Río Tinto / Vale) / * Cargill / * Alto Paraná / * Microsoft / * Telefónica / * Google

Como continuidad de este proceso se fundamentará y aprobará la sentencia popular, y se analizarán las responsabilidades políticas, de los diferentes poderes del Estado, de los medios de comunicación, de las Universidades, en el establecimiento de este sistema y este modelo.

Integran la Fiscalía Popular:

Carlos Vicente. Darío Aranda. Enrique Chaparro. Hernán Scandizzo. Graciela Zaldua. Horacio Machado Aráoz. José Massón. Lucrecia Wagner. Martín Becerra. Medardo Avila Vazquez. Oscar Delgado. Patricia Agosto. Roxana Longo. Sebastián Korol.

Asamblea Ciudadana Riojana / Comunidad diaguita calchaquí – Tafí del Valle / Pro Eco / ASANOA / Asamblea del Algarrobo / Vecinos Autoconvocados de Andalgalá / CAPOMA / Coordinadora de ex trabajadores del Ingenio Ledesma / Coordinadora de ex presos políticos de Ledesma / Observatorio Petrolero del Sur / Unión de Trabajadores Desocupados – General Mosconi / Foro Ambiental y Social de la Patagonia  / Movimiento Nacional Campesino e Indígena / Observatorio de Conflictos Mineros / Asamblea Popular por el Agua de Mendoza / FoPerMA  (Foro Permanente por el Medio Ambiente ) / FM La Tribu / Acción por la Biodiversidad / Fundación Ecosur – Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur- Sede Patagonia Norte.

Integran el Tribunal Ético:

Argentina. Adolfo Pérez Esquivel. Alcira Daroqui. Alejandra Ciriza. Andrés Carrasco. Carlos Pagano. José Seoane. Liliana Daunes. Javier Rodríguez Pardo. Marcelo Ruiz. Maristella Svampa. Mirta Antonelli. Mirta Baravalle. Nora Cortiñas. Norma Giarracca. Roberto Gargarella. Vicente Zito Lema. Médicos del Mundo Argentina. Frente Popular Darío Santillán. Federación Universitaria de Buenos Aires

Brasil. Bernardino Camilo Da Silva. Movimiento Sin Tierra (MST). Robson Fórmica. Movimiento de Afectados por las Represas (MAB). Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA)

Colombia. Cristina Castro. (Red Hermandad). Ludwing Francisco Gómez Almeida. Secretario de Derechos Humanos y Paz USO (Unión Sindical Obrera) Barranca Bermeja. Edgar Mujica. Comisión de Paz y DDHH. USO Nacional

Chile. Lucio Cuenca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales) 

Honduras. Berta Cáceres (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH) 

Paraguay. Tomás Palau (Base Is). CONAMURI. Serpaj Paraguay

CRONOGRAMA

Lugares en los que se realizará el juicio:

Pañuelos en Rebeldía. Carlos María Ramírez 1469. Pompeya

Facultad de Ciencias Sociales. Santiago del Estero 1029

- Viernes 28

14.00 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales. Santiago del Estero 1029

Apertura del Juicio Ético y Popular a las transnacionales. Síntesis de las audiencias regionales (Patagonia, NOA, Litoral)

Patricia Agosto (CIFMSL). Carlos Pagano (Universidad Nacional de Salta). Carlos Vicente (Acción por la Biodiversidad). Kathrin Buhl (Fundación Rosa Luxemburgo Alemania)

15.00 hs. ¿Por qué juzgar a las transnacionales en Nuestra América?

Alcira Daroqui (Directora de la Carrera de Sociología de la UBA). Guillermo Ortega (Base Is – Paraguay). Bernardino Camilo da Silva (Movimiento Sin Tierra – Brasil). Berta Cáceres (COPINH Honduras). Cristina Castro (Red Hermandad-Colombia). Oscar Gonzalez (CACTUS México). Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz).

17.30 Eje de trabajo: Energía y Petróleo

Juan Carlos Fernandez (UTD Mosconi). Hernan Scandizzo / Diego Pérez Roig (Observatorio Petrolero Sur). Robson Formica (Movimiento de Afectados por las Represas –MAB Brasil). Juan Carlos Curruhuinca (Comunidad mapuche Wenctru Trawel Leufu). Edgar Mujica (USO Colombia)

19.00 horas. Responsabilidad de las Universidades en la legitimación del modelo

Mirta Antonelli (Docente e investigadora de Universidad Nacional de Córdoba). Marcelo Ruiz (Rector de Universidad Nacional de Río Cuarto). Myrian Genisans (Docente Universidad de Tucuman -Pro Eco). Tamara Perelmuter (La mala educación). Integrantes de la Asamblea de exiliados por la educación (Chile).

20.30 hs. Talleres: Aportes para la elaboración de la sentencia

- Sábado 29

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales. Santiago del Estero 1029

9.00 horas. Eje de Trabajo: Forestales y Monocultivos

Oscar Delgado (CAPOMA Ledesma Jujuy). Natalia De Luca (Universidad de Rio Cuarto). Sebastian Korol (periodista Misiones). Rubén Ortiz (historiador Movimiento Social Misionero)

10.30: Eje de Trabajo: Agronegocio y agrotóxicos

Juan Camilo Herrera (Movimiento Nacional Campesino e Indígena – MNCI – Argentina). Bernardino Camilo Da Silva (Movimiento Sin Tierra de Brasil –MST). Petrona Villasboa (Madre de Silvino Talavera – Paraguay). Medardo Avila Vazquez (Médicos de pueblos fumigados)

12.00 Responsabilidades políticas en la legitimación del modelo

Norma Giarracca (Grupo de Estudios Rurales. Investigadora del Instituto Gino Germani – UBA). Andrés Carrasco (médico, investigador del CONICET).

13.00: Almuerzo

15.00 horas: Eje de Trabajo: Minería

Patricia Alvarez (Autoconvocados – Mujeres del Silencio de Andalgalá). Horacio Machado Araoz (BEPE – Colectivo Sumaj Kawsay Catamarca). Marcos Pastrana (Asamblea del Pueblo Diaguita). Javier Rodriguez Pardo (RENACE en la UAC)

16.30 hs Las transnacionales en la vida de las poblaciones y en la cultura.

Gonzalo Basile (Presidente de Medicos del Mundo – Argentina – Cono Sur. Alejandra Ciriza (filósofa feminista Mendoza). Vicente Zito Lema (escritor – director de la Universidad de los Trabajadores)

18.30 hs. Homenaje a las vidas sembradas en las luchas emancipatorias. Fundamentación de la sentencia.

Maristella Svampa (socióloga). Tomás Palau (Base Is Paraguay)

19.30 hs. Cierre: 518 años de Resistencia a la Colonización de Nuestro Continente

Obra de teatro colectiva: Democracia Participativa

- Domingo 30

Lugar: Pañuelos en Rebeldía. Carlos María Ramírez 1469. Pompeya

9.00 Horas:

Taller: Proyecciones, Desafíos y continuidades

Lugar de Realización Espacio de Pañuelos en Rebeldía

Uruguay. Antonio Elías (Red de Economistas de Izquierda)

CRONOGRAMA

Lugares en los que se realizará el juicio:

Pañuelos en Rebeldía. Carlos María Ramírez 1469. Pompeya

Facultad de Ciencias Sociales. Santiago del Estero 1029

- Viernes 28

14.00 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales. Santiago del Estero 1029

Apertura del Juicio Ético y Popular a las transnacionales. Síntesis de las audiencias regionales (Patagonia, NOA, Litoral)

Patricia Agosto (CIFMSL). Carlos Pagano (Universidad Nacional de Salta). Carlos Vicente (Acción por la Biodiversidad). Kathrin Buhl (Fundación Rosa Luxemburgo Alemania)

15.00 hs. ¿Por qué juzgar a las transnacionales en Nuestra América?

Alcira Daroqui (Directora de la Carrera de Sociología de la UBA). Guillermo Ortega (Base Is – Paraguay). Bernardino Camilo da Silva (Movimiento Sin Tierra – Brasil). Berta Cáceres (COPINH Honduras). Cristina Castro (Red Hermandad-Colombia). Oscar Gonzalez (CACTUS México). Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz).

17.30 Eje de trabajo: Energía y Petróleo

Juan Carlos Fernandez (UTD Mosconi). Hernan Scandizzo / Diego Pérez Roig (Observatorio Petrolero Sur). Robson Formica (Movimiento de Afectados por las Represas –MAB Brasil). Juan Carlos Curruhuinca (Comunidad mapuche Wenctru Trawel Leufu). Edgar Mujica (USO Colombia)

19.00 horas. Responsabilidad de las Universidades en la legitimación del modelo

Mirta Antonelli (Docente e investigadora de Universidad Nacional de Córdoba). Marcelo Ruiz (Rector de Universidad Nacional de Río Cuarto). Myrian Genisans (Docente Universidad de Tucuman -Pro Eco). Tamara Perelmuter (La mala educación). Integrantes de la Asamblea de exiliados por la educación (Chile).

20.30 hs. Talleres: Aportes para la elaboración de la sentencia

- Sábado 29

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales. Santiago del Estero 1029

9.00 horas. Eje de Trabajo: Forestales y Monocultivos

Oscar Delgado (CAPOMA Ledesma Jujuy). Natalia De Luca (Universidad de Rio Cuarto). Sebastian Korol (periodista Misiones). Rubén Ortiz (historiador Movimiento Social Misionero)

10.30: Eje de Trabajo: Agronegocio y agrotóxicos

Juan Camilo Herrera (Movimiento Nacional Campesino e Indígena – MNCI – Argentina). Bernardino Camilo Da Silva (Movimiento Sin Tierra de Brasil –MST). Petrona Villasboa (Madre de Silvino Talavera – Paraguay). Medardo Avila Vazquez (Médicos de pueblos fumigados)

12.00 Responsabilidades políticas en la legitimación del modelo

Norma Giarracca (Grupo de Estudios Rurales. Investigadora del Instituto Gino Germani – UBA). Andrés Carrasco (médico, investigador del CONICET).

13.00: Almuerzo

15.00 horas: Eje de Trabajo: Minería

Patricia Alvarez (Autoconvocados – Mujeres del Silencio de Andalgalá). Horacio Machado Araoz (BEPE – Colectivo Sumaj Kawsay Catamarca). Marcos Pastrana (Asamblea del Pueblo Diaguita). Javier Rodriguez Pardo (RENACE en la UAC)

16.30 hs Las transnacionales en la vida de las poblaciones y en la cultura.

Gonzalo Basile (Presidente de Medicos del Mundo – Argentina – Cono Sur. Alejandra Ciriza (filósofa feminista Mendoza). Vicente Zito Lema (escritor – director de la Universidad de los Trabajadores)

18.30 hs. Homenaje a las vidas sembradas en las luchas emancipatorias. Fundamentación de la sentencia.

Maristella Svampa (socióloga). Tomás Palau (Base Is Paraguay)

19.30 hs. Cierre: 518 años de Resistencia a la Colonización de Nuestro Continente

Obra de teatro colectiva: Democracia Participativa

- Domingo 30

Lugar: Pañuelos en Rebeldía. Carlos María Ramírez 1469. Pompeya

9.00 Horas:

Taller: Proyecciones, Desafíos y continuidades

Lugar de Realización Espacio de Pañuelos en Rebeldía

Estamos en un juicio ético a las transnacionales. Es un juicio a las empresas que concentran las máximas ganancias acumuladas por el capital en los últimos siglos, a costa de represiones, genocidios, ecocidio, destrucción y saqueo. Queremos denunciarlas en este juicio popular. Y queremos denunciar al lenguaje creado desde el poder, para luchar con cada una de sus palabras.

El capitalismo patriarcal y racista en el que vivimos, gatilla en ráfaga palabras transgénicas. Palabras cuyo sentido muere en el mismo momento en que son pronunciadas, pero que al hacerlo envenenan el lenguaje hasta volverlo un instrumento contra nosotros y nosotras mismas.

Habitamos por ello un lenguaje envenenado y envenenante, tanto como el glifosato utilizado en la producción de soja, o como el cianuro de la minería a cielo abierto.

Con palabras transgénicas se describe el mundo transnacionalizado del capital.

El lenguaje envenenado es el lenguaje del poder.

Con su vocabulario hecho de unas pocas palabras que se disparan desde los grandes medios de comunicación, desde las academias, desde los gobiernos y parlamentos, hemos construido este breve diccionario.

Ellos llaman desarrollo a la destrucción y saqueo de los pueblos y de la naturaleza.

Llaman civilización al sistema capitalista, patriarcal, racista, basado en la explotación de los trabajadores y trabajadoras por la burguesía, de los pueblos recolonizados por los países imperialistas y las corporaciones transnacionales, en la violenta dominación de los pueblos invadidos por la bárbara cultura de los vencedores, en la opresión de las mujeres y de las disidencias sexuales, por los hombres beneficiarios de la cultura androcéntrica.

Llaman progreso a la negación de la identidad y la historia de los pueblos, y a la implantación de una cultura hegemónica que tiene como sujeto central al hombre blanco, burgués, propietario, heterosexual, occidental y cristiano.

Llaman democracia al modelo político de dominación, creado para garantizar la gobernabilidad de este sistema de muerte, asegurando la libertad para el capital, y la esclavitud de todos y todas las excluidas.

Llaman comunicación a la saturación de nuestra subjetividad con valores alienantes, que nos mantienen incomunicados, y llaman información a la multiplicación de datos que encubren la realidad que vivimos y sufrimos.

Llaman seguridad a la criminalización de la pobreza, justificando así la judicialización de la protesta, la militarización de los territorios donde las poblaciones resisten su saqueo, el gatillo fácil contra los jóvenes, el hacinamiento de hombres y mujeres, niños y adolescentes pobres en cárceles y lugares de encierro, en los que se violan cotidianamente los derechos humanos.

Llaman terroristas a quienes combaten al sistema de muerte, y llaman justicia a las leyes y a las personas que los reprimen.

El lenguaje envenenado, encubridor y enajenante del poder burgués, patriarcal, racista, nombra como “provida” a los fundamentalistas religiosos de la inquisición actual, que niegan el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas… condenando a miles de mujeres a la muerte en abortos clandestinos.

En esta jerga envenenada llaman crímenes pasionales a los actos brutales de violencia contra las mujeres. A la condena de las mujeres como esclavas del hogar, la llaman amor. A la organización patriarcal de base la llaman familia. Y a la ideología de los vencedores la llaman cultura universal.

Hay todavía una dosis suplementaria de lenguaje envenenado, destinada especialmente a mutilar las semillas de la cultura rebelde. Es el lenguaje biodegradable de la posmodernidad. Un lenguaje que dice que después del fin de la historia, “estamos de vuelta”. Pero “estamos de vuelta” aggiornados/as, pasteurizados/as, reciclados/as.

El lenguaje posmodernizado, biodegradable, puso en la licuadora a las palabras cargadas de sentidos y de actos que nombran a la revolución, al socialismo, al feminismo, a las batallas anticoloniales y antiimperialistas, a la legitimidad de la violencia popular frente a la violencia del poder. Identificar al lenguaje envenenado, y al lenguaje anestesiante de la posmodernidad, es una tarea artesanal de autodefensa de masas, que necesitamos realizar desde nuestros propios territorios.

¿Cuánto de ese lenguaje del poder es disparado desde nuestras propias filas? ¿Cuánto de ese veneno hemos tragado y seguimos tragando en estos años?

¿Cuánto escupimos hacia arriba?

Es parte de la actual batalla de ideas recuperar el lenguaje subversivo y recrearlo, sin perder su densidad ni su poder de fuego.

A 10 años del 19 y 20 de diciembre, defender la rebeldía de aquellas jornadas, es una de las tareas emancipatorias, frente a los discursos cargados de sin sentido, que nos dispararán proyectiles cargados de escepticismo, que repetirán de manera aletargante “que se quedaron todos”, o que tratarán de convencernos que el legado de esa rebelión es “el gobierno que supimos conseguir”… financiado por la expansión sojera y la minería a cielo abierto.

A 10 años del 19 y 20 de diciembre, necesitamos recuperar y recrear un lenguaje que vaya más allá incluso de la rebelión, para dar cuerpo a un sujeto social que ejercite el poder popular.

Un lenguaje que nombre actos, que multiplique ejemplos permanentes. Como llamar a la solidaridad, con los nombres de Pocho Lepratti, de Darío Santillán, de Mariano Ferreyra, de Carlos Fuentealba, de Julio López, de Silvia Suppo.

Palabras con cuerpo. Palabras encuerpadas. Palabras fértiles, que siguen creciendo y multiplicando semillas con su siembra.

Un lenguaje que visibilice las vidas, las historias, la presencia de todas y todos los negados por el poder de los vencedores. Un lenguaje con rostros, con manos, con piel, con deseo, con alegría y dolor. Un lenguaje con sentido.

Un lenguaje que exprese nuestro amor y nuestro odio, como trama de una subjetividad de combate, de largo aliento, que no se detenga ante la primera silla del camino que nos ofrecen quienes hacen de la coptación el arma predilecta para la domesticación y neutralización de los movimientos populares, transformando a los militantes en funcionarios funcionales del poder.

Un lenguaje que conjugue con coraje el nosotros colectivo y plural de la lucha y la creación popular, en una clave en la que recuperen fuerza de verdad los gestos de unidad imprescindible para derrotar a ellos y a su lenguaje de muerte.

En la semana que recordamos al Che, quiero hacerlo como el compa que supo poner su cuerpo y su vida en cada palabra. El compa que pensó al marxismo con el lenguaje de América Latina, y con el rostro y los sueños de todas las rebeliones. Que se rió de los dogmas tanto como de las oligarquías. El comunicador que enseñó que sólo hay que comunicar la palabra verdadera. Recordamos junta a él a todos y a todas las luchadoras que hablaron con sus vidas, y por eso no pudieron ser callados ni calladas con sus muertes.

Lenguaje de cuerpos rebelados, del deseo vuelto acto, de la esperanza que no espera, de la insurgencia del corazón, de la subversiva manera de andar en este mundo, con el sueño en la mano, y la alegría como camino.

4 de octubre / 2011

En esta audiencia, desarrollada en Wanda, Misiones, durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre, han sido enjuiciadas las empresas transnacionales Monsanto, Cargill y Alto Paraná. El tribunal ha recibido denuncias debidamente documentadas, y ha constatado que la explotación de los bienes comunes naturales y de los territorios por parte de las empresas transnacionales, provoca en las comunidades en cuyo entorno se desarrollan sus actividades, violaciones flagrantes de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza.

Hay en curso un ecocidio y un genocidio silenciosos. Muerte, enfermedades, represiones, han sido denunciados en testimonios que reúnen al mismo tiempo un dolor inmenso, y una gran capacidad de resistencia de los pueblos. Este tribunal quiere valorar -en primer lugar- el coraje de quienes habiendo sufrido en sus propios cuerpos semejantes crímenes, continúan luchando para que se haga justicia y que esa justicia beneficie a todos y a todas.

A continuación siguen opiniones generales que surgen del análisis de los casos presentados:

- Como parte de la recolonización de nuestro continente se nos ha impuesto un modelo agroalimentario hegemónico, en el que la alimentación transformada en mercancía es un mecanismo de control de nuestras vidas por parte de las grandes corporaciones transnacionales que dominan la producción, comercialización y distribución de alimentos a escala mundial, determinando qué, cómo, cuánto, dónde, para qué y para quién se va a producir, desarrollando una integración vertical de los distintos rubros de sus inversiones.

- A lo largo de este juicio, se ha podido constatar que muchos países que tenían un autoabastecimiento alimentario, e incluso eran exportadores de alimentos, se han transformado en importadores de productos alimenticios, cuyos precios se incrementaron en forma considerable, afectando al conjunto de la población y volviéndose parte de la crisis alimentaria. Las razones del aumento de precios se debe –entre otros factores- a la concentración de la producción de alimentos, al incremento del precio del petróleo, de los fertilizantes y de los transportes relacionados con el sistema agroalimentario y con la producción de agrocombustibles. Promocionados como combustibles “ecológicamente aceptables”, la expansión de los agrocombustibles es percibida por las empresas agrícolas, biotecnológicas, petroleras y automotrices como una importante fuente de ganancias. Tratan de aprovechar la preocupación mundial por el calentamiento global, como pantalla detrás de la cual se consolidan grandes negocios.

El desarrollo de los monocultivos cuyo destino es fundamentalmente la exportación, ha generado que muchas tierras que se destinaban a la producción de alimentos ahora se utilicen con ese propósito, razón por la cual cada vez se producen menos alimentos, encareciendo así sus precios. En un momento en el que en el mundo hay mil millones de hambrientos, se reduce la producción de alimentos y crecen las súper ganancias de las corporaciones transnacionales.

Algunas de las características de este sistema de acumulación capitalista, y del modelo saqueador, extractivista, reprimarizador son:

- la amplia variedad de inversiones que realizan las empresas, que se puede ejemplificar con la transnacional Cargill, que se dedica al procesamiento de oleaginosas y de cebada, y  a su vez ha construido frigoríficos y molinos harineros, además de puertos, caminos, hidrovías (que son parte de la Iniciativa IIRSA) así como una importante red de acopios.

La agricultura industrial implica la presencia de una cadena de corporaciones transnacionales, cuyos roles abarcan desde la provisión de semillas hasta la venta de productos en los hipermercados, incluyendo la construcción de la infraestructura que permite el traslado de las materias primas hacia los países importadores. Informa la fiscalía popular de Monsanto que: “A este creciente control sobre un proceso determinado en la cadena del agronegocio, se agrega el hecho de que las mayores transnacionales participan a la vez en varias de estas etapas, logrando ampliar su control sobre el sistema global y, por ende, acaparando un mayor volumen de negocios, obteniendo más ventas e incrementando exponencialmente sus ganancias”.

Al profundizarse la utilización de los ríos de la zona como medio de transporte de estas producciones, ríos como el Paraná y el Paraguay se convierten en verdaderas “autopistas” para la salida de granos desde Brasil, Paraguay y la Argentina, tal como lo expresó la fiscalía popular de Cargill. Son “las vías del saqueo”.

La IIRSA provee los caminos más cortos para el traslado de los bienes naturales. Con ese fin se agujerea la cordillera, se hacen navegables los ríos para el traslado de grandes cargamentos, dinamitando los meandros de los ríos, provocando daños irreversibles en el ecosistema en función de favorecer el comercio y obtener grandes ganancias.

- la importante concentración del capital, tanto en el plano de la producción y comercialización de las materias primas, como en la comercialización y distribución de alimentos, quedando concentrado a través de un proceso de fusión y absorción, en unas pocas empresas. De esta manera se produce una dictadura alimentaria y una pérdida de la soberanía alimentaria, local y popular en nuestros países. Con este fin, los gobiernos nacionales de estos países (Argentina, Brasil, Paraguay), abren las puertas del país para estas inversiones, o las desembolsan del presupuesto nacional, y utilizan como “políticas de Estado”, las facilidades que viabilizan el saqueo. Los impuestos son fuentes fundamentales para financiarlos.

- la alta concentración de las tierras. Denuncia la fiscalía popular de Alto Paraná que “En Misiones hay 380 mil hectáreas de pinos, la mayor parte se encuentra en la zona Norte. Por lejos, la compañía que concentra la mayor cantidad de tierras es Alto Paraná. Según datos oficiales, Alto Paraná es propietario de 230 mil hectáreas de tierras en Misiones. Pero, a esa cantidad deben sumarse los territorios explotados por medio de testaferros, arrendamientos de tierra y otros tipos de manejo de la tierra, con lo que la firma trasandina supera las 280 mil hectáreas, lo que equivale al 10 por ciento de la superficie total de la provincia de Misiones. Un caso paradigmático se registra en la pequeña localidad de Puerto Libertad: de las 80 mil hectáreas que componen el municipio, 65 mil están en manos de Alto Paraná, es decir el 80 por ciento. En el municipio de Puerto Piray, es dueña del 63 por ciento de la tierra. Casi la totalidad de estas tierras están repletas de pinos”. Como contrapartida, denuncia la misma fiscalía popular: “en Puerto Piray, la organización “Productores Independientes de Piray”, integrada por un grupo de aproximadamente 200 pequeños productores de Piray pidió la intervención del Estado ante la falta de tierras por la monopolización de parcelas por parte de Alto Paraná S.A.”.

- el control de las semillas y de los plaguicidas asociados a ellas. Se ha impuesto un paquete tecnológico que incluye la producción, la venta, el control y la imposición de semillas transgénicas, y plaguicidas asociados a ellas, por parte de unas pocas compañías multinacionales, entre las que merece destacarse la estadounidense Monsanto, que tiene un control del 23% del comercio de semillas a nivel mundial, entre las que se destaca la soja RR (Roundup Ready), resistente al Roundup, que es la que se utiliza mayoritariamente en la producción sojera de Paraguay.

Citando a la fiscalía popular de Monsanto, este tribunal destaca que “La expansión de las semillas transgénicas patentadas por estas corporaciones, está logrando fortalecer la dependencia del productor/a hacia este tipo de semillas, ya que la modificación genética que se realiza permite que los cultivos transgénicos no produzcan semillas que puedan ser utilizadas en la siguiente zafra (esta característica es conocida como tecnología terminator que implica la imposición de cultivos estériles), y así necesariamente se debe volver a comprarlas a las corporaciones, asegurando su venta y el cobro por los derechos que les dan las patentes”.

En este sentido, se destaca particularmente la transnacional Monsanto que patentó variedades de cultivos –soja y algodón transgénicos, maíz BT y colza modificada genéticamente- con el fin de controlar los mercados, generando una mercantilización de la vida desconocida hasta hace unas décadas.

- la deforestación del monte nativo. Denuncia la fiscalía popular de Alto Paraná que: “en la mayoría de los casos, la “forestación” implica deforestación previa de monte nativo. En ese sentido, organizaciones sociales, campesinas, y ambientalistas advierten que en Misiones se talan más de 30 hectáreas de monte por día; o sea, que desaparecen 12 mil hectáreas cada año. En esas tierras se plantan pinos después. En Misiones anualmente se reforestan unas 30 mil hectáreas de pino. Para que crezcan más rápidos y mejor, las plantaciones de pino son fumigadas con agrotóxicos. La imposición del monocultivo de pinos a la Madre Tierra origina el ataque de hormigas y otras plagas, que se combaten con agrotóxicos, contaminando el ambiente, aire, agua, suelo, alimentos y todo ser vivo, incluido las personas. Se estima que cada hectárea consume tres litros de agrotóxicos al año. Esto significa que en nuestra provincia se aplican más de 100 mil litros de glifosato en las plantaciones de pino cada año”.

Este tribunal ha podido constatar los siguientes impactos provocados por las formas de operar de las empresas transnacionales dedicadas a los agronegocios y a los monocultivos forestales:

Impactos económicos

* saqueo de los bienes comunes,

* destrucción de los territorios donde operan las empresas,

* mercantilización de los territorios, de los alimentos, y de todas las dimensiones de la vida.

* agotamiento de las tierras,

* profundización de la crisis energética

* deslocalización de la producción, en búsqueda de la mano de obra más barata y la legislación ambiental más favorable,

* concentración de la estructura de la tierra, con el aumento del número de grandes propiedades rurales y la disminución de las pequeñas, en las que se desarrolla la agricultura campesina.

Impactos medioambientales

* agravamiento del cambio climático,

* desertificación y pérdida de fertilidad de los suelos,

* deforestación, que es una de las principales causas del efecto invernadero,

* escasez y degradación de aguas superficiales y subterráneas,

* destrucción de las cuencas hídricas,

* contaminación de tierras y aguas,

* extinción de especies,

* pérdida de bosques nativos, de ecosistemas y de biodiversidad

* impactos sobre los ecosistemas acuáticos que provocan las hidrovías que necesitan las empresas para transportar los granos.

Impactos sociales

* éxodo y expulsión rural, por el desplazamiento de comunidades,

* alteración de las formas de vida de los pueblos, desconocimiento de sus usos y  costumbres y negación de sus identidades.

* migración forzada, que afecta con más fuerza a las mujeres rurales, que buscan  mejores condiciones de vida, quedando expuestas a las redes de trata con fines de explotación laboral y/o sexual,

* negación de nuestra historia,

* criminalización de movimientos sociales y de comunidades

* división de comunidades a través de la corrupción de funcionarios y de planes sociales dirigidos a acallar la protesta o a confundir sobre los objetivos de las transnacionales.

* utilización de los gobiernos y de los organismos estatales como defensores de  las megaempresas y del modelo en su conjunto.

* generación de pobreza, reducción de empleo, precarización y flexibilización laboral en los trabajos realizados en estas empresas, aumento del trabajo temporario, tercerización del empleo y utilización de trabajo esclavo.

* violación de los derechos laborales de los trabajadores.

* destrucción de la agricultura campesina: las comunidades campesinas e indígenas son impedidas de desarrollar sus formas tradicionales de cultivo, ante el avance del modelo de agricultura industrial

* las comunidades desplazadas por los monocultivos, eran en muchos casos comunidades bien constituidas, con escuelas, salas de salud, producción y vida comunitaria.

* destrucción de la salud de las poblaciones debido al uso de agrotóxicos. Se ha documentado: disminución de las defensas / aumento de la mortalidad infantil / enfermedades sociales: desnutrición / modificaciones hormonales, esterilidad / intoxicaciones / enfermendades mentales / cánceres / malformaciones congénitas / alteraciones hormonales / lupus, artitis, asma, alergias / disminución de fertilidad / trastornos de conducta.

* contaminación. Los agrotóxicos y venenos en general, tienen las siguientes propiedades

· BIOACUMULACIÓN: se acumulan en todos los seres vivos, como plantas animales y humanos. Como son sustancias liposolubles los podemos encontrar en el tejido nervioso central (cerebro) y  en otros lugares del cuerpo.

· PERSISTENCIA EN EL TIEMPO: No se degradan fácilmente. El agrotóxico sigue siendo veneno a través del tiempo. Nos estamos envenenando y también a las generaciones futuras.

· El agua, el aire, las partículas y los seres vivos los desplazan y VIAJAN enormes distancias, aunque dentro de los límites de nuestro Planeta Tierra.

· SINERGIA: La combinación de dos o más agrotóxicos potencializa su acción más allá que la suma de cada una.

· RESISTENCIAS: Propiedad natural de los seres vivos ante distintas agresiones. La resistencia de malezas y plagas obliga a aumentar las dosis de agrotóxicos y concentrarlos, con lo que aumenta el grado de contaminación y presagia otros aumentos para el futuro.

Impactos culturales

* corporaciones como Cargill y Monsanto han impuesto un sistema alimentario global que tiene consecuencias catastróficas en la alimentación, ya que los sistemas alimentarios locales y las prácticas culturales y culinarias tradicionales se ven erosionadas,

* las semillas nativas son abandonadas ante la imposición del uso de semillas “mejoradas” por parte de esas empresas, llegándose incluso a criminalizar la tenencia y el uso de semillas ancestrales. Se trata de que lo/as campesino/as se conviertan en “consumidores” de semillas producidas en laboratorio, que los obligan a pagar los derechos de patentes a quienes las han “creado” artificialmente.

*  patentamiento de plantas y saberes asociados a ellas. Las empresas transnacionales son responsables de biopiratería, del robo y la apropiación de los saberes de los pueblos. Señala la fiscalía de Cargill que: “Un caso plenamente actual y vigente para la región es el de la apropiación de la Stevia (Yerba dulce o Caaheé) por parte de la empresa en asociación con la Coca Cola. Además de ser un biopirata de la Stevia, Cargill ha iniciado un proceso muy agresivo de implantación de monocultivos de Stevia en la región noreste argentina y en Paraguay”.

Impactos políticos

Su lugar como corporaciones líderes a nivel internacional y nacional, su rol en el transporte internacional de comodities, su apuesta al “libre comercio”, definen su capacidad para intervenir decidiendo políticas nacionales.

Señala la fiscalía popular de Cargill que “su operación en los rubros más importantes del sistema alimentario a nivel global y su bajo perfil a nivel mediático han convertido a este “gigante invisble” en una de las principales amenazas para la soberanía de los pueblos en todo el mundo y muy especialmente en el Cono Sur de América Latina”.

Violaciones a los Derechos Humanos

La vulneración de los derechos humanos en general y de los derechos ancestrales de los pueblos originarios en particular fue constatada por este tribunal.

Según la fiscalía de Monsanto: “Desalojos compulsivos, abusos policiales, apremios ilegales, asesinatos, entre otras violaciones han sido moneda común desde la aceleración de la expansión agrícola producida desde la irrupción de la soja transgénica y el paquete tecnológico asociado” forman parte de las estrategias de criminalización y represión que sufren las comunidades que se oponen a la desaparición de las formas tradicionales de producción campesina ante el avance de una agricultura sin agricultores.

La fiscalía popular de Alto Paraná, con el testimonio de los trabajadores del Sindicato de Papeleros de Alto Paraná y de la CTA local denunciaron las violaciones a los derechos laborales, y la represión que han sufrido por denunciarlas.

Se ha recordado también que Alto Paraná está controlada por la empresa de capitales chilenas Arauco, presidida por Angelini, responsable de la criminalización y represión del pueblo mapuche.

Se ha denunciado a las empresas transnacionales, como cómplices de los gobiernos nacionales en la respuesta militarizada a la protesta social, y en el control estratégico de las poblaciones. La militarización, es parte de la política desarrollada por los gobiernos en la Triple Frontera. Los controles de población en las fronteras, las leyes antiterroristas, las bases y operativos militares, forman parte de este dispositivo.

Responsabilidades

Este tribunal ha podido constatar que las formas de operar de las empresas transnacionales no podrían ser posibles sin la complicidad y garantía de los gobiernos, de los parlamentos, del sistema de justicia, de los grandes medios de comunicación, y de algunas universidades públicas; por lo tanto, denuncia las siguientes responsabilidades de esas instancias de poder:

- Los gobiernos de los países que han estado presentes: Argentina, Brasil y Paraguay, son responsables de la profundización de este sistema capitalista, que ha favorecido en la etapa actual el “desarrollo” de un modelo extractivista, reprimarizador de la economía, abriendo las puertas y favoreciendo la presencia de las transnacionales en nuestros países, y otorgando a las mismas garantías para el despojo. Hay una política de estado y una voluntad política que construyen este sistema, que lo sostienen y profundizan.

- La connivencia entre los poderes políticos y las empresas transnacionales se puede observar en que las autoridades gubernamentales no realizan serios estudios de impacto ambiental respecto de los emprendimientos productivos y de infraestructura de las transnacionales, aceptando las declaraciones que al respecto hacen las propias corporaciones.

- Otra clara responsabilidad de los poderes políticos defendiendo los intereses de las corporaciones se pudo observar en el mecanismo implementado en la Argentina para autorizar los cultivos transgénicos. Gracias al lobby de las transnacionales, sobre todo de Monsanto, en 1996 el entonces Secretario de Agricultura de la Nación, Felipe Solá, firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato, sin que el estado argentino realizara investigaciones propias en torno al impacto ambiental y sobre poblaciones humanas, y tomando como propios los informes presentados por la empresa Monsanto, que era la parte interesada.

- Las grandes corporaciones influyen cada vez más en la redacción de las leyes referidas a propiedad intelectual, tanto nacionales como en acuerdos y tratados internacionales y en las leyes sobre bioseguridad, demostrando de este modo el gran poder e influencia que tiene en las decisiones políticas de nuestros países en relación a la legislación que defienda su accionar o en ignorancia de leyes que protegen los derechos de las comunidades y atentan contra los intereses empresariales.

- La complicidad de los estados con las grandes corporaciones dedicadas a los agronegocios ha quedado de manifiesto a través de las denuncias presentadas por la fiscalía de Monsanto, que ha expresado que el gobierno nacional no ha puesto en práctica mecanismos que permitan proteger a las familias campesinas e indígenas ante las fumigaciones indiscriminadas, la contaminación de sus fuentes de agua y la afectación de sus cultivos. Por el contrario, el aparato estatal sostiene el avance del modelo sojero con la represión y la criminalización de las organizaciones que intentan resistir la expansión de monocultivos transgénicos, en manos de Monsanto y otros gigantes semilleras.

- Esas comunidades se encuentran cada vez más encerradas por explotaciones que emplean sustancias tóxicas, “sin que exista hasta el momento (expresa esa fiscalía) un diagnóstico oficial respecto del impacto en la salud de las personas que se encuentran expuestas a dichas sustancias, ni estudios responsables estatales sobre el estado de los cursos hídricos de los que se proveen buena parte de estas familias; ni con relación al impacto de esta forma de producción en la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas e indígenas colindantes”.

- La complicidad de algunas universidades públicas con las empresas transnacionales se constata en el comportamiento que desempeñan las primeras, en relación a ocultar, tergiversar o producir conocimiento científico o informes técnicos que favorecen a las empresas, manipulando, en muchas ocasiones, los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental en sentido favorable a los intereses transnacionales. Denuncia la Fiscalía popular de Alto Paraná que “aquí aparece otra pata con relación a las responsabilidades: La Universidad Nacional de Misiones. Una institución que enseña a plantar pinos y a utilizar agrotóxicos. La carrera de Ingeniería Forestal, que se dicta en la Facultad de Ciencias Forestales de la Unam, en una de sus materias, enseña el uso, aplicación y cuidado que hay que tener con el uso del glifosato en las plantaciones de pino. Y es así que la mayoría de los Ingenieros Forestales egresados de esta unidad académica, terminan coordinando, dirigiendo y planificando las plantaciones de pino, con agrotóxicos. Apenas un pequeñísimo sector de los Ingenieros Forestales egresados salen preocupados por la salud de su comunidad y la conservación del medio ambiente. Al igual que investigadores de otras disciplinas”.

- Este tribunal ha constatado que este mecanismo genera un proceso de colonización de la producción de conocimientos científicos por parte de intereses privados, muchas veces transnacionales. Merece destacarse como ejemplo, el premio “Animarse a emprender”, convocado, en 2006, por Monsanto Argentina y el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), que tuvo como objetivo premiar el mejor proyecto tecnológico en el área de cultivos nativos de importancia regional para el país. Otro ejemplo presentado en este juicio se refiere a los convenios que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora tiene con la transnacional Monsanto para realizar investigaciones científicas solicitadas por la empresa en la Facultad de Ciencias Agrarias. El compromiso de la Universidad asumido en la firma del convenio es, según datos aportados por la fiscalía de esta transnacional, “no  copiar, comunicar, distribuir, diseminar, exponer o, de cualquier otro modo, revelar la información confidencial” que resulte de los estudios y proyectos de investigación que realiza para Monsanto. Se obliga, además –según señala expresamente el convenio, a realizar trabajos de asesoría y consultoría, investigación y desarrollo y a mucho más: “colaborar en la ejecución de trabajos de Tesis de Grado o Posgrado por alumnos de la Facultad en temas de interés para ambas partes”. Este convenio demuestra claramente la forma en que los contenidos y objetivos académicos se ponen al servicio de los intereses de las corporaciones.

- Este tribunal ha podido constatar, en estos casos, la complicidad del gobierno provincial de Misiones,  y del Obispado local. Luego del desplazamiento del Obispo Piña, el obispo actual, Marcelo Martorel, se alió a Alto Paraná y al gobernador Cross, quienes financian la Universidad Católica de Iguazú.

- Este tribunal ha podido constatar la complicidad de los medios masivos de comunicación con las empresas, observable en los mensajes trasmitidos en relación a los beneficios que traerán los proyectos empresariales, entre ellos la generación de empleo y el aporte a la producción de alimentos, ocultando los impactos negativos que estos proyectos han traído en otros territorios del país y del mundo y/o en los propios territorios donde ya está en marcha el modelo de agricultura industrial.

En el caso paraguayo, la fiscalía de Monsanto ha denunciado que “los dueños de las grandes cadenas mediáticas del país poseen parte de sus inversiones en explotaciones agrogranaderas y se encuentran estrechamente vinculados a las corporaciones sojeras del país. Sobre todo el Diario ABC Color, el de mayor tirada y el que marca la agenda mediática de las radios y canales televisivos, ha venido desarrollando una campaña directa de promoción del agronegocio y los transgénicos, distorsionado las informaciones al respecto; y ha venido estigmatizando a las organizaciones populares, en especial al movimiento campesino, ridiculizando las denuncias respecto de las intoxicaciones y demás impactos del modelo sojero en el campo paraguayo”.

Estrategias empresariales

Este tribunal ha verificado la ejecución de las siguientes estrategias empresariales implementadas con el objetivo de maximizar sus ganancias y profundizar el modelo neoextractivista imperante:

- La estrategia que se conoce como “puertas giratorias”, que implica que altos funcionarios de la administración del estado pasan a ocupar cargos importantes en las empresas y viceversa, lo que les otorga la posibilidad de conocer y de influir en las decisiones gubernamentales. La fiscalía popular de Monsanto ha manifestado que ex empleados de la empresa ocupan en la actualidad cargos en organismos de gobierno en los Estados Unidos, como la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental y la Corte Suprema de Justicia.

- El pago de sobornos a funcionarios públicos con el fin de ocultar información y/o evitar la realización de serias evaluaciones de impacto ambiental y social de sus emprendimientos y sus métodos de producción y comercialización. Tomamos el ejemplo de la transnacional Monsanto, aportado por la fiscalía popular, que pagó una multa de 1.5 millones de dólares por sobornar a un funcionario indonesio para evitar la evaluación del impacto ambiental del algodón genéticamente modificado en sus laboratorios.

- El ocultamiento de información, como ocurrió con Monsanto en relación a las consecuencias negativas que sobre la salud trae el PCB ((bifenilos policlorados), aceite químico aislante que se utiliza en los transformadores eléctricos, que fue el producto estrella de la empresa por más de cincuenta años, a pesar de haberse demostrado que es causante de hepatitis, cáncer y diabetes. Lo mismo ocurrió en relación al agente naranja, utilizado para arrasar aldeas y cultivos, despejar los bosques y facilitar los bombardeos a la población durante la guerra de Vietnam, cuya utilización trajo como consecuencia la muerte de 400.000 vietnamitas y 500.000 nacimientos de niño/as con malformaciones, además de bajas en el propio ejército norteamericano.

- La publicidad engañosa, como en el caso del glifosato, presentado por Monsanto como un producto biodegradable e inocuo para la salud. Numerosas investigaciones demostraron que no es así, razón por la cual la corporación enfrentó procesos judiciales en Estados Unidos y en Francia.

- La Responsabilidad Social Empresaria (RSE), a través de la cual implementan proyectos y programas comunitarios que les permiten realizar un “lavado verde” de su imagen y desarrollar políticas de cooptación y asistencialismo respecto de las poblaciones afectadas por su modelo productivo. En este sentido este tribunal destaca el accionar de Cargill, que declara que su objetivo es “proveer oportunidades para la nutrición y el desarrollo de la población” y “contribuir a elevar los niveles de vida en todo el mundo, brindando mayor valor a los productores y consumidores”, cuando la realidad concreta demuestra todo lo contrario: su contribución a la mercantilización de la naturaleza y de la vida, generando la pérdida de posibilidades reales de desarrollo de la cultura productiva campesina, que es la que ha alimentado al mundo desde siempre.

- Estas empresas poseen fundaciones que realizan donaciones a instituciones públicas y asociaciones civiles, con el propósito de lograr la “licencia social” necesaria para operar en los territorios. Durante este juicio se ha constatado el accionar de la Fundación Cargill, que publicita una larga lista de “acciones comunitarias” en escuelas, comunidades, instituciones de bien publico, bomberos voluntarios, etc., en muchas de las cuales se ven involucrados los propios empleados de la empresa; y los programas de la transnacional Monsanto “Semillero de futuro” y “Max Solidario” en la Argentina, cuyo objetivos pueden apreciarse en las palabras de quien maneja el Área de Responsabilidad de la Compañía: “devolvemos algo de lo que nos dan las comunidades donde vivimos y trabajamos a través de destinar un millón de pesos para financiar proyectos sociales en las pequeñas comunidades rurales del interior del país que muchas veces quedan relegadas”, “Monsanto selecciona proyectos sociales y productivos en tres ámbitos: salud y nutrición, medio ambiente y educación para financiarlos y contribuir al desarrollo de las comunidades del interior del país”.

La fiscalía popular de Monsanto aportó datos sobre estos proyectos relacionados con la RSE de la empresa en Paraguay. Explicó que la firma “amplió su radio de implementación hacia el Paraguay, bajo el supuesto de crear valor y fortalecer el desarrollo de pequeños emprendimientos en zonas rurales y semirurales, fomentando el financiamiento compartido y desestimando el asistencialismo. Monsanto Paraguay, junto a la Fundación Moisés Bertoni, desarrollan un proyecto de Escuela Agroforestal Autosostenible en el departamento de Canindeyu en el área de la reserva privada del bosque Mbaracayu, (…) que presenta flora y fauna incomparable con otras reservas, contiene bosque primario sin alteración alguna, con aproximadamente 48% de todas las especies de mamíferos y 63% de las especies de aves que habitan en el este del país”. Las inversiones que realiza la empresa en la reserva, destinadas a equipamiento, construcción de escuelas y centros de salud y la compra de tierras se realizan sin la participación de las comunidades indígenas Aché, que se encuentran en una encrucijada ante el avance de la producción agrícola mecanizada y el desalojo de sus ancestrales dominio del Mbaracayu, según datos presentados por la misma fiscalía, violando de esta manera los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

- la criminalización y judicialización de la protesta social, la represión y las amenazas ejercidas sobre las poblaciones que se niegan a la implementación y/o avance de los proyectos empresariales. Es la respuesta empresarial, con el apoyo y la complicidad de los organismos estatales al surgimiento de resistencias populares por parte de asambleas y foros socioambientales, comunidades de pueblos originarios y poblaciones afectadas, que han implementado diversas formas de lucha contra el avance de las corporaciones transnacionales, como bloqueo del ingreso de las empresas a sus territorios, paralización de sus actividades, cortes de ruta, denuncias públicas y judiciales por casos de contaminación probada o probable, entre otras. Ponemos como ejemplo, las campañas de persecución a agricultores por guardar semillas que realiza la semillera Monsanto y el inicio de causas judiciales a agricultore/as por parte de la misma empresa acusándolos de no pagar los derechos de patentes de sus semillas.

Corporaciones como Monsanto implementan mecanismos para obligar a los agricultore/as a utilizar sus semillas, como pueden ser los contratos de tecnología, mencionados por la fiscalía de esa corporación, que forman parte de las obligaciones que tiene el productor al comprar las semillas genéticamente modificadas, como utilizar esas semillas para una sola siembra comercial, sin reservar ninguna parte de la cosecha para volver a sembrar; no facilitar esa tecnología a ninguna persona o entidad; vender toda la cosecha a un comprador autorizado por Monsanto; no usar ni permitir a otros el uso de las semillas que contengan la tecnología patentada por la empresa para crianza de plantas, investigación, generación de datos para el registro de herbicidas o producción de semillas; usar solamente el herbicida Roundup. A través de estos contratos, los productores están autorizados a sembrar la semilla pero la empresa se reserva la propiedad tanto del gen como de la tecnología utilizada para la manipulación del mismo. Además, en caso de que el productor no cumpla el contrato están previstas severas sanciones, a lo que se agrega el derecho de la empresa a investigar hasta el estado de las cuentas de sus clientes, así como a inspeccionar sus campos antes la menor sospecha de incumplimiento. Las formas ilegales que utiliza la empresa para hacer cumplir esos contratos quedaron de manifiesto en este juicio, entre las que se mencionaron la contratación de servicios de agencias de detectives para que controlen a los productores y el fomento de la delación o denuncia entre vecinos.

-Acompañando a estas estrategias, se viene implementando la militarización de los territorios en conflicto. En estas estrategias represivas participan tanto fuerzas de seguridad públicas como privadas, demostrando nuevamente la complicidad de los poderes políticos en la defensa de los intereses empresariales, al poner al servicio de esos intereses las fuerzas de seguridad públicas que deberían proteger los derechos de las poblaciones a una vida digna.

Recomendaciones y propuestas

Con estas denuncias como guía, este tribunal propone

-Trabajar en la creación de una instancia judicial popular, ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, que actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial.

-Demandar a los gobiernos nacionales, y a los gobiernos provinciales, que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados; que aseguren la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los derechos humanos, y que rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos.

-Suspender los megaproyectos de desarrollo de monocultivos, de agronegocios, de grandes represas, de hidrovías, caminos y puertos de la Iniciativa IIRSA, hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.

-Solicitar la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios, que no repetan las normas internacionales que defienden sus derechos, que fueron ratificadas en nuestro país.

- Demandar a los poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema judicial a llevar a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades; que permitan respetar el principio del consentimiento libre, previo e informado de los actores sociales en general y de los pueblos indígenas en particular, así como el principio precautorio, cuando se intenten proyectar inversiones de capitales y políticas de desarrollo que puedan producir efectos negativos sobre el territorio y los derechos de las poblaciones;

A su vez, este tribunal resuelve:

-Denunciar y condenar ante la opinión pública como antiético y violatorio de los derechos humanos, al sistema capitalista, racista, patriarcal, y a este modelo productivo neoextractivista y productivo que impera en nuestra sociedad y que tiene en las empresas transnacionales y  a los gobiernos –nacionales y provinciales- a sus principales protagonistas.

-Denunciar y condenar ante la opinión pública las formas de operar de las empresas transnacionales, ya que las enjuiciadas en esta audiencia se consideran una muestra representativa de la conducta de muchas otras presentes en este y otros territorios.

-Denunciar y condenar ante la opinión pública la complicidad de los poderes políticos en todos sus niveles, de los medios masivos de comunicación y de algunas universidades públicas, con las formas de operar de las corporaciones transnacionales, que generan graves impactos en la calidad de vida de numerosas comunidades y las privan de los recursos básicos necesarios para una vida digna. Las autoridades políticas tienen, a su vez, la responsabilidad por la omisión de medidas a su alcance que podrían modificar la situación actual. Las políticas implementadas desde los estados, como establecer marcos legales e institucionales favorables a las empresas y omitir la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las poblaciones, incrementan el poder de las empresas transnacionales y refuerzan su impunidad, de tal manera que los gobiernos se convierten en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que esas empresas cometen. Además, en muchas ocasiones, esos marcos legales e institucionales hacen jurídicamente imposible para las víctimas prevenir e impedir esas violaciones y obtener una reparación por sus consecuencias.

-Incentivar a las comunidades, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afectadas, a los trabajadores y trabajadoras, a profundizar la organización, a resistir, a movilizar, en defensa de los derechos humanos y ancestrales, por la autodeterminación y la soberanía popular, y en resguardo de sus territorios, su cultura, su identidad y sus formas de vida, contra la mercantilización de la vida que implica el modelo neoextractivista que se profundiza en nuestro país.

Conforme a estos enunciados el Tribunal del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales desarrollada en la Triple Frontera propone que, a partir del crecimiento de la movilización popular, se creen las condiciones para que las corporaciones sean expulsadas de los territorios y sean obligadas a la restitución-remediación del ecosistema tal como lo encontraron al momento de iniciar su explotación.

Al concluir la audiencia de este Juicio Etico a las Transnacionales en la Triple Frontera, las y los participantes, integrantes de movimientos populares, de organizaciones de derechos humanos, investigadores/as, nos declaramos en estado de movilización, de unidad, de encuentro, de solidaridad, para borrar las fronteras entre nuestras resistencias a las políticas de recolonización del continente, para levantar una voz unánime en Nuestramérica en defensa de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar, el respeto a nuestras identidades y formas de organización y de vida, de nuestros derechos como hombres y mujeres, y los derechos de las generaciones venideras, los derechos de la naturaleza, y en definitiva un grito contra las políticas de saqueo, destrucción y muerte, un grito y muchas acciones por la vida, por la libertad, por la plena emancipación. Exigimos una Reforma Agraria Integral, con participación de entidades organizadas de pequeños productores. Afirmamos que las transnacionales no pueden comprar nuestras voluntades, ni nuestra decisión de vivir con dignidad, y no podrán robar nuestra esperanza, ni nuestra capacidad de lucha. Seguiremos creando alternativas propias de producción y de consumo, impulsando la realización de modelos sustentables, y luchando para terminar con el capitalismo, el patriarcado y el racismo, y todas sus opresiones. Seguiremos en solidaridad con quienes luchan por estas mismas causas en toda América Latina y el mundo, unificando fuerzas en la acción común. Manteniendo nuestros sueños y nuestras convicciones, nuestra capacidad de crear en la resistencia, y de creer en los pueblos.

“Sólo en la lucha se espera con ESPERANZA”.

Wanda, 1 de octubre, 2011

Audio Claudia Korol, Audiencia de la Triple Frontera

Audio del Dictamen del Juicio Ético

Audio del primer día (Mañana) del Juicio Ético: Caso Minera Alumbrera

Audio del primer día (tarde) del Juicio Ético: Caso Minera Agua Rica

Audio del segundo día (Mañana) del Juicio Ético: Caso Barrick Gold

Audio del segundo día (Tarde) del Juicio Ético: Caso Monsanto

Audio del segundo día (Tarde) del Juicio Ético: Caso Repsol YPF

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